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Entrevistas herrerismo | Gobierno |

Entrevista al secretario general de Fancap

Manuel Colina: «Los herreristas nunca quisieron a Ancap»

Cuando en 1931 el batllismo propuso la creación de Ancap, el herrerismo y los colorados riveristas estaban en oposición absoluta a que el Estado gestionara recursos que podrían hacer los privados.

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Manuel Colina tiene 37 años, hace 10 años es funcionario del ente, se desempeña en el área de mantenimiento edilicio de Ancap; antes estuvo en La Tablada, es secretario general del sindicato desde el 1º de setiembre del año pasado, le faltan dos materias para recibirse de arquitecto y se declara “rabioso pero crítico hincha de Nacional”. En esta entrevista habla sobre el proyecto de asociación de Cementos del Plata con privados y asegura que esto ocurre “porque el herrerismo siempre ha sido enemigo de Ancap”.

¿Por qué se oponen a la asociación de Cementos del Plata con privados?

No es de ahora, es una reivindicación que planteamos desde hace muchos años. La privatización de la industria cementera se propone no solo en este gobierno, sino también en el anterior y para nosotros es un error grave.

Tiene que ver con dos aspectos: primero con el trabajo que se genera dada la incidencia que tiene Ancap y cuál es su rol en el desarrollo productivo del país. Parte de su rol es generar trabajo allí donde los privados no llegan, en un país pequeño con muchas capacidades, pero con mercados poco atractivos para algunos desarrollos. El Estado tiene la obligación de llegar a todos los lugares con trabajo de calidad.

Por otro lado es un tema de soberanía. Ancap es la empresa pública que más caja genera por año, casi 4.000 millones de dólares. Su sector más fuerte depende del petróleo, una materia prima que debemos importar.

Pero también tiene bajo su órbita la gestión de los alcoholes, el biodiesel y el etanol, y el portland, que es más que el cemento, también la piedra caliza. Porque la producción tanto de alcohol como de cemento se hace con materia prima autóctona.

Gran parte de Uruguay se encuentra sobre un manto de piedra caliza, que es la de mejor calidad en una amplia región que va desde el sur de Brasil al norte argentino. Tenemos ese enorme recurso que es del Estado.

Hay que tener claro que los usos de la caliza no terminan en el portland. Por ejemplo las calizas que están sobre el Queguay y se usan para producir clinker tienen capacidades de resistencia químicas y físicas a la erosión, mejor que la mayoría de la región.

Pero además las que tenemos en Minas y Treinta Tres no solo sirven para producir buen cemento, sino también para generar material para el enriquecimiento de la tierra, que es un problema que acarrean nuestros países. Ambientalmente hay una diferencia muy grande entre enriquecer la tierra con agentes químicos que hacerlo con calizas.

Con el gobierno del Frente Amplio tuvimos discusiones similares que no llegaron a la situación que tenemos hoy porque hubo una decisión de mantener la industria en la órbita estatal. Más allá de las dificultades que se hubieran subsanado con cierta inversión pública que no se hizo.

Este gobierno tiene una visión completamente diferente, que nosotros creemos ideológica. Cuando en 1931 el batllismo propuso la creación de Ancap, el herrerismo y los colorados riveristas estaban en oposición absoluta a que el Estado gestionara recursos que podrían hacer los privados. Hoy, casi 100 años después, nos enfrentamos a la misma situación con un gobierno herrerista.

Una situación que nos ha llamado la atención es ver al presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, muy involucrado defendiendo esta propuesta, pero no vemos al gobierno con el mismo énfasis. ¿Usted tienen esa visión?

Sí y creemos que eso ocurre porque estamos en tiempos electorales. El presidente de Ancap tiene una impronta muy personal. Ocurrió con la reforma del mercado del supergás, aun cuando se le advirtió que pasaría lo que efectivamente ocurrió, hubo despidos masivos en las dos empresas privadas. Igual él siguió adelante.

Ahora está embanderado con la privatización del portland. Vale decir que los votos que tuvo en el directorio fueron, además del suyo, los de los otros dos directores del Partido Nacional. Pero vemos su particular interés en estar detrás de este proceso.

