Uruguay y el imperceptible delito de los poderosos

Especializada en problemas de delito organizado, mercados de drogas, violencia y desarrollo urbano, viene impulsando junto a otros colegas la compresión de los delitos de cuello blanco, o de los poderosos, en Uruguay.

En el conversatorio sobre lavado de activos organizado por Siembra en el aula Magna de la Facultad de Psicología, la Dra. Clara Musto empezaba diciendo: “En el año 2019, la encuesta global de drogas le preguntó a 15 mil consumidores de cocaína de todo el mundo qué era más rápido: si recibir un gramo de cocaína o una pizza donde vivían.

El 30 % respondió que le podían entregar cocaína en 30 minutos o menos, en comparación con el 16 % que podía recibir una pizza en la misma cantidad de tiempo.

Según la Organización de Estados Americanos, Uruguay está entre los países de mayor percepción de facilidad de acceso a la cocaína en el continente.

El ejemplo fue acompañado por otros números de lo que ocurre en nuestro país, que son la expresión de un poderoso mercado ilegal.

"Uruguay es el país con mayor prevalencia de su consumo entre menores de edad y el tercero entre mayores de edad; 10.692 personas de entre 15 y 65 años admiten oficialmente que han consumido cocaína en el último mes en Uruguay, el consumo es por supuesto mayor entre algunos grupos: los varones, los jóvenes y los montevideanos".

También dentro de las cárceles la percepción de facilidad de acceso a drogas es generalizada, por citar un estudio de la Junta Nacional de Drogas realizado en el 2018. Por ejemplo, el 68 % de los varones privados de libertad de Uruguay declaraba saber que circulaban drogas dentro de la cárcel. Estos números son apenas algunos ejemplos que ilustran el nivel de complejidad y sofisticación de una economía ilegal como esta, la cantidad de actores y roles implicados en un proceso que se inicia con la cosecha de una planta de coca en Bolivia, Perú o Colombia, se procesa químicamente y se distribuye a través del continente para lograr que para muchas personas alrededor del mundo sea más rápido y fácil recibir cocaína que una pizza. Todos quienes se involucran en esta economía ilegal tienen en común un interés: hacer dinero.

Empecemos por hablar de ese concepto de delitos de los poderosos, diferenciado de los delitos de la pobreza.

Los denomino “delitos de los poderosos”, porque a veces hay personas que por su lugar tienen relativo poder sin ser necesariamente ricos; un funcionario policial que abusa de sus funciones no es que necesariamente pertenezca a la clase alta, pero sí hace como abuso de su posición de poder. Pero la clase social es un eje que es súper relevante para comprender cómo cada clase social tiene sus propios delitos. Por su parte, cómo se ejecutan varía sensiblemente según los recursos que uno tenga, y es muy importante para entender qué ocurre con las personas que cometen delitos, por la capacidad que tienen para pagarse un buen abogado, encubrir su propio delito y eventualmente pagar fianza, conseguir medidas alternativas a la privación de libertad.

¿Cómo en el caso Balcedo?

La esposa de Balcedo está recluida con prisión domiciliaria en un lugar que es como un hotel de lujo. Pero también la impunidad y las reacciones más sociales: o sea, la reacción social ante el delito es bien diferente cuando lo hace alguien sin recursos que cuando lo hace una persona teóricamente “de bien”. Y, muchas veces, esa división de la gente de bien y la gente que daña a la sociedad, se maneja mucho a nivel del discurso político y en el imaginario público, pero claramente no tiene un correlato con la realidad. Lamentablemente la realidad no deja trazar líneas tan claras entre unos y otros.

Vos en un conversatorio ponías como ejemplo el delincuente que carga con la metralleta y el que carga con el portafolio. Háblame de este último y la baja percepción de riesgo por parte del sistema político.

Lo de la percepción de riesgo es una manera, si se quiere, bastante benigna de poner el problema. Hay algunas visiones y algunos análisis que en realidad a lo que apuntan es a que, así como no es tan fácil diferenciar a quienes cometen delitos de quienes no, la economía legal de la economía ilegal, el mundo legal del mundo ilegal, hay que entender que se necesitan mutuamente y uno se alimenta del otro.

Nosotros tenemos una democracia donde el financiamiento para las campañas públicas, las campañas políticas electorales, fue un elemento muy importante para los partidos políticos, para poner poder posicionarse y poder posicionar candidatos, y las fuentes no las conocemos. Si bien hay alguna fuente de financiamiento público, después hay mucho que es necesario financiar, y además no existen controles, o los controles están expresamente hechos para garantizar el anonimato de quienes financian.

Las campañas públicas y políticas constituyen un sistema legal que alimenta y fomenta la ilegalidad. En este caso, no sólo le da todas las herramientas para operar libremente, sino que además los políticos necesitan del dinero y así se pueden mencionar muchos ejemplos, en todos los estamentos y en todos los niveles, en toda la industria del ocio que existe.

