Es peor la enmienda que el soneto

En el texto inicial de la nueva ley de medios se planteaba que una persona o empresa no podría ser titular de manera “total o parcial” de más de ocho licencias. Dentro de ese número se contabilizaban frecuencias radiales de AM y FM y televisión abierta. El nuevo acuerdo permitirá a una persona tener hasta cuatro frecuencias en Montevideo y seis en el interior del país, independientemente de si son licencias de radio o TV abierta.

En segundo lugar, se modifica el polémico artículo 48, que habilita a las empresas de televisión para abonados por cable a ofrecer servicios de banda ancha. Allí se establecía la obligatoriedad de que Antel fuera arrendataria de su infraestructura de fibra óptica para que las empresas privadas pudieran vender los servicios de internet. Ahora se acordó cambiar la redacción para extender a todas las empresas de telecomunicación, y no solo a Antel, la disposición de arrendar sus servicios de infraestructura a las señales de televisión por cable. La disposición no implica obligación y no se sabe cómo se establecerá el precio del arrendamiento de los servicios, que debería ser regulado por Ursec. Las empresas de televisión para abonados por cable podrán solicitar licencias para ofrecer internet.

En tercer lugar, se modificó el artículo 40 que refiere a la retransmisión de los canales de aire en las empresas de televisión por cable. La iniciativa original de la coalición obligaba a los canales de aire a dar su señal de forma gratuita. Ahora se dejará por fuera este punto para evitar que se tranque la negociación.

La pelea por un negocio decadente

El nuevo proyecto no se ocupa de regular internet donde están la mayoría de los negocios de comunicación, y si no están, irán pronto.
Los límites de propiedad se burlaban y se siguieron burlando. Extranjeros eran propietarios de medios y siguieron siéndolo.

La pelea se centra en el reparto por un negocio decadente en el cual la torta de la publicidad no solo se ha achicado, sino que además da menos jugo. El proyecto consolida una situación de hecho. En Uruguay hay alrededor de 418 emisoras de radio y TV.

Opina Fabián Cardozo, presidente de APU

El presidente de de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU, Pit-Cnt), Fabián Cardozo, dijo a Caras y Caretas que “esto es un retroceso importante. Recordó que APU, como parte de la coalición por una comunicación democrática, que integran varias organizaciones, no apoya la nueva ley que sigue favoreciendo la concentración, incluso ahora son más los medios que pueden tenerse que los que establecía el proyecto inicial, se pasa de ocho a diez. Indicó que no se habla de la extranjerización, que es otro problema. En el artículo vinculado a Antel se cambia el concepto de la obligatoriedad, pero seguramente, por decisiones políticas, se decidirá que Antel tenga que compartir su infraestructura. Por lo tanto es prácticamente lo mismo. Además hay cosas que no figuran en el nuevo acuerdo y nos preocupan, como la desaparición de todos los organismos de participación social, como la Chasca (Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual) y el Consejo Asesor de la Televisión Pública, que nunca funcionó, ni siquiera durante los gobiernos del FA. Este gobierno convocó a la Chasca y que la quieran sacar de la ley es una contradicción con la decisión de convocarla. Pero no sabemos si se mantiene. Y después, específicamente a los periodistas nos preocupa mucho el artículo de la objeción de conciencia, sobre el cual APU dispuso mucha energía. Es un artículo que plantea que un periodista no está obligado a acompañar con su firma o con su imagen una nota que haya sido modificada por sus jefes sin su consentimiento. Es algo que se ha aplicado y, curiosamente, fue sacado de la ley”, culminó Cardozo.

