Foro de San Pablo: Un llamado a la solidaridad y el internacionalismo

El XXIV Encuentro del Foro de San Pablo, realizado en la ciudad de La Habana, Cuba, finalizó con una declaración de solidaridad con el gobierno de Nicaragua y la demanda de libertad para el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros puntos que marcan una verdadera hoja de ruta para la unidad continental de los movimientos de izquierda y progresista. La reunión continental se llevó a cabo entre el 15 y el 17 de julio en el Palacio de Convenciones de La Habana y congregó a más de 600 participantes. A la última sesión del encuentro, dedicada a analizar el pensamiento de Fidel Castro, asistieron líderes del continente como los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Venezuela, Nicolás Maduro, de Bolivia, Evo Morales, y de El Salvador, Sánchez Cerén, además del exmandatario hondureño Manuel Zelaya. El debate fue propicio para el encuentro entre Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez con la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff. Hacia La Habana partió una numerosa delegación del Frente Amplio (FA), integrada, entre otros, por el responsable de Relaciones Internacionales, José Bayardi, y el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Precisamente este, en declaraciones recogidas por el diario La República, explicó que uno de los temas centrales del encuentro fue la preocupación por la compleja situación que se vive en Nicaragua, “con el enfrentamiento que sucede con la población, lo que se ha cobrado muchas víctimas fatales inocentes a mano de esa violencia”. Además, destacó “la urgente necesidad de que haya expresiones de solidaridad con la prisión injusta de Lula y su necesaria liberación, y hasta la solidaridad con el proceso de paz de Colombia”. Finalmente los participantes del encuentro aprobaron una declaración que señala, entre otros puntos, que “América Latina y el Caribe viven hoy, 28 años después de haberse fundado el Foro de San Pablo, los efectos de una multifacética ofensiva reaccionaria, conservadora y restauradora neoliberal, fruto de intereses convergentes y de esfuerzos combinados entre las élites mundiales del capitalismo transnacional, del gobierno de EEUU como su núcleo hegemónico y de las clases dominantes aliadas de nuestra región”. Para el foro, esta ofensiva “ha logrado hacer retroceder a las fuerzas de izquierda y progresistas mediante el derrocamiento de gobiernos, los golpes parlamentarios y judiciales. La derecha imperial y las oligarquías subordinadas han amplificado para ello los errores y las limitaciones de las fuerzas transformadoras, que sufren reveses y a la vez poseen inmensas potencialidades de lucha. Ello explica en un grado fundamental el cambio adverso en la correlación coyuntural de fuerzas imperante”. En este sentido, recuerda “el golpe militar y parlamentario contra Zelaya, en Honduras (2009); el golpe parlamentario dado a Lugo, en Paraguay (2012); la derrota electoral de Cristina Kirchner, en Argentina (2015); el impeachment contra Dilma Rousseff, en Brasil (2016), mediante un golpe parlamentario, judicial y mediático; la victoria de figuras de derecha conservadoras o ultraconservadoras en Chile, Paraguay y Colombia; la condena sin pruebas y prisión de Lula para impedir su candidatura a la presidencia de la República del Brasil; las divisiones ostensibles en el campo popular a la hora de encarar las agendas neoliberales restauradas; la descalificación de la política que en importantes países de la región favorece los planes de la derecha; y el fortalecimiento público de figuras y proyectos de raíz fascista en varios países constituyen, entre otros muchos, indicadores de la ofensiva neoliberal que las fuerzas de izquierda están desafiada a revertir a favor de los pueblos”. “La actuación de la derecha guarda relación directa con la naturaleza expansionista y depredadora del capitalismo y con los intereses del capital financiero que lo dominan”, afirma. Y agrega que “los hechos hablan: entre el último Encuentro del Foro de San Pablo [Managua 2017] y este de La Habana [2018], a nivel global se ahondaron los efectos negativos de la