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Columna destacada | LUC |

Hecha la ley, hecha la trampa

Por Enrique Ortega Salinas.

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«Bien usadas son aquellas crueldades que se cometen todas juntas al principio (las cuales son necesarias si se quiere tener éxito y hay que saber identificarlas todas), pero que luego se dejan de cometer y se reemplazan por bienes que favorezcan poco a poco a los súbditos, de modo que estos logran olvidar las ofensas recibidas y saborean constantemente pequeños bienes».

Nicolás Maquiavelo (El Príncipe, 1532)

Luis Lacalle no tiene un pelo de idiota. Siempre tuvo claro que, si daba a conocer la ley de urgente consideración antes del balotaje, varias medidas antipopulares planteadas en ella lo llevarían a la derrota; por lo que la tuvo guardada con siete llaves. Se dijo que estaban elaborándola; pero él ya sabía desde hacía tiempo hasta la cantidad exacta de artículos que contenía.

No vamos a caer en la torpeza de afirmar que los 457 artículos son nefastos en su totalidad, del primero al último; pero está claro que tal cantidad fue elaborada para que no pueda ser analizada debidamente, con la cautela y precisión que merecen leyes cuyas consecuencias pueden alterar gravemente nuestro estilo de vida. La “urgente consideración” nos acorrala y esa es la idea. ¿O qué otra explicación tiene que se haya incluido en una ley con tal etiqueta el permiso de elaborar chorizos por parte de las carnicerías? Sin embargo, hay cosas positivas en el anteproyecto y no vamos a titubear al señalarlas; por ejemplo, el planteo de derogar el artículo 100 del CPP (Principio de Oportunidad), que invito a los lectores a buscarlo y leerlo detenidamente. El problema del artículo 100 está en su primer inciso: “El Ministerio Público podrá no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada en los siguientes casos: a) cuando se trate de delitos de escasa entidad que no comprometan gravemente el interés público, a menos que la pena mínima supere los dos años de privación de libertad, o que hayan sido presumiblemente cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”. No obstante, el resto del mismo es muy positivo y racional. Quizá, en lugar de plantear la derogación total, fuera preferible modificar este inciso.

Analizaremos aquí solo una parte del anteproyecto; pero con la advertencia de que el reclamo popular de más seguridad le permite al nuevo presidente meter otras cosas que el común de la gente no desearía, como la preparación del camino para la enajenación de Ancap, previo debilitamiento de esta empresa, orgullo de los orientales.

 

Derribo de aviones: genial jugada política

El artículo 81 del anteproyecto expresa: “En el caso que se detecte una aeronave no identificada o no autorizada, la misma será sometida al uso progresivo de la fuerza, a través de la indagación, interceptación, persuasión y en defecto de lo anterior y como último recurso, la neutralización definitiva de la amenaza, mediante orden emanada del presidente de la República”.

Nadie puede estar en desacuerdo con esto, aunque creo que las posibilidades que tendremos de presenciar el derribo de una aeronave son remotas. De todas maneras, la sola presentación de la idea en los medios de comunicación, durante la campaña electoral, cumplió plenamente su objetivo. Luis Lacalle criticó insistentemente al presidente frenteamplista por no atreverse a ejercer la autoridad contra los criminales, así que tenía que imponer la idea de que, si a él le daban la oportunidad, no le temblaría la mano a la hora de hacer lo que hubiera que hacer. ¿Y qué mejor imagen podría plasmar en la mente de los ciudadanos que la de un presidente dispuesto a derribar aviones al mejor estilo de un Vladimir Putin o un Donald Trump? No en vano esta fue una de las pocas cosas del anteproyecto reveladas a la población durante dicha campaña, mientras la inmensa mayoría de las medidas se mantuvieron en secreto. No recuerdo otro caso de la historia del país (y de ningún país) en que un candidato gana prometiendo una ley cuyo contenido se lo reserva (en su mayor parte) para revelarlo cuando sea electo.

 

El egoísmo como política de Estado

El anteproyecto parece tener el sello de Un Solo Uruguay, cuyo vocero manifestó en su acto anual que “los productores no quieren más la solidaridad obligatoria” (chocolate por la noticia) y arremetió contra el subsidio al boleto de ómnibus a la vez que aplaudía los cambios en la ley de inclusión financiera como “defensa de la libertad”. La libertad de pagar en negro, por ejemplo. Por supuesto que, como siempre, están en contra de ayudar a los más necesitados, pero a favor de que el Estado los beneficie con subsidios y exoneraciones de toda clase.

Graciela (¿cuántas veces lo he dicho?) tenía razón. La cosa era entre oligarquía y pueblo y las personas de clase baja y media baja que votaron a la coalición comenzarán a comprenderlo cuando este anteproyecto se convierta en ley; pero ya será tarde. Cuando un oligarca y un trabajador votan al mismo candidato, uno de los dos está equivocado… y no es el oligarca.

