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Política

Interpelación al ministro del Interior

FA teme que represión policial sea en función de la clase económica y la etnia

El senador Enrique Rubio, en diálogo con Caras y Caretas, dejó abierta una pregunta: ¿el accionar policial durante estos meses ha sido diferente según la clase económica, el lugar y la etnia? Según sus palabras, es una duda que los legisladores de izquierda buscan responder durante la interpelación a Jorge Larrañaga.

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Caras y Caretas Diario

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Hace dos semanas el Frente Amplio (FA) decidió interpelar al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, porque consideró que el jerarca tuvo una política “poco clara” en cuanto al combate del delito y con respecto al accionar policial, el cual ha sido cuestionado en algunas ocasiones por supuestos casos de abuso ante la pandemia de la covid-19.

El senador Enrique Rubio, en diálogo con Caras y Caretas, dejó abierta una pregunta: ¿el accionar policial, durante estos meses, ha sido diferente según la clase económica, el lugar y la etnia? Según sus palabras, es una duda que los legisladores de izquierda buscan responder durante la interpelación.

“(El trato policial en Punta del Este) no fue el mismo (que en Castillos). Tampoco fue igual en Montevideo, en algunas concentraciones que hubo frente al Palacio Legislativo. Tampoco lo fue en relación a algún grupo vinculado a cuestiones étnicas y demás que hubo en la playa Ramírez, en relación con el grupo afro, que estaban tocando el tambor. No fue la misma”, dijo Rubio a esta revista.

Recordó que en Punta del Este hubo una gran acumulación de personas frente a la cual un patrullero “simplemente” se acercó y pasó el aviso. En cambio, en la plaza Liber Seregni o en Castillos (Rocha) hubo una demostración de fuerza “muy importante”.

Sin embargo, afirmó que no quiere atribuirle a la Policía esa “intencionalidad”. “En todo caso es un cuerpo que sigue lineamientos y la responsabilidad está más arriba (…) comprende a Larrañaga y a las otras autoridades inmediatas”, agregó.

Consideró que la política del gobierno “no es homogénea”, lo que se agrava con la Ley de Urgente Consideración (LUC), que introduce la figura del agravio policial, lo que da lugar a una “profunda ambigüedad”.

“La política de Larrañaga ha sido poco clara, ha tenido giros intempestivos, que ha procurado darle impulso, ha puesto mucha energía, pero creemos que de ella no se desprende una hoja de ruta que sea clara para saber a qué atenerse. No sabemos cuáles son los compromisos ni las metas que tienen en relación al período porque no aparecen en ninguno de los documentos públicos”, reflexionó.

 

¿Cuáles son los motivos de esta interpelación?

Las interpelaciones pueden tener distintas finalidades, pero básicamente es recibir información del ministro, clarificar situaciones y ver cómo se sigue. La idea es despejar la incertidumbre. A esta altura ha habido algunos desencuentros fuertes y situaciones complejas con la sociedad y nos interesa conocer cuáles van a ser la actitud y la política del ministro en el resto del período en relación con la oposición, con los sectores sociales e institucionales, como por ejemplo la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Parlamento. Si el ministro va a buscar puntos de encuentro o va a persistir en lo que puede ser una prédica política partidaria muy propia en tiempos electorales, pero ahora estamos en un nuevo quinquenio, nos preocupa cuál es la hoja de ruta y cuáles son las metas en relación con la cuestión delictiva y qué va a suceder o cómo ha modificado un conjunto de programas emblemáticos del anterior período, como el PADO, los operativos Mirador y los sistemas de registro de información. Nos preocupa porque se han producido algunas situaciones críticas que terminaron con la destitución del exjefe de Policía de Montevideo por tener un intercambio de información con un ciudadano del marco opositor, quien estaba procurando ayudar.

Queremos que haya pautas claras en relación con las aglomeraciones de gente para que no se produzcan enfrentamientos. Incluso he visto que alguna dirigente del sindicato policial ha reclamado orientaciones y pautas más claras. Entonces, no hay nada mejor que hacer un intercambio parlamentario que puede tener distintos desarrollos de acuerdo a cómo se encare de parte nuestra y del ministro.