concentración de la propiedad, el poder y la riqueza en manos de una élite mundial decidida a imponer, a cualquier precio, mejores condiciones para elevar sus tasas de ganancia”. Más adelante indica que la situación se ve agravada “por el peligroso desempeño de la administración Trump, que busca revertir la tendencia declinante de la hegemonía estadounidense; multiplican los riesgos para la paz mundial y el estatus de América Latina y el Caribe como zona de paz. América Latina y el Caribe seguirán siendo prioridad para la política exterior estadounidense, cuyo dominio es de vital importancia en su afán por mantener un insostenible orden mundial unipolar”. Por esto entienden que Estados Unidos y sus aliados “necesitan consolidar la percepción de que la historia continental entró en una fase regresiva imparable a favor del capitalismo. Aunque la reacción contra los gobiernos progresistas y de izquierda fue inmediata, el descrédito y el debilitamiento extremo de los partidos políticos de derecha, así como los métodos utilizados para imponer la reestructuración neoliberal, los inhabilitó como instrumentos capaces de descarrilar las transformaciones sociales impulsadas, según el caso, por los movimientos políticos del Foro de San Pablo. De ahí la necesidad de recurrir a la estrategia desestabilizadora que combina la guerra mediática, jurídica y económica, la injerencia externa y la criminalización del movimiento y la protesta social, entre otros, que sirven a los golpes de nuevo tipo -judicial o parlamentario- o la derrota electoral”. “Rechazamos la idea del ‘fin de ciclo’ con la misma firmeza y convicción con que en su momento lo hicimos con la del ‘fin de la historia’. Las fuerzas progresistas de América Latina seguiremos luchando por horizontes de un mundo basado en la justicia social”, añade más adelante la resolución final. Tras afirmar que la Casa Blanca y sus aliados “buscan lograr exactamente lo contrario”, el foro llama a “preservar las experiencias de soberanía, de ampliación de la democracia, de gobierno de carácter popular y con proyecciones antiimperialistas, impulsadas por partidos de izquierda y progresistas; ofrecer apoyo decidido y estimular los esfuerzos emancipatorios y los ideales anticapitalistas de los movimientos sociales y populares que así actúan”. Luego de analizar la coyuntura, el foro convocó a “fortalecer el movimiento mundial en defensa de la paz” y al internacionalismo “mutuo entre todas las fuerzas de izquierda de América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa y América del Norte”.   Solidaridad                   “Rechazamos de forma enérgica la política intervencionista de Estados Unidos en los asuntos internos de la Nicaragua sandinista”, señala posteriormente y afirma que en este país “se está implementando la fórmula que viene siendo aplicada por el imperialismo estadounidense a los países que no responden a sus intereses hegemónicos, causando violencia, destrucción y muerte mediante la manipulación y la acción desestabilizadora de los grupos terroristas de la derecha golpista, que boicotean la búsqueda del diálogo, el cual constituye el mejor camino para superar la actual crisis y alcanzar la paz, lo que es indispensable para la continuación del proceso de transformaciones sociales impulsado por el FSLN desde el gobierno presidido por el comandante Daniel Ortega y que ha reducido de manera notable la pobreza y la desigualdad social en ese hermano país”. Alienta a Bolivia y Chile a encontrar, “cuidando las sensibilidades de ambos países”, una salida “al enclaustramiento marítimo boliviano en base al diálogo y el derecho internacional”, y rechaza “la política de la Casa Blanca, que criminaliza a los emigrantes latinoamericanos y caribeños y, de manera particular, a los hermanos centroamericanos. Un mundo sin fronteras y con ciudadanía universal es el norte de nuestra lucha emancipatoria”. Finalmente, el XXIV Encuentro del Foro de San Pablo exigió “la libertad inmediata de Lula, después de una condena y prisión sin pruebas y el derecho a ser candidato presidencial en las elecciones de octubre en Brasil, respetándose la voluntad de la mayoría del pueblo brasilero”.