Ferreri: “La urgencia es porque no saben cuánto van a durar como coalición”

La Ley de Inclusión Financiera (Ley N° 19.210) se aprobó en Uruguay en abril del 2014 con el objetivo de universalizar el acceso a los servicios financieros por parte de toda la población mediante la utilización de medios de pago electrónicos, así como tarjetas prepagas o billeteras electrónicas, en sustitución del efectivo. De esta forma, también se inició un proceso hacia la formalización de ciertos sectores de la economía.

El día 22 de enero el presidente electo, Luis Lacalle Pou, presentó ante sus socios de la coalición el borrador del proyecto de ley de urgente consideración conformado por 457 artículos que plantean cambios en diversas áreas como seguridad pública, educación, economía y empresas públicas, eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social, salud y vivienda.

Tras divulgarse el contenido de la ley urgente impulsada por el gobierno electo, se colocaron sobre la mesa algunos temas que fueron muy recurrentes durante la campaña electoral. Tanto los referentes políticos como la opinión pública en general volvieron a sacar la artillería de argumentos para debatir sobre cuestiones de seguridad, educación y economía, entre otros.

Temas “urgentes”

Para Pablo Ferreri la ley urgente muestra una “debilidad política importante” del futuro gobierno que se traduce en considerar entre esos 457 artículos una cantidad de temas que “nada tienen que ver”, vulnerando el espíritu para el cual fue concebida la herramienta del tratamiento de urgente consideración. “Poner un artículo que habilita a la fabricación artesanal de chorizos o la portabilidad numérica pareciera no tener nada que ver. Si no fuera tan absurdo, sería hasta gracioso”.

La debilidad de la que habla Ferreri tiene que ver, a su entender, con una coalición que tiene apuro por tratar ciertos temas porque tiene dudas de “cuánto tiempo pueden durar cohesionados”. Para el subsecretario de Economía esta situación se suma a otras muestras de debilidad, como por ejemplo, las discusiones que está teniendo la coalición para definir las candidaturas municipales en Montevideo. “Cuando vemos que el futuro canciller designado por el presidente electo dice que puede ser candidato a la IM, está dejando en offside al futuro presidente”.

El jerarca manifestó preocupación por varios artículos de diversas áreas, como por ejemplo el área penal donde se crean figuras complejas como la legítima defensa por parte de policía, la posibilidad de que funcionarios policiales retirados puedan estar armados o lo que tiene que ver con la “apariencia delictiva” que entiende como un concepto discriminatorio preocupante. “¿Quién va a definir qué persona tiene apariencia delictiva? No hay que olvidar que los Peirano cuando se robaron un banco lo hicieron de traje, corbata, y no con piercing y gorrito. Hay que ser muy cuidadoso con esas cosas”, expresó.

Por otro lado, Ferreri sostuvo que la Ley de Urgente Consideración contiene normas que “atentan contra el espíritu de lo que se ha hecho históricamente” y que no comparte, como por ejemplo quitar la obligación de que un colono que recibe tierras del Instituto Nacional de Colonización tenga que vivir en el predio. “De esta manera ya no existiría necesidad de ser colono efectivamente para tener tierra de colonización”, cuestionó.

Con respecto al área económica, la inclusión financiera es sin duda uno de los grandes centros del debate, y su derogación, una de las grandes promesas electorales del gobierno electo, que cumplió con lo dicho y la colocó en su ley urgente, planteando la derogación de 13 de sus artículos, modificando otros 5 y agregando 2 nuevos.

La inclusión financiera y los cambios

Si se aprueba la ley urgente se eliminará la obligatoriedad para empleadores de pagar por medios electrónicos, habilitando el pago de salarios en efectivo y dejando la negociación librada a un acuerdo entre las partes contractuales, quienes definirán la modalidad de pago. Esta normativa también corre para el pago a proveedores, así como para el pago de montos altos, quienes pasan de “deber” pagar por medios electrónicos a “poder” hacerlo.

Con respecto a las prestaciones sociales como asignaciones, este proyecto de ley establece la derogación de un artículo que en la actualidad permite que las personas puedan elegir cómo cobrar ese monto para pasar a dejar esa decisión en la institución que paga.

Ferreri valoró que actualmente los trabajadores, al cobrar por el sistema bancario, tienen asegurado que su transacción es formal y, por lo tanto, su trabajo es formal. “Si volvemos a un esquema de pago en efectivo, hay un incentivo a la informalidad importante debido a que una de las cosas que establece este proyecto de ley es que esa decisión queda librada a un acuerdo entre las partes. Yo no veo a cada trabajador, que es la parte más débil de esta relación, pudiendo decirle a su empleador que quiere cobrar por banco y que él esté de acuerdo con eso. No queda claro quién lauda cuando hay diferencias”.

En tal sentido, el funcionario explicó que quitar la obligatoriedad de la inclusión financiera representa un “grave retroceso” en cuanto al derecho de acceso de los trabajadores al sistema financiero y las herramientas que este le brinda. “En el sistema actual los bancos dan cuentas gratuitas a trabajadores y eso es muy bueno para ellos. Al quitar la obligatoriedad probablemente los bancos no sigan ofreciendo ese servicio gratuito para cientos de miles de trabajadores”.