Hay quienes dicen que de entrarle a fondo al lavado de activos, se puede perder una de las fuentes de dinamizador de la economía.

Yo creo que el problema es que las mismas personas son jueces y son contrapartes; o sea, los que tienen que perseguir estos delitos son los mismos que se ven favorecidos porque esos delitos existan; fijémonos en la policía y cuánto de financiamiento ha obtenido por decomisar las casas, el dinero o los bienes a los narcotraficantes. Incluso el ministro Heber tomó la decisión de usar como su auto oficial un auto que le había este incautado a un narcotraficante.

Entonces vos ahí tenés toda una serie de intereses creados que hacen que el propio sistema legal necesite de ese sistema ilegal.

¿Cuánto pesan en la gestión del combate a los delitos de los poderosos las definiciones ideológicas?

Creo que hay muchos ejemplos de que en mayor parte hay continuidades y no tantas diferencias en cómo se ha encarado el tema, porque me parece que la experiencia es más de clase social; no hay tantas diferencias entre algunos partidos políticos y otros.

Sí es difícil de ignorar que, al menos simbólicamente, ha habido una serie de decisiones que se han tomado en los últimos años más allá de tener un discurso. Creo que fue Álvaro Delgado diciendo que la represión al lavado de activos era una prioridad para este gobierno, pero, más allá del discurso, en lo que son medidas concretas, parece haber un retroceso.

Se puede debatir, pero los hechos y las observaciones apuntan ahí.

Lo mismo con la estrategia. Yo me acuerdo, a Diego (Sanjurjo), que es un colega al que le tengo buena estima y que nos hemos encontrado y conversado sobre estos temas en varias oportunidades -e incluso cuando tuvimos la reunión por la agenda de seguridad- le planteé directamente que no había ningún punto vinculado a la corrupción policial y este tipo de delitos.

Pienso que no ha habido un énfasis suficiente, por ejemplo, en la represión de la corrupción y de la corrupción policial durante los gobiernos del Frente Amplio, o en este gobierno, que no hay un mayor respaldo político a la División de Asuntos Internos, y se apuesta a la autonomía de la Policía para auto depurarse, como he escuchado decir a las autoridades del Ministerio de Interior y de la Policía.

Y eso por lo menos es ingenuo, y esa confianza ciega en que la propia Policía va a ser quién se auto depure es lo mismo que pensar que los políticos van a ser quienes se autorregulen y se vote una ley para controlar los fondos que los financian a ellos y a sus posibilidades de ser electos.

¿Eso es un problema cultural, es precaución política en ambos casos o ambas?

Hay un elemento también interesante para poner en perspectiva, que es este: el alto nivel de autonomía policial es algo bastante específico de América latina, y en particular del cono sur. Creo que es un fenómeno que en parte tuvo un punto de arraigo importante en el periodo dictatorial en Uruguay, en Argentina y en Chile.

Y en otros países de América Latina esa visión, ese empoderamiento de la Policía como un ente autónomo y diferente, y una decisión bastante ingenua de que la Policía y la política son cosas diferentes -que creo que no resiste el menor análisis- y que hay varios hechos de público conocimiento donde se ve una y otra vez que esta división, la independencia o esa autonomía no es tal.

Y ¿por qué no se le ha entrado más duro a eso?

La verdad que no sé. Ahí tendrías que preguntarle a los políticos, pero hay una cultura muy fuerte de establecer diferencias.

¿Qué recepción has encontrado en el mundo académico?

En Uruguay la criminología es un área bastante incipiente que no tiene muchos años, no hay muchas oportunidades de formación sobre el tema. Pero incluso también en el mundo la criminología se ha asociado fuertemente -incluso en Inglaterra, en Estados Unidos y en los países del norte de global, que son los que llevan la punta estudiando- al estudio del delito común, el delito de los pobres, el delito al cual es más fácil estudiar y acceder. Porque es también un dato innegable que es mucho más difícil investigar este tipo de delitos (lavado de activos), porque la privacidad es un privilegio de las clases altas, y también las posibilidades de esconder, incluso en esto, en la etiqueta de qué es lo que se declara un delito, o qué es un crimen y por qué no es un crimen todo.

¿Por qué algunos movimientos del sistema financiero, no son considerados un crimen en lo penal, como la evasión de impuestos ?

Se necesitan recursos para lograr investigar, acceder a material empírico, hacer las entrevistas; lograr los estudios es bastante más difícil, requiere más tiempo y más dinero.

Entonces también se ve esta esta división al interior de la ciencia criminológica, donde se necesitan más fondos, más personas y más programas para estudiar los delitos que obviamente son importantes y que también, digamos, son un problema: los delitos vinculados más al espacio público, los delitos de género.

En el mundo se viene desarrollando en los últimos años lo que se llama la “criminología verde”; es decir, todos los delitos vinculados al medio ambiente. Y no hay ningún motivo para no estudiar y generar todo un marco de represión y de prevención de los delitos vinculados a los daños del medio ambiente, pero en Uruguay no se menciona mucho.