Habrá condenas pero no justicia en caso de Berta Cáceres

De esta forma, señaló la abogada, se sentará un precedente «que asegure que la justicia no va a llegar a la familia Atala Zablah (dueños de la empresa) ni a la estructura directiva de la asociación ilícita de esa estructura criminal que pensó, pagó, e ideó e hizo que fue operativo el asesinato de Berta».

Días antes de ser asesinada, Berta Cáceres realizó denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.

La Sala I del Tribunal de Sentencia de Honduras convocó para este jueves a las 16:00 hora local (22:00 GMT) el fallo del primer juicio por el asesinato de la activista.

«Hay un marco general que rige cualquier previsión de escenarios para hoy; este juicio no juzga autoría intelectual; aunque haya personas imputadas con una autoría intelectual mediata, como lo ha denominado el Ministerio Público, ninguna de las personas que están en este proceso son personas que hayan pensado el asesinato, estamos hablando de mandos intermedios que ejecutaron, que fueron piezas operativas desde la empresa DESA y luego a nivel sicarial», señaló la abogada.

Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a balazos mientras estaba en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.

IRREGULARIDADES

La familia de la activista y el Copinh han denunciado reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal, al que consideran falto de imparcialidad.

La abogada hizo énfasis en que teniendo en cuenta las anomalías que hubo en el proceso, el equipo jurídico tiene la certeza de que el sistema judicial hondureño quiere brindar resultados a la hora de dar por terminado el caso y es por esto que están convencidos de que condenarán a los sicarios que ejecutaron el asesinato de la activista.

Nueve personas se encuentran en detención preventiva por el asesinato, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.

Entre estas personas se encuentra el expresidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, aunque el proceso contra él se lleva por separado.

«Hay una persona de interés por parte de la empresa, Sergio Rodríguez, y hay una clara intención de absolverlo, de protegerlo, porque él es el vínculo con DESA y condenarlo sienta un precedente para condenar también a Castillo, cuyo proceso está siendo llevado a través de un proceso independiente», explicó Alachán.

La defensora dijo además que también tiene conocimiento «de que hay un supuesto proceso de investigación sobre uno de los Atala, entonces no pueden condenar a Sergio, porque esto permitiría la judicialización de otras personas que estén más arriba en la estructura criminal en esta figura de asociación ilícita que configuró DESA».

La familia Cáceres no solo responsabiliza a DESA del asesinato, sino también al Estado hondureño.