La crisis sanitaria, económica y social que afecta al país por la pandemia del coronavirus afecta de forma específica en las cárceles. Se ven afectados de forma directa los proyectos educativos que operan dentro de los centros como consecuencia de las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior (MI) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
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Esta nueva coyuntura, sumada a otras condiciones previas, como el bajo número de personas tutoras en comparación con la cantidad de estudiantes (31 en FCS en 2020, 100 en actividad en la actualidad) el número reducido de docentes y el escaso acceso a material electrónico a través de las Ceibalita (2 para 20 personas en la Unidad 1) está dificultando las trayectoras educativas.
El cierre de las comunidades educativas dentro de las cárceles para evitar aglomeraciones, en palabras de un estudiante en situación de privación de libertad, «afecta de forma contundente en nuestros estudios». De eso se desprende, para él, un problema mayor, «el ocio en el que se encuentran las personas que están en módulos trancados y que no pueden salir, entendiendo todo lo que significa estar encerrado y ocioso… recurrir a drogas, cortarse, violencia».
La Comisión de Derechos Humanos del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y los estudiantes en contexto de encierro elaboraron un comunicado denunciando la paralización de las comunidades educativas como consecuencia de la crisis sanitaria que atraviesa el país. Desde la organización declararon a Caras y Caretas Portal que todo el año 2019 intentaron entablar un diálogo para generar alternativas virtuales que apoyaran la educación en contexto de encierro y tuvieron resistencias, por eso decidieron compartir el documento.
Las personas en contexto de encierro cursan las materias en la modalidad de examen libre. La suspensión del periodo de mayo, tomada también como forma de combatir el coronavirus, afecta de forma directa la redención de la pena y la posibilidad de continuar la carrera a las y los estudiantes de ciclo avanzado que ingresaron en carácter provisional. La Comisión de DDHH exhorta a las autoridades a generar una alternativa.
Para quienes integran esta comisión «falta diálogo» entre la Udelar y las autoridades de los centros penitenciarios porque estas últimas no han contestado los intentos de comunicación de la universidad. Además, aseguran que en ambas órbitas las medidas adoptadas obviaron la situación particular de estudio de las personas en situación de privación de libertad: «Las medidas que toman el MI y el INR no permiten que se continúen las trayectorias educativas», sentencian en diálogo con este medio. Por otro lado, aseguran, hay «una demanda directamente a nuestro servicio, porque además de ser uno de los servicios con más estudiantes en esta situación, siempre son los olvidados».
Otro estudiante en situación de privación de libertad expresa: «Ojalá que se reanude cuanto antes [la comunidad educativa], porque no solo el estudiar y rendir exámenes es lo importante, sino el constante relacionamiento con todas las personas que vienen del afuera es lo que te hace sentir un poco parte del mundo y no un bicho enjaulado».
Estudiantes y la Comisión de Derechos Humanos exhortan a: la no suspensión del período de mayo o alguna alternativa, la aprobación e incentivo de la propuesta de acompañamiento docente, la ampliación y expansión de recursos para el grabado de clases de ciclo inicial, la inclusión del cursado semipresencial o por vía web en el «Protocolo para el tránsito educativo de estudiantes de FCS privados de libertad» y que las herramientas generadas en esta crisis sanitaria sean antecedentes para implementar medidas alternativas de cursado a futuro.
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