FUS exige mayor control sobre dineros públicos de la salud privada

Alrededor de 1.300 trabajadores esperan una salida que garantice la continuidad de su fuente laboral.
Bermúdez aclaró a Caras y Caretas que, «erróneamente»,  algunos medios publicaron que la solución había llegado porque los trabajadores aceptaron el acuerdo propuesto por el gobierno. «Aquí lo único que hay es el documento que la FUS y en todo caso el gobierno de Jorge Batlle firmaron hace años, y que establecía los criterios a adoptar en caso de cierre de alguna prestadora de salud».

«El gobierno actual no tiene todavía por ahora ningún documento arriba de la mesa. Hace falta ese instrumento que le dé claridad a este proceso que va a durar por lo menos 60 días», recalcó.
El sindicalista destacó sin embargo que la actitud del Ministerio de Salud ha sido «seria y clara». «Podemos tener muchas diferencias con el gobierno de Lacalle Pou, pero no podemos decir que en este proceso no se hayan manejado con claridad», observó.

Sin embargo, reclamó mayor control sobre los dineros públicos que manejan los prestadores de salud.
«Se deben reforzar los niveles de control que establece el Sistema Nacional Integrado de Salud. El Fondo Nacional de Salud debe tener garantías, con auditorías periódicas sobre las instituciones, porque la salud privada mueve al año el 7,5 por ciento del total del PIB que Uruguay invierte en salud. Los dineros que manejan los prestadores son públicos y debe haber un control permanente», subrayó.

¿Cómo se logró el conflicto planteado por el cierre de Casa de Galicia?

Los trabajadores contamos con un instrumento de la comisión intersectorial que funcionó por 2000-2001 durante el gobierno de Jorge Batlle donde el ministro de Salud Pública del momento, Fernández Ameglio, con una gran visión política, convocó a todos los actores de la salud y se hizo un trabajo muy importante que fue la antesala de lo que después fue el Sistema Nacional Integrado de Salud que la FUS impulsó y que el FA convirtió en ley en 2007.
Este documento tiene dos capítulos, el A y el B. El primero establece un estudio de la realidad de la salud privada y define una serie de medidas para combatir la crisis del sector que ya se venía para defender las fuentes de trabajo.
El capítulo B, vulgarmente conocido como Plan B, cuando en realidad no era un plan ni un punto del documento sino todo un capítulo referido específicamente a lo que pasaría cuando cierra una institución de Salud.

¿Cuáles eran los objetivos planteados en ese documento?

Tenía por objetivo preservar la salud de la población afiliada y defender la fuente de empleo de los trabajadores. Cuando se culminó el estudio se convocó a todas las partes a firmar el documento y solo fue rubricado por el Ejecutivo de esa época, la Federación Uruguaya de la Salud, la FEMI (las instituciones del Interior) y el Círculo Católico. El Sindicato Médico del Uruguay, que se negó a firmar, perdió la posibilidad de quedar amparado por este documento.

¿Hubo antecedentes que generaron la necesidad de ese documento?

De hecho, cuando se empezó a dar la caída de algunas instituciones, ya habíamos tenido dos antecedentes, Uruguay-España en diciembre del 99 y Cemeco en mayo de 2000. No existía todavía el documento de la multisectorial y perdimos casi todas las fuentes de trabajo.
Después, en Cemeco logramos incluir buena parte de los trabajadores en un acuerdo con el Círculo Católico.
Pero a partir de 2001 las caídas siguen porque la crisis del país se profundiza por lo que estaba pasando en Argentina en aquel momento con el gobierno de De la Rúa. Las primeras en caer fueron la vieja MIDU Mutual Israelita del Uruguay y Comaec que cerraron en junio de 2001.
Este documento permitió el salvataje de 2.000 puestos de trabajo no médico.

¿Cómo se aplicó ese documento para el caso de Casa de Galicia?

En el caso de Casa de Galicia, nosotros desde el momento del cierre, la noche del 23 de diciembre, reivindicamos la aplicación de dicho capítulo del documento, con algunas modificaciones, y es lo que al final se resolvió aplicar en reunión con el ministro y todo su gabinete y luego fue ratificado por la asamblea de trabajadores de Casa de Galicia.
Ahora estamos en un proceso que se abre para la aplicación concreta de dicho documento, lo que es un proceso largo y no exento de dificultades.

¿Cuál sería el resultado más óptimo para los trabajadores?