Aunque más allá del embanderamiento de Stipanicic, este proceso está enmarcado en un plan general de todo el gobierno, como lo vemos en UTE, OSE, Antel, en un intento de achicar el Estado.

Otro dato curioso en la propuesta de asociación es que, sea cual sea el porcentaje de los privados, en el directorio tendrán cuatro votos y Ancap solo uno, con lo que dirigirán absolutamente la gestión. ¿Eso no es repetir la fallida experiencia con Loma Negra?

En el primer borrador que nos hicieron llegar, la propuesta de asociación era 51% privados, 49% Ancap. Hoy los pliegos son públicos, están en la página de Compras Estatales y cualquiera los puede leer. Allí lo que se plantea es, en el mejor de los casos, una asociación en la que Ancap tendría entre el 10% y el 30% de las acciones.

Con ese dato se cae uno de los argumentos del presidente de Ancap, quien ha dicho: “Estamos buscando un socio para el portland y le vamos a poner condiciones”. Yo me pregunto: ¿qué condiciones le va a poner a un socio que tiene 4/5 partes del directorio?

Este es un camino equivocado porque lo que hará el actual directorio es desprenderse del control y la gestión de un recurso natural.

Pamacor, la empresa del grupo Ancap que gestiona los permisos mineros y los yacimientos de piedra caliza, ¿entra en este negocio?

Por lo que dice el pliego si entra. Entraría para generar asociaciones puntuales en la planta de Paysandú y para la venta del mercado externo.

Está claro que Cementos del Plata enfrenta una fuerte competencia de Cemento Artigas y del nuevo operador, Cielo Azul. ¿Cuál podría ser el interés de privados en asociarse a Ancap en un mercado tan competitivo?

A propósito nosotros tenemos especulaciones. Ancap tiene competencia en el mercado del portland porque la han permitido. Cementos del Plata no ha tenido una política agresiva de ventas, no ha cubierto todas las necesidades del mercado interno. Por ejemplo, no ha incursionado en la fabricación de hormigón premoldeado que se vende a las obras en camiones mezcladores. Se ha quedado solo con la venta a granel. En algunos puntos del país es muy dificil conseguir una bolsa de portland Ancap.

Pese a todas esas dificultades, sigue teniendo el 38% del mercado, porque la gente sabe de su calidad.

Pero además tiene competencia porque no se hicieron las inversiones necesarias. Si el gobierno anterior o el actual hubieran instalado el horno que compraron para Paysandú, los costos de producción se hubieran reducido a la mitad y los volúmenes de producción se habrían triplicado.

En Uruguay es atractivo vender portland porque se vende caro. Porque el precio al que vende Ancap coloca el nivel de precios mucho más arriba de lo que debería estar.

Con ese horno instalado, la reducción de precios sería brutal y Ancap recuperaría un mercado que le pertenece. Otros jugadores del mercado aprovechan esa situación para crecer.

El proyecto de asociación no asegura las fuentes de trabajo, lo dice expresamente. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy Cementos del Plata?

Toda la industria del portland emplea entre 550 y 600 personas. La mitad son funcionarios públicos, la otra mitad son contratados como empresa tercerizada. En cualquiera de los dos casos las fuentes de trabajo están en riesgo. El único punto del pliego de licitación que menciona a los trabajadores es para hacer algo que la propia OIT expresa que no se puede hacer, es decir, mercantilizar la fuerza laboral. Porque cuenta a cada trabajador con un costo de 40.000 dólares al año, como dato para que los ofertantes lo tomen o lo dejen.

El pliego dice que se dará opción a los privados para tomar algún personal que entiendan necesario. Pero no se garantizan los puestos de trabajo.

Esto significa que los contratados quedarán fuera. Es lo que estamos viendo con el supergás. Quedaron fuera los que estaban agremiados, los que adquirieron enfermedades propias del trabajo y los que estaban cerca de jubilarse.

En el caso de los funcionarios públicos no cambia mucho, porque aunque se sostenga que conservan su trabajo, no es así. Si no tiene función, pasa a una bolsa de disponibilidad que a los dos años vence y queda sin trabajo, sin ningún derecho a reparación.

