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Economía

Iecon plantea ampliar medidas de contención económica y prolongarlas durante un año

El Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República publicó un blog con diferentes artículos en la web del Departamento de Economía para aportar distintas visiones sobre los impactos de la emergencia sanitaria, que tendrá «consecuencias económicas muy profundas», según la investigadora Gabriela Mordecki.

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El Portal de la Udelar dialogó con Gabriela Mordecki, Andrea Vigorito y Joan Vilá, investigadores del Instituto de Economía sobre el análisis de la situación económica del país actual y las políticas necesarias para mitigar el impacto económico y social de la expansión del coronavirus.

Mordecki considera que en este momento donde es tan difícil poder tener respuestas certeras sobre el escenario económico o los efectos que esta situación puede tener, «un aporte de investigadores de distintas áreas de la economía es relevante». Agregó que «no hemos estado expuestos a una circunstancia como la actual, es algo inédito, por lo tanto, las medidas o salidas a implementar también son inéditas».

La investigadora del Iecon, enfatizó que esta pandemia «pone en relieve muy crudamente las desigualdades preexistentes en la sociedad», porque «cuando la población es convocada a quedarse en su casa, las posibilidades de poder hacerlo dependen efectivamente de cuál es nuestro lugar en la sociedad, qué tipo de trabajo y qué recursos tenemos, si tenemos un espacio en nuestra casa para trabajar, y si tenemos que cuidar a otras personas, además de otras vulnerabilidades».

Entiende que se plantea una disyuntiva grande, porque con las respuestas no van a remediarse todas las desigualdades y carencias existentes, pero si se tienen que dar respuestas que atenúen el impacto de la crisis para que se amplifique en la menor medida posible. Porque si desde el Estado no está claro priorizar la situación de los más débiles y no generar mayores desigualdades, «podemos salir de esta crisis bastante peor que como entramos».

La investigadora recordó la crisis del 2002, que si bien fue una crisis financiera y no generada por una pandemia, uno de los aprendizajes principales que dejó es que «las respuestas tienen que ser rápidas y prolongadas, porque es muy fácil que la pobreza y la desigualdad aumenten y es muy difícil revertirlas».

Por su parte, Vigorito sostuvo que en este momento nuestro país tiene entre 8 y 9% de pobreza, aproximadamente, pero hay estudios que señalan que existe un 40% de la población que en situaciones adversas podría caer en condiciones de pobreza. En este sentido, señaló que para mitigar la caída de ingresos en los hogares el sistema de transferencias actual «juega un papel fundamental», porque permite, por lo menos, llegar al 40% de la población de menores ingresos. Dentro de ese porcentaje, se encuentran trabajadores con empleos informales, que trabajan por cuenta propia y en otros sectores de actividad golpeados por la pandemia.

Es así que la investigadora entiende que la expansión del sistema de transferencias – asignaciones familiares, Tarjeta Uruguay Social (TUS), pensión a la vejez, entre otras-, llegan a un porcentaje amplio de esa población. Para esto es necesario eliminar las condicionalidades de las asignaciones familiares y restituirlas a aquellos hogares que fueron dados de baja porque no cumplían con la condicionalidad de educación, duplicar las asignaciones familiares y la TUS, y elaborar un mecanismo para aquellos hogares que no tienen menores de 18 años. Asimismo, es necesario considerar el periodo en el cual van a regir estas medidas: «el gobierno lo planteó por uno o dos meses, pero esto debería regir por el plazo de un año».

La idea de Renta Básica Universal también está imponiéndose, señaló, y «puede ser un rumbo adecuado para el sistema de transferencias, siempre que esté acompañado de una reforma de la imposición a la renta y al patrimonio que permita que esto sea financiado en mayor medida por quienes tienen mayores recursos».

En cuanto a los recursos necesarios para financiar estas medidas, el investigador Joan Vilá indicó que es acertado que aporten más los grupos con más capacidad contributiva. Sin embargo, la medida planteada por el gobierno tiene dos problemas principales. En primer lugar, la recaudación estimada (cerca de 20 millones de dólares) no parece representar montos significativos para enfrentar las crecientes necesidades de recursos.

Por otra parte, y desde el punto de vista del diseño de este impuesto, el principal problema es gravar exclusivamente a salarios del sector público y jubilaciones, dejando de lado un importante grupo de ingresos altos. El principal problema, es que al excluir los ingresos de capital (alquileres, intereses por bonos, dividendos), la medida sólo alcanza a una cuarta parte de quienes tienen ingresos por encima del umbral de 80.000 pesos, explicó.

Por lo tanto, desde IECON se plantea que una medida alternativa para implementar a futuro es utilizar el impuesto a la renta ya vigente (IRPF e IASS) para gravar de forma progresiva a todos los individuos de altos ingresos. Esto permite utilizar una estructura ya construida para identificar a los que tienen mayor capacidad contributiva y gravar sus ingresos sin importar la fuente por la cual los perciban. Esto disminuye las inequidades generadas por el aporte al Fondo Coronavirus, además de ampliar el número de individuos que pagan el impuesto y por lo tanto la potencial recaudación, concluyó Vilá.

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