FA destaca pérdida del salario y aumento de violencia en primeros 100 días de gobierno

“Tuvo desaciertos muy negativos que deben señalarse como la disparada del dólar, que afectó los precios de los productos de primera necesidad y contribuyó a una escalada inflacionaria y pérdida de salario real, elementos que afectan a la población y cuyos peores efectos empezaron a verse con la aparición de las ollas populares -el sector más vulnerable de la informalidad pasó a contarlos como sus principales consumidores- y el incremento de envíos al seguro de paro”, señaló Carrera.

Los aumentos de las tarifas en medio de la pandemia también fueron señales “contradictorias” de un gobierno que pretende estar encima de todos los temas, pero prioriza las cuentas al bienestar de la gente, que es la “verdadera urgencia”, reflexionó.

Por su parte, Bergara afirmó que el gobierno ha tomado algunas medidas, pero se ha quedado “muy corto” y por lo tanto está el riesgo de que no tengan el impacto “necesario”.

“El Frente Amplio tomó el posicionamiento político que fue tender la mano, hacer un acuerdo nacional con partidos políticos y organizaciones sociales, pero el gobierno ha decidido no tomar esa mano tendida”, expresó.

Sostuvo que la izquierda propuso dar alivio, por medio de un salario mínimo, a unas 300.000 familias que hoy están con “alta vulnerabilidad” por trabajar en la informalidad. “A pesar de que no representa un monto descabellado ni exorbitante, el gobierno no ha estado ni cerca en la cobertura de este alivio. No logra entender que lo que no gastemos ahora va a ser mucho más costoso recomponer después. No se pueden razonar las medidas como si estuvieran en tiempos normales, estamos en una situación excepcional”, agregó.

“Como bien dijo la ministra de Economía [Azucena Arbeleche], hay que tomar las medidas que haya que tomar y dejar las consideraciones en el terreno fiscal para un segundo plano. La ministra plantea esto, pero no actúa en consecuencia. Seguramente prima más la visión del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, que ha sido muy claro: dijo que el gobierno debería tomar más medidas pero que no lo hace por razones de índole fiscal. “Todos los países del mundo van a salir un poco más endeudados de la pandemia. La ventaja es que Uruguay tiene fortalezas financieras como para hacerlo”, expresó.

Arbeleche dijo el miércoles que la promesa del gobierno uruguayo de ahorrar 900 millones de dólares quedará en un segundo plano porque la prioridad es ayudar a la reactivación de la actividad en medio de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, afirmó que el gobierno “apela a una gestión eficiente, moderna y a una calidad del gasto mejor para que se pueda cumplir con los compromisos asumidos».

El 1º de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou, durante su discurso de asunción, reiteró uno de sus pilares de campaña: el ahorro de los gastos del Estado.

Uno de sus objetivos es la reducción de 900 millones de dólares anuales de los gastos de la administración pública, a la que se evaluará y controlará mediante la creación de una agencia con ese fin.

Por su parte, Carrera afirmó que dentro del gobierno hay una “contradicción” con respecto al mensaje de austeridad que se pretende dar en algunas ocasiones.

“El presidente quiere dar un mensaje de austeridad, pero luego nos hemos enterado de una cantidad de gastos superfluos. Por ejemplo, Alfie tiene contratado un grupo de asesores con sueldos muy elevados. En el Mides, se contrató una agencia para hacer un estudio de opinión de una gestión que recién está comenzando. En el caso del Ministerio del Interior, cambió los vehículos de la Policía, que eso no te modifica para nada la política en seguridad. A pesar de estos gastos, ha sido bastante tacaño en las inversiones necesarias para que nuestra población pueda sobrellevar la pandemia. Por eso reclamamos que lo urgente es la gente”, reflexionó.

Asimismo, Bergara consideró que la propuesta de gobierno con respecto a la negociación colectiva es “muy mala”, ya que implica una caída salarial “muy importante”. “Estas pautas son inaceptables para cualquier gremio y además va a implicar un debilitamiento del poder de los trabajadores y un deterioro de los ingresos. Además, va a tener impacto en la economía, el consumo interno se va a ver fuertemente afectado”, reflexionó.

 

La ayuda del FA

Carrera y Bergara señalaron que el gobierno ha hecho un manejo razonable del tema sanitario. Consideraron que parte del éxito contra la pandemia se dio gracias al fortalecimiento institucional que se impulsó en los gobiernos del Frente Amplio.