Posición de Sutel

El presidente de Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, dijo a Caras y Caretas que “nosotros, desde que asumió el nuevo gobierno, con el ingeniero Omar Paganini a cargo del Ministerio de Industria, vimos que hubo un claro ataque hacia Antel desde sus propias manifestaciones, diciendo que Antel había hecho aventuras, y que Antel se iba a dedicar a lo que sus cometidos le exige, que es su carta orgánica. De la misma forma, el actual presidente de Antel, el ingeniero Gabriel Gurméndez, también alineado a esa postura, siguió manifestando lo mismo, atacando lo que Antel ha hecho, incluso diciendo que no iba a seguir ofreciendo contenidos porque no era su cometido tener una plataforma para que los uruguayos pudieran a través del celular ver películas u otros contenidos. Pero resulta que Movistar y Claro, que compiten con Antel, sí pueden tener TV y contenidos a través del celular. Es evidente que el ataque no es porque nosotros seamos negativos. Si a esto le agregamos lo que fue la Ley de Urgente Consideración (LUC), que colocaron en el Parlamento en medio de la pandemia, en la que aparecieron dos artículos que perforaban a Antel, obligándola a brindarles la fibra óptica a los privados y que estos pagaran una cifra, aunque sea irrisoria o aunque fuera una cifra enorme. Después de haber ido al Parlamento y haber planteado la postura del sindicato, logramos que estos artículos fueran sacados del proyecto de ley, pero no desaparecieron, es el artículo 48 que está incluido en la nueva Ley de medios. Algunas cuestiones a colocar sobre la mesa. Primero, la ley de medios anterior, que todavía sigue vigente, fue catalogada de inconstitucional por el actual gobierno, la atacaron e hicieron todo lo posible para que fuera derogada. La pregunta que nos hacemos todas y todos en el sindicato es: ¿la cambiaron para mal, están apostando a la acumulación de licencias, no tienen un control exacto de quiénes van a ser dueños de muchos medios de comunicación, e incluso puede venir cualquier del exterior y comprarlos, y ahora le sacaron la obligatoriedad, pero mañana puede haber una decisión política que obligue a Antel a alquilarles la fibra óptica a los canales privados y a quien sea y lo va a tener que hacer? Entonces ¿esta ley que están impulsando es constitucional? Son preguntas que nos hacemos nosotros. Nosotros denunciamos algunas cosas que se dieron en los últimos tiempos. Recientemente, en la Ursec, a puertas cerradas y a escondidas, entre gallos y medianoches, se llevó a cabo una subasta para ver qué operador iba a bajar nuevamente al país para administrar los clientes de las distintas empresas de comunicaciones existentes. Hablamos de Antel uruguaya, estatal, eficaz y eficiente y hablamos de Movistar y Claro, que son dos multinacionales que compiten con Antel. Movistar, que ya el sindicato ha reclamado a nivel internacional que respete los derechos sindicales, que no lo está haciendo en países del mundo. Movistar, que es Telefónica de España, que era una empresa pública y que se transformó en una empresa de capitales privados y especialmente de bancos internacionales, como BBVA, Caixa Bank y el fondo Black Rock de Estados Unidos, uno de los grupos financieros más influyentes en Wall Street y Washington, así como en Europa. Todo eso está compitiendo con Antel en nuestro país. Entre gallos y medianoches siguieron adelante con lo de la portabilidad numérica y ahora inmediatamente aparecen con la nueva ley de medios que, aparentemente, tiene acuerdo en el gobierno. Ahora, seguir diciendo que esto es para promover que los canales de cable del interior del país tengan mejor peso a nivel económico para usar la infraestructura de Antel; se podría hacer sin ningún tipo de problema sin la ley de medios, porque un acuerdo y un contrato firmado con los canales de cable del interior habría nada más que mejorarlos. ¿Qué tiene que ver Antel con la ley de medios?, preguntamos. Segundo, sí tiene que ver para los intereses de los privados y del gobierno que está muy comprometido con ellos y con las multinacionales que, de alguna manera, le están exigiendo que apruebe rápidamente esto para terminar de pagar los favores que le hicieron durante la campaña electoral. Por tanto, nuestro sindicato volvió a presentar otro recurso para declarar inconstitucional la subasta porque el contrato no respeta los derechos a salvaguardar nuestra información que tenemos los uruguayos en las empresas de comunicación. No hemos tenido respuesta hasta el momento. Ahora preguntamos: ¿la Ursec va a seguir para adelante desconociendo el recurso presentado por el sindicato? ¿Van a seguir atropellando el derecho que legítimamente tenemos los uruguayos para defendernos? ¿Los van a seguir golpeando, los van a seguir violentando, los van a seguir atropellando como lo han hecho hasta el momento, amparados en que la excusa es la pandemia? De toda la información que brindaron se ve que hay alguna que se les olvidó porque ningún uruguayo sabía lo que estaba sucediendo el 5 de abril pasado, a puertas cerradas, en la Ursec. Por lo tanto nuestro sindicato va a continuar defendiendo la empresa pública, porque Antel es pública, es estatal y es eficiente y es de todos los uruguayos. Y además ha demostrado que tiene mucha capacidad para mejorar su internet, ha demostrado que tiene mucha capacidad para atender la atención que le brinda a sus clientes y a los usuarios. Antel ha demostrado que en el mundo no tiene nada que envidiarle a ninguna empresa multinacional porque se ha desarrollado y ha crecido enormemente, llevando adelante todos los negocios que las grandes empresas de comunicaciones están llevando, incluidos contenidos y TV por celular. Y todo eso hoy está en juego por un gobierno que apuesta a lo privado y no a defender la empresa pública y estatal”, dijo Molina.