Si fuéramos más optimistas y Ancap redistribuyera a los funcionarios públicos, ¿a dónde los va a mandar? En Minas no hay otro espacio. Si vivo allí, mis hijos van a la escuela en esa ciudad, toda mi familia vive en el lugar. Si me mandan a Montevideo, tengo dos opciones; o viajo todos los días o debo desarraigar a toda la familia. Lo mismo pasa en Paysandú, donde además hay un problema de desocupación grave.

La propuesta del directorio revela un desprecio muy grande por el capital humano.

La propuesta de asociación menciona la obsolescencia de las plantas. ¿Es tan así?

La de Paysandú esobsoleta. En Minas se cambió el horno durante el segundo gobierno del FA y se acomodaron los molinos.

En Paysandú el horno es muy viejo, aunque sigue produciendo. Para allí está comprada toda la línea de producción, no solo el horno, que incorpora moderna tecnología para tratamiento de residuos.

Toda esa línea está allí en 120 contenedores. Una fábrica nueva que le costó a Ancap 53 millones de dólares y que costaría 35 millones instalarlo. El gobierno pasado decidió no hacerlo y este tampoco.

La empresa brasileña Votorantim es la dueña de Loma Negra, por lo tanto, socia de Ancap. Pero también es socia de Cemento Artigas. ¿No hay intereses cruzados ahí?

Sí. Nosotros vemos que en la región hay un gran operador multinacional llamado Votorantim, que pretende tener el control total de los yacimientos de piedra caliza.

Entendemos que los diferentes operadores que están rondando el negocio de Cementos del Plata, terminan siendo operadores del gigantesco oligopolio llamado Votorantim.

El gobierno ha favorecido a esta empresa y a Cielo Azul con importantes exoneraciones impositivas, que Ancap no tiene.

¿Hay un proyecto de desmantelamiento de Ancap?

Hace años lo venimos denunciando. Pero hay un proyecto más grande que viene desde la historia. Antes de que existiera Ancap, cuatro familias controlaban la importación de petróleo. El batllismo terminó con eso.

Pero el herrerismo siempre ha sido enemigo de Ancap. Con este gobierno perdimos muchas conquistas. Por ejemplo, el abastecimiento fluvial al litoral con un buque tanque.

También se pretendió quitar la marca Ancap de los aeropuertos en beneficio de privados. El sindicato logró impedirlo.

Ahora pretenden asociar el portland. Nosotros insistimos con que este proceso es inconstitucional porque necesita 3/5 de aprobación parlamentaria.

La derecha aprendió que las empresas públicas son muy valoradas por la ciudadanía. Perdieron con amplitud cada vez que quisieron hacerlo de un plumazo. Por eso ahora van por partes.

El período de Raúl Sendic (h) al frente de Ancap ha sido duramente cuestionado por propios y ajenos. ¿Cuál es su opinión?

Tuvo aciertos y desaciertos. Nosotros no defendemos malas gestiones. Estuvimos en contra de muchas de las cosas que se hicieron en ese período, sobre todo por las consecuencias que trajo.

A partir de 2015 hasta ahora, Ancap pasó por un proceso de desprestigio tan grande que era vergonzante reconocer que eras funcionario. Era una falacia sostener que alguien se robó los 800 millones.

En ese período hubo cosas interesantes y otras no tanto. Pero el costo que se le hizo pagar a Sendic también lo está pagando Ancap todavía. Porque si se hubieran hecho las inversiones necesarias, hoy no estaríamos en este problema, la industria estaría de pie y nosotros tendríamos mejores condiciones para defender una empresa pública.

También hay que decir que en reuniones con el presidente del Frente Amplio, esa fuerza asume con autocrítica que con el portland no se hizo lo que se debía.

Nosotros fuimos muy críticos con Marta Jara y nos enfrentamos en varias oportunidades al gobierno frenteamplista, tanto que dos veces nos decretaron la esencialidad.

Pero también es cierto que nunca nos cerró la industria cementera como pretende hacer este gobierno.

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