"Modelo autocrático" y "segregación" laboral: penitenciarios cuestionaron proyecto de ley del Ejecutivo
Según la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, el proyecto de ley del gobierno para descentralizar el INR ignora la Ley de Negociación Colectiva.
Trabajadores penitenciarios en contra de artículos del proyecto para descentralizar el INR.
La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (O.Fu.Ci.Pe.) emitió un comunicado en el que denuncia públicamente algunos aspectos contenidos en el proyecto de ley que elevó el Poder Ejecutivo (Ministro del Interior) para descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
La organización acusa a la administración de clausurar los canales de diálogo real y excluir la voz de los trabajadores en las transformaciones que definen su vida laboral.
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El sindicato denuncia que la presentación de este proyecto es un "simulacro de diálogo" que ignora la Ley de Negociación Colectiva.
Critican que se pretenda imponer un plazo de solo 10 días corridos para discutir cambios que afectan el futuro de los trabajadores y sus derechos conquistados.
Modelo de gestión "autocrático"
El sindicato critica la falta de un diálogo genuino y se opone a la creación de un mando "autocrático" concentrado en una sola figura directiva. O.Fu.Ci.Pe. rechaza la centralización del poder en un solo Director General.
Ante lo que consideran una vulneración sistemática de sus derechos, exigen la creación de un Directorio Colegiado de cinco integrantes, donde uno de ellos sea un representante de los trabajadores elegido democráticamente.
"Segregación" entre funcionarios
Además, acusan al Ministerio del Interior de fomentar la desigualdad laboral al otorgar beneficios exclusivos a ciertos escalafones, ignorando el mérito profesional de los operadores civiles.
Denuncian una política que divide a los trabajadores en "clase A" y "clase B". Específicamente, señalan que los funcionarios del Escalafón “L” (Policial) pueden acceder a pases en comisión, beneficio que se le niega al Escalafón “S” (Operadores Penitenciarios), a pesar de que ambos son especialistas en seguridad.
Según el sindicato, esto premia la lealtad política por encima de la carrera administrativa.
Debido a estos motivos, la organización se ha declarado en "estado de alerta y movilización", advirtiendo que si no hay una negociación real para proteger el futuro del sistema penitenciario, el conflicto continuará.