 

¿Cómo definiría la política de Larrañaga en estos primeros meses?

Es una política que ha sido poco clara, que ha tenido giros intempestivos, que ha procurado darle impulso, ha puesto mucha energía, pero creemos que de ella no se desprende una hoja de ruta que sea clara para saber a qué atenerse. No sabemos cuáles son los compromisos ni las metas que tienen en relación al período porque no aparecen en ninguno de los documentos públicos.

 

Hace unos meses dirigentes del FA denunciaron que el gobierno estaba manejando las cifras sobre delitos de forma diferente. ¿Qué piensa sobre esto?

Una polémica sobre cifras no debería ser el signo del período, porque estamos partiendo siempre, cualesquiera sean las cifras que se tomen, de niveles muy altos, lo que importa son las tendencias de mediano plazo. Los períodos fueron muy breves y muy atípicos, por el tema de la covid-19, como para poder hacer juicios contundentes y con respaldo fuerte. Al mismo tiempo, nos preocupa que se vayan a eliminar los becarios en las comisarías porque realmente aportaban mucho para introducir una tecnología más avanzada con el objetivo de realizar denuncias. El observatorio puede haber seguido con los mismos criterios o parecidos, pero el problema son las bases de datos.

Más allá de la discusión, el problema más importante es cómo se va a encarar la matriz de muchos de los fenómenos delictivos que tienen que ver con situaciones de exclusión social. ¿Cuáles son las políticas convergentes para encarar estos temas? No se resuelven con la Policía o aumentar el punitivismo como filosofía, se solucionan de otra manera: con políticas sociales.

 

En las últimas semanas se presentaron varios casos de supuesto abuso policial. ¿Cree que el abuso que podría estar cometiendo la Policía puede ir mucho más en contra de los sectores más vulnerables de la población?

Ha habido un manejo muy poco claro. Tenemos extremos. Por ejemplo, en Punta del Este hubo una gran acumulación de personas y simplemente un patrullero se acercó para pasar el aviso. En otros lugares hubo una demostración de fuerza muy importante en cuanto a los dispositivos que se pusieron en funcionamiento, como el caso de la plaza Liber Seregni o el de Castillos.

Si hubo otros problemas en esas situaciones, no lo sabemos, habrá que ver las cámaras, pero lo cierto es que las pautas no son claras. En todo caso, como estos son problemas que derivan de la cuestión sanitaria, siempre hay que seguir un protocolo, aunque el grupo científico dijo que en los lugares abiertos es donde hay menos problemas. En ese tipo de situaciones lo que puede hacer la Policía, de acuerdo con el marco legal, es indicar que es conveniente que se disuelvan y si no tiene eco, tiene que remitirse a la Fiscalía. Pero muchas veces no hay mediadores. Los mediadores siempre han sido muy importantes. No han estado presentes, eso da lugar a intercambios que terminan mal y más cuando la nueva legislación que introdujo la LUC tiene no solo artículos más duros, sino de profunda ambigüedad, como introducir la figura del agravio, dando lugar a cualquier interpretación. Creo que acá no ha habido una política homogénea y esto ha sido la base para algunos desencuentros que son totalmente indeseables, son malos para la gente y para la Policía.

 

Cuando usted dice que la política no es homogénea, no puedo evitar observar, según su relato, que no es el mismo el trato policial en Punta del Este que en Castillos.

No fue lo mismo, tampoco fue igual en Montevideo, en algunas concentraciones que hubo frente al Palacio Legislativo. Tampoco lo fue en relación a algún grupo vinculado a cuestiones étnicas y demás que hubo en la playa Ramírez, en relación con el grupo afro, que estaban tocando el tambor. No fue la misma.

 

¿Entonces el accionar policial varía según la clase económica o por cuestiones étnicas?