El anteproyecto plantea sustituir el Fondo de Solidaridad por préstamos bancarios, al estilo chileno. Ya sabemos cómo le fue a Chile con eso. Hay profesionales que no quieren devolver al país ni una mínima parte de lo que el país invirtió en ellos y ese sentimiento egoísta cabalga de la primera a la última página del mamotreto.

Tal como ha señalado el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, el Fondo de Solidaridad ha sido vital para retener estudiantes. El 20% de los egresados en 2018 fueron beneficiarios de las becas en algún momento de su formación. Arim citó un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración que demostró que “en el primer año de la carrera, quienes recibieron becas avanzaron 26% más que quienes no tuvieron ese apoyo, y 8,4% en el segundo año”. Podríamos analizar con la mente abierta un sistema mixto que permitiera considerar a cada uno de acuerdo a sus posibilidades y bajo la premisa de que el que tenga más pague más, el que tenga menos pague menos y el que nada tenga nada pague, pero que no se le cercene su deseo de estudiar y progresar; más, así como viene planteada, la ley nos llevará al modelo chileno con las consecuencias que ya conocemos.

Afortunadamente, y mientras se aclara la situación, el nuevo ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, ha declarado que las becas se mantendrán e intenta llevar tranquilidad ante el sobresalto que produjo el conocimiento de tal punto de la LUC.

 

Lo peligroso no es solo la LUC

Tan alarmantes como las declaraciones de Un Solo Uruguay (que debería llamarse “Uruguay solo para algunos”) son las del senador electo, por el Partido Nacional, Jorge Gandini con relación a la apariencia delictiva: “Y bueno, sí: hay una apariencia, determinada gente que tiene tatuajes, usa gorrita y tiene un piercing da una tipología que hace que el guardia de seguridad mire a unos más que a otros, eso no tiene nada que ver con la ley, pero esa es la realidad que vivimos”.

El anteproyecto y sus defensores cometen varios errores semánticos porque no es lo mismo “apariencia delictiva” que “actitud sospechosa”. Es importante que la Policía pueda detener a quienes están merodeando sospechosamente un vecindario, pedirles los documentos y solicitar por celular a la Jefatura información sobre si se trata de personas con antecedentes penales o están requeridas. El punto es que, tal como está redactada la ley, se ampara cualquier clase de abuso, muy especialmente contra las personas negras y de vestimenta humilde. Cesare Lombroso fue un antropólogo (considerado padre de la criminología) que realizó un estudio sobre las características físicas de los delincuentes. Para él, era posible determinar si una persona tenía tendencias delictivas analizando sus características corporales, ya que presentaban rasgos de inferioridad orgánica y psíquica evidentes. Tiendo a creer que Gandini no quiso decir lo que dijo; pero, sin dudas, Lombroso estaría junto a él apoyando la LUC.

Por otra parte, a fines de enero murió electrocutado un adolescente de 15 años tras tocar el alambrado de un campo en Soriano. El empresario rural propietario del campo (de 71 años) manifestó que el dispositivo eléctrico es parte de un sistema de pastoreo que no da una descarga continua, pero que ese día se fue antes y dejó a cargo de la cerca a un empleado que la conectó directamente a la corriente. Lo cierto es que este sistema es algo normal en el campo y se usa para que los animales no atraviesen la cerca; sin embargo, la declaración hecha ante la fiscal no coincide con lo que manifestó a la Policía cuando ocurrió el hecho. En aquel momento declaró que había instalado el sistema para protegerse del robo de ganado, de 330 bolsas de papas y semillas, cada una de las cuales, especificó, vale 33 dólares. Ahora parece que, asesoramiento legal mediante, el culpable sería un empleado bruto. El joven muerto vivía cerca del lugar y no está claro que tuviera intenciones de hurto o abigeato.

Será la Justicia la que, con los peritajes e indagatorias correspondientes, determine el grado de culpabilidad de uno u otro; pero lo que nos concierne son las gravísimas expresiones del futuro titular del MGAP, Carlos María Uriarte: “Ante la falta de protección del Estado, la gente está recurriendo a defenderse por sí sola, armándose y buscando formas de autodefensa”.

Los que conocemos Colombia y Brasil, sabemos muy bien cómo terminó la promoción de las autodefensas por parte de Álvaro Uribe y Bolsonaro. No digo que Uriarte sea un fascista como tales personajes; pero hay que ser más cuidadosos con las expresiones.

El anteproyecto plasma por escrito los deseos más ruines e inconfesables de las familias dominantes del país. En materia de seguridad hay partes que apoyo; pero hay otras cuyo mensaje es: “Disparen tranquilos y pregunten después, que no pasa nada”.

Tengamos cuidado. Apoyemos lo que haya que apoyar, hagamos aportes constructivos en las partes del anteproyecto que lo requieran; pero defendamos con uñas y dientes las conquistas sociales, económicas y políticas de los últimos 15 años. No permitamos que se destroce Ancap ni permitamos que Uruguay vuelva a ser un paraíso fiscal, ni la madriguera de los criminales internacionales, ni un pueblo del Lejano Oeste.

Hay muchos personajes de apariencia delictiva procurando que todo el anteproyecto se convierta en ley tal como está.

 

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