“Una infraestructura sanitaria reforzada tras 15 años de gobiernos frenteamplistas que fortalecieron al sistema de salud; hoy los hospitales públicos están a la par que las instituciones privadas y en algunos casos las superan. Reconocido por el actual ministro de Salud”, afirmó Carrera.

“Hay teletrabajo porque hay excelente conectividad, Plan Ceibal, hay una base de datos y de información sobre los hogares que están en condiciones más vulnerables, la comunidad científica se ha fortalecido en Uruguay con la descentralización, niveles presupuestales nunca antes vistos, con la creación de la Universidad Tecnológica, el desarrollo que ha tenido el sistema de salud en Uruguay, con importante inversión de infraestructuras en el sector público y una mejora sustancial en la asistencia estatal en materia de salud. No quiero ni imaginar lo que hubiera sido recibir esta pandemia con el estado de situación que tenía Uruguay en 2005”, dijo Bergara (FA).

Carrera consideró que conocer cómo se comportó el virus en Europa con meses de anticipación permitió aplicar una estrategia acertada y señaló que conformar un equipo de profesionales también fue un acierto junto con la toma rápida de decisiones.

 

Ley de Urgente Consideración durante estos 100 días

Carrera consideró que el ingreso de la Ley de Urgente Consideración fue a “todas luces inoportuno”, ya que evitó centrar la atención en las “verdaderas urgencias de la población en tanto se priorizó apurar una reforma del Estado que contiene muchos puntos que no fueron promovidos en la campaña electoral”.

Por su parte, Bergara afirmó que para el FA la urgencia está en la pandemia y en sus efectos económicos y sociales. “La sociedad uruguaya no puede expresarse de la manera más amplia con respecto a la LUC, por tanto, no se realizó un profundo debate democrático, pero la coalición de gobierno impuso que se trate de esta manera. Ante esta situación, trabajamos como una oposición responsable, artículo por artículo, viendo cómo reducir los daños. Creemos que se ha avanzado. Lo que ha salido del Senado es bastante mejor, sin ser bueno”, advirtió.

Señaló como “cosas muy malas” que salieron de la ley la desmonopolización de los combustibles, la marcha atrás en la inclusión financiera y la criminalización de los piquetes.

La LUC ha sido rechazada tanto por sindicatos como por el Frente Amplio, que señalan que implica un retroceso en diversas áreas.

El Pit-Cnt convocó el pasado 4 de junio un paro general, entre otras cosas, en rechazo a la LUC.

Desde el Frente Amplio (FA) y algunas organizaciones sociales se cuestiona que la ley restringe el derecho a huelga y limita la negociación colectiva, entre otras razones.

 

Incremento de la violencia

Carrera consideró que el comienzo de la gestión en seguridad estuvo “plagado de espectacularidad con operativos muy mediatizados”. Sin embargo, tuvo “efectos muy negativos”, con un incremento de la violencia que fue a “contracorriente del continente”.

El 2 de abril, el gobierno informó que aumentaron un 23% los homicidios en marzo si se comparan con igual mes del año pasado.

Por otro lado, dijo que resultan “peligrosas” las ideas planteadas en la Ley de Urgente Consideración en materia de seguridad y derechos humanos. “Con las modificaciones a la legítima defensa, ampliando las presunciones a determinadas situaciones -como la presencia en hogares urbanos y rurales- y la legítima defensa para policías y militares, se establece una lógica que puede desencadenar una peligrosa espiral de violencia, que podremos lamentar en el corto plazo”, advirtió.

Los ejemplos de países que adoptaron este camino, como México o Colombia, no han demostrado ser efectivos, señaló.

“Lo mismo pasa con las modificaciones a la Ley de Procedimiento Policial, plagada de mensajes a la Policía en los que se le transmite que puede hacer un uso indiscriminado de la fuerza. Un aspecto que es grave, más allá de las medidas concretas que lo son sin duda, es jugar con las expectativas de las personas. Hacerles creer que con estas herramientas jurídicas se van a obtener resultados. Esta historia ya la vivimos, se endurecen leyes, se flexibilizan normas y el resultado negativo lejos de solucionarse, se agrava”, reflexionó.

El 31 de mayo el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, dijo a Caras y Caretas  que la LUC posibilita el abuso policial sobre la población en general, pero especialmente sobre pobres y minorías.

Además, aseguró que expande el ámbito de la legítima defensa, promueve la discrecionalidad por parte de los integrantes de la fuerza pública, propone la presunción de inocencia para el policía y produce un aumento de delitos, que desencadenará en un mayor hacinamiento en las cárceles.