La Justicia federal de Córdoba anunció este martes la identificación de los restos de 12 personas asesinadas durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) en el centro clandestino de detención La Perla, uno de los mayores centros de exterminio que funcionaron durante el terrorismo de Estado.
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El hallazgo fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, que realizaron excavaciones e investigaciones científicas en la zona donde funcionó el centro clandestino.
Los restos óseos con material genético fueron encontrados en un terreno lindero al predio de La Perla, tras una campaña de búsqueda arqueológica desarrollada durante 2025. Según informó el equipo forense, la identificación se logró mediante la comparación de perfiles genéticos obtenidos de los restos humanos con muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas.
Por el momento, las autoridades indicaron que las identidades de las víctimas se darán a conocer una vez que finalice el proceso de notificación a los familiares directos, un procedimiento habitual en este tipo de investigaciones para garantizar el acompañamiento y respeto hacia los allegados.
La Perla: centro clave del terrorismo de Estado
La Perla funcionó como uno de los principales centros clandestinos de detención del aparato represivo de la dictadura en la provincia de Córdoba. Se estima que miles de personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas allí, en el marco del plan sistemático de persecución política desplegado por las Fuerzas Armadas tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
El predio estaba ubicado sobre la ruta que conecta Córdoba con Carlos Paz y dependía del Tercer Cuerpo de Ejército, que comandaba la represión en gran parte del interior del país. Con el retorno de la democracia, el lugar se transformó en Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, donde se desarrollan actividades educativas y de investigación.
Las excavaciones realizadas por el EAAF se concentraron en la zona conocida como Loma del Torito, dentro del área que hoy forma parte de la Reserva Natural Militar La Calera.
Allí se hallaron restos óseos humanos desarticulados y evidencias de antiguas fosas clandestinas. De acuerdo con testimonios recogidos en causas judiciales, en ese sector habrían existido enterramientos que posteriormente fueron removidos para ocultar los crímenes, una práctica habitual del terrorismo de Estado destinada a borrar rastros de las ejecuciones.
El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense
El Equipo Argentino de Antropología Forense fue creado en 1984, poco después del retorno de la democracia, con el objetivo de investigar las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura. Desde entonces, el organismo se convirtió en uno de los referentes internacionales en la identificación de restos humanos vinculados a violaciones de derechos humanos.
El equipo reúne especialistas en antropología, arqueología y genética que trabajan en la recuperación e identificación de víctimas de desaparición forzada. Su laboratorio de genética forense, ubicado en Córdoba, analiza muestras de ADN de restos hallados en fosas o sitios clandestinos y las compara con bases de datos de familiares.
Desde 2006, el laboratorio ha procesado más de 4.500 muestras óseas de personas desaparecidas y cerca de 11.000 muestras de familiares provenientes de más de 20 países, lo que demuestra el alcance internacional del organismo.
Gracias a este trabajo, el EAAF ha participado en la identificación de centenares de víctimas del terrorismo de Estado en Argentina y en otros países, además de colaborar en investigaciones relacionadas con conflictos armados y violaciones a los derechos humanos en distintas regiones del mundo.
Memoria, verdad y justicia
El hallazgo de los restos de estas 12 personas vuelve a poner en primer plano el trabajo científico y judicial destinado a reconstruir la verdad sobre los crímenes de la dictadura y devolver identidad a las víctimas. Para las organizaciones de derechos humanos y los familiares de desaparecidos, cada identificación representa un paso fundamental en el proceso de memoria y reparación, al permitir cerrar décadas de incertidumbre sobre el destino de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Las investigaciones continúan en distintos puntos del país con el objetivo de localizar nuevas fosas clandestinas y avanzar en la identificación de otras personas desaparecidas, muchas de las cuales aún permanecen sin localizar más de cuatro décadas después del fin de la dictadura.