Democracy Now ha denunciado que Estados Unidos como parte de su política de oposición a la Corte Penal Internacional ha impuesto sanciones a la fiscal general de la misma y a otro alto funcionario de dicho tribunal de justicia.
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El anuncio fue realizado, este miércoles, por el secretario de Estado Mike Pompeo quien afirmó: “En junio, el Gobierno del presidente Trump autorizó la imposición de sanciones económicas contra personas extranjeras directamente involucradas en los intentos de la Corte Penal Internacional de investigar a personal estadounidense o aliado, así como a aquellos que los ayudaron materialmente en ese intento. Hoy damos el siguiente paso porque la Corte Penal Internacional sigue teniendo como objetivo a ciudadanos estadounidenses, lamentablemente”.
Esta posición de franca oposición a la Corte Penal Internacional ha sido una de las principales características del Gobierno de Trump, quien de forma repetida ha atacado “al tribunal internacional por investigar crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán, así como crímenes israelíes en los territorios ocupados”, destaca Democracy Now.
De forma inmediata agrupaciones jurídicas y a favor de los derechos humanos criticaron la medida.
Katherine Gallagher, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, que representa a víctimas de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos e Israel, ha expresado: “Las sanciones anunciadas por el secretario de Estado Mike Pompeo contra Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, constituyen un ataque frontal al Estado de derecho. […] Esta acción muestra que el Gobierno de Trump está dispuesto a apoyar dictadores y criminales de guerra en lugar de víctimas de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
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