Para nosotros el resultado más óptimo es la aplicación de este documento que toma la media de trabajadores del sector y establece un coeficiente que determina que cada mil afiliados de la institución que cerró, se deben tomar 20 trabajadores.
Ese es el coeficiente de 2001, habría que estudiar hoy, 20 años después si ese coeficiente se mantiene. O ha mejorado o se ha empeorado, pero la aplicación de ese coeficiente, servirá como parámetro para los trabajadores.
Los que no se incorporen en la primera tanda, quedan en una bolsa de trabajo van a seguro de paro y tenemos que negociar un mejor seguro de paro, negociando con el Ministerio de Trabajo. Es un proceso complejo que no va a demorar menos de tres meses.

¿Cuántos trabajadores ya tienen garantizada su continuidad laboral?

Con los números fríos planteados hoy el 60% ya estará recuperando el empleo. Pero esto se debe definir, porque por lo que nos ha dicho, el gobierno no hará la convocatoria a todas las organizaciones, sino que va a priorizar a las que tengan menos de 100.000 afiliados y que tengan cierta cercanía geográfica y determinada situación económica para que la llegada de socios y trabajadores no sea una carga.
Para algunas decisiones se necesita una ley y van a tener que negociar con sus socios de la coalición y con la oposición, una ley que por ejemplo establezca que los afiliados que pasen de una institución a otra, permanezcan durante un período de 24 meses afiliados porque se le debe una garantía a los que mantengan los trabajadores.

¿Era previsible llegar a una situación como esta?

Esta misma discusión la advertimos hace 20 años, con la llegada del FA y del Sistema Nacional Integrado de Salud se les otorgó un flujo de dinero muy importante a las instituciones a través del Fondo Nacional de Salud más un control sobre esos dineros y en 15 años no cerró ninguna institución de salud. Pero con eso no alcanza, deben existir mayores controles.
La historia de Casa de Galicia tiene un largo proceso de acumulación de administraciones, algunas de ellas fraudulentas, que vivían mucho de la cooperación que recibían del gobierno de Galicia. Hay un entramado político atado a lo más rancio de la derecha española.
Había muy poco control sobre esa plata que se recibía y la organización sindical siempre fue muy débil. El Sindicato de Casa de Galicia tiene un fuerte empuje a partir del año 2000 cuando empieza la crisis de la salud privada, antes teníamos compañeros muy esforzados pero el sindicato era casi una anécdota,
Casa de Galicia tenía empresarios y políticos y era incluso un trampolín para otros negocios y operaciones políticas. Eso era Casa de Galicia.

¿Qué hará la FUS a partir de ahora?

Vamos a ver el avance de este proceso, lo que tiene que haber es un documento arriba de la mesa que establezca con claridad cuál es el camino. Equivocadamente se habla de que los trabajadores aceptaron el acuerdo del gobierno, aquí lo único que hay es el documento que la FUS y en todo caso el gobierno de Jorge Batlle firmaron, el gobierno actual no tiene por ahora ningún documento arriba de la mesa. Hace falta ese instrumento que le dé claridad a este proceso que va a durar por lo menos 60 días.

El paso a paso de una crisis terminal

El jueves 23 de diciembre el juez Leonardo Méndez dispuso el cierre de la mutualista Casa de Galicia que a lo largo de su historia sufrió tres intervenciones y enfrentaba desde hace años serios problemas financieros
-En las últimas horas, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) tomó el control de las consultas en policlínica y los internados en tratamientos y los adeudos a empleados, pero el futuro de la mutualista de unos 42.000 asociados inició un proceso de transición que llevará un plazo no menor a los 60 días para su normalización.
-El Frente Amplio se pronunció por buscar alternativas dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud con sus fortalezas y solidez legados de los gobiernos precedentes de esa fuerza política y propuso dos proyectos de ley en tal sentido.
-La mutualista ya había sido intervenida en 2002 durante la presidencia de Jorge Batlle y posteriormente siguió el mismo camino durante la primera administración de Tabaré Vázquez.
-Los problemas no cesaron a lo largo de los años y en 2019 se autorizó la creación de un fideicomiso por US$ 28 millones y se creó una comisión para controlar la gestión de los fondos.
-En octubre de 2021 Casa de Galicia entró en concurso de acreedores y sus autoridades reclamaron la habilitación de un fideicomiso por 12 millones de dólares para acceder a un préstamo solicitado a un banco privado.
El Ministerio de Salud Pública rechazó el fideicomiso y argumentó que de esa manera la institución multiplicaría por cuatro su endeudamiento.
-El 26 de octubre el gobierno resolvió desplazar a las autoridades de Casa de Galicia y designó interventores para llevar adelante un nuevo proceso.
Según los datos recabados por la última auditoría, al cierre del ejercicio de setiembre de 2020 Casa de Galicia tenía 43.892 usuarios y un pasivo de 3.232 millones.
-El 23 de diciembre de 2021, luego de recibir el informe de los síndicos designados, la Justicia decretó el cese de actividades de la mutualista.