Estoy hablando en base a hechos. No quiero atribuirle a la Policía esta intencionalidad. Pero en todo caso es un cuerpo que sigue lineamientos y la responsabilidad está más arriba.

 

¿Se refiere al ministro?

Sí, de quienes comandan el Ministerio del Interior, que comprende a Larrañaga y a las otras autoridades inmediatas.

 

¿Me está diciendo que el ministro del Interior está haciendo una política selectiva del accionar de la Policía según la clase económica, cuestiones étnicas o el lugar en que esté la aglomeración de gente?

Nosotros queremos clarificar eso. Nos parecería sorprendente que esto esté presente. Vamos a clarificar el punto.

 

Cambiando de tema, hace unas semanas el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, dijo que se podrían aplicar medidas prontas de seguridad. ¿Qué piensa sobre esto?

Me parece una exageración. Todos estamos preocupados por la covid-19, fundamentalmente por la fase actual, que estamos al borde de una zona de crisis importante. Entonces, es conveniente un comportamiento colectivo que enfrente el problema, pero eso no significa suspender las garantías individuales. Eso supone campañas públicas en relación al problema más que hablar sobre él. Entonces, si eso no se da con claridad, ingresamos en una diversidad de situaciones que pueden provocar respuestas negativas.

 

Otro tema que suele señalar Larrañaga es que él está a favor de la Policía, como si el Frente Amplio estuviera en contra. ¿Qué piensa sobre esto?

Que esto no es un partido de fútbol, no se resuelve de esa manera. Es una manera también de desmerecer al Frente Amplio y a la propia Policía. Porque muchas de las críticas del pasado, como decir que recibieron una herencia indeseable, no solo cuestionan al FA sino a la propia Policía, que estuvo poniendo la vida. Es lo más contraindicado para un ministro del Interior lo que está haciendo.

***

Diputado del Frente Amplio pide informe al Ministerio del Interior

El diputado por el FA Gabriel Tinaglini realizó un pedido de informe al Ministerio del Interior para clarificar el accionar de la Policía.
En los últimos días se realizaron denuncias de abuso de las autoridades en la plaza Artigas de Castillos (Rocha), que luego fueron rotundamente rechazadas por el ministro Jorge Larrañaga.
“En los últimos días se han venido desarrollando diversos operativos policiales en diferentes espacios públicos del país, según se indica desde el propio ministerio, con el fin de evitar aglomeraciones en el marco de la pandemia. Lo que se visualiza es una falta de criterio unificado con respecto al uso de los espacios públicos, de protocolos claros y concretos a nivel nacional. En diferentes puntos del país se han dado situaciones similares de aglomeración y el proceder del ministerio ha sido desigual”, afirmó Tinaglini en el pedido de informes.
El legislador recordó que en la noche del sábado 7 de noviembre se dio un hecho “sin precedentes” en la localidad de Castillos, donde varios jóvenes fueron dispersos con “violencia” en la plaza Artigas, entre ellos, menores de edad.
“Un acontecimiento en el que se utilizaron municiones no letales, se cachearon puestos contra la pared y se detuvieron menores de edad cuando comenzaron a dispersarse. Estamos al tanto de la versión que se expresa por parte del ministerio con respecto a una supuesta agresión a la Policía, tema que sin duda no es acción justificativa para los excesos, la represión y el incorrecto accionar”, agregó el diputado.

 

Sindicato Policial pedirá al Ministerio del Interior que defina protocolos “más claros” para actuar ante aglomeraciones
El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom) le pedirá al Ministerio del Interior que defina protocolos “más claros” para la actuación policial ante aglomeraciones en espacios públicos, según informó la presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez, en radio Sarandí. El objetivo es que “la ciudadanía y el personal (policial) no tengan la menor duda de cómo y cuándo puede actuar el funcionario y cómo y cuándo pueden estar los jóvenes” en los espacios públicos, explicó Rodríguez, que defendió el accionar de sus compañeros y acusó a algunos sectores políticos de “dar manija” contra la institución policial.

 

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