Rodeando lo turbio

Según el economista, estos cambios que plantea la ley urgente tienen “un sesgo hacia la opacidad y a la promoción de la informalidad que preocupa mucho”. En tal sentido, explicó que el proyecto de ley propone desmontar la ley de inclusión financiera, lo cual significa quitarles derechos a los trabajadores que anteriormente no accedían al sistema bancario y financiero, y que pudieron hacerlo a partir de la ley de inclusión financiera. “En los últimos años se crearon un millón de instrumentos de dinero electrónico entre cuentas bancarias y tarjetas prepagas que llegaron a miles de trabajadores que antes no accedían”.

Ese sesgo a la opacidad también se ve reflejado en otras normas que se quieren eliminar, como por ejemplo que los proveedores del Estado puedan cobrar en efectivo o que las transacciones de elevado valor también se pueda realizar mediante pago en efectivo. “De esta manera cualquier persona va a poder ir a comprar una estancia con una valija llena de dólares sin tener que pasar por el sistema financiero. Eso implica un grave retroceso a contrapelo de todas las tendencias internacionales de transparencia y formalización de la economía que puede dejar muy mal parado al Uruguay”. Además, esa disposición se combina con otras que plantea la ley urgente y que dan lugar a situaciones turbias, como el hecho de que nuevamente las tierras y las explotaciones agropecuarias puedan ser compradas por sociedades anónimas y no solo por personas físicas. “Si combinamos las dos cosas, cualquier persona va a poder ir con una valija llena de dólares a comprar un campo y ponerlo a nombre de una sociedad anónima. En términos de opacidad es una vuelta a ciertas páginas de nuestra historia de nuestro país que quedaron enterradas en el tiempo y a las cuales no deberíamos volver porque no es la manera de construir un mejor Uruguay”.

Ferreri insistió con esa tendencia a la opacidad que el gobierno electo plantea en algunas de sus medidas y sostuvo que estas se pueden ver reflejadas incluso en otras cuestiones que están por fuera de la Ley de Inclusión Financiera. En este sentido, se refirió a declaraciones de futuras autoridades del Ministerio de Transporte que declararon que no se va a continuar con la instalación del sistrac, que es el sistema de cajas negras de los camiones que hacen en transporte carretero de cargas. “Se trata de un sector muy informal de nuestra economía, y todo ese seguimiento que se pretendía hacer con la instalación de este sistema iba en vías de formalizar enormemente el sector. Todo aquello que pierde posibilidad de rastrear las transferencias va en contra de la transparencia”.

Consultado por los argumentos del presidente electo, Luis Lacalle Pou, quien se refirió a la eliminación de la obligatoriedad de la ley expresando que “la libertad no es prohibir a la gente usar efectivo”, Ferreri opinó que se trata de una profunda confusión. “En la inclusión financiera no está prohibida la utilización de efectivo, un trabajador puede retirar todo el dinero de su cuenta bancaria en un solo movimiento. Libertad existe porque quien quiere usar efectivo puede hacerlo, no hay nada que lo impida”.

Por otro lado, el especialista salió al cruce de otro de los argumentos que utilizó Lacalle Pou en su batalla en contra de la inclusión financiera al asegurar que este sistema no impidió maniobras de lavado de activos y evasión fiscal, haciendo referencia al caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo en 2018. “Lacalle Pou ignora que la enorme mayoría de movimientos que hizo Balcedo fueron antes de la vigencia de la inclusión financiera. Justamente, muchas de las cosas que hizo con la inclusión financiera no hubiera podido, por lo cual utilizó un ejemplo totalmente desajustado de la realidad”.

Con respecto al interés del gobierno electo en derogar el sistema de inclusión financiera, Ferreri consideró que claramente responde a grupos de presión como lo son los comerciantes a los cuales “la formalización de la economía no es algo que les agrade demasiado”.

Ferreri concluyó que la iniciativa de la inclusión financiera generó un cambio estructural en el Uruguay que pasó de ser uno de los países rezagados de América Latina en cuanto a la utilización de medios electrónicos de pago a ser uno de los líderes. “La conversión tecnológica va a ocurrir porque ocurre en todo el mundo, la cuestión es si queremos que en nuestro país este proceso ocurra guiado por la política pública, o que la ola nos pase por arriba y no existan beneficios para quienes no los tienen. Considero que lo mejor es dirigirlo por la política pública y que derrame beneficios para todos, pero acá se está optando por el camino contrario”.

La respuesta a los posibles problemas que plantea hoy el sistema, como el hecho de que en algunas zonas del interior no se acceda fácilmente a comercios con servicio de pago electrónico, es seguir ampliando la red de cajeros y cobertura para poder retirar efectivo en cualquier lugar. En este sentido, Ferreri sostuvo que se están experimentando avances notorios y falta mejorar. “El camino es por ese lado, seguir mejorando, y no desmontar todo un sistema que ha sido claramente beneficioso para el Uruguay. Es más transparente, más seguro y más eficiente”, sentenció.