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Incendios: denuncian «falta de previsión y coordinación» de las autoridades

Varias organizaciones sociales manifestaron que los incendios en el norte del país se podrían haber evitado o contenido.

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Uruguay inició el año 2022 «convertido en un infierno» de incendios para las poblaciones de Algorta, Orgoroso, Piedras Coloradas, Tres Bocas, Chapicuy, Arroyo Negro y las familias de productores rurales de la zona, asegura un grupo de organizaciones sociales locales.

Los habitantes de esos lugares, cuentan, pasaron en vilo la noche de fin de año: sin festejos, trabajando para darle de comer a los bomberos o haciendo ellos mismos lo que podían para salvar algo del fuego.

El comunicado lo firmaron Paysandú Nuestro, Gensa (grupo ecológico naturista sanducero), Grupo Amigos de los Humedales (Paysandú), Colectivo de Guichón por los bienes naturales, Cooperativa Tierra pa Todos de Guichón,
Calagüi, cooperativa de apicultores de Guichón; Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), Comisión departamental por los Derechos Humanos, Iglesia Valdense, Intersocial de Paysandú.

Para estas organizaciones las causas accidentales de los focos «no son razón suficiente para explicar la amplitud y gravedad del siniestro». Lo que está sucediendo «evidencia la falta de previsión y coordinación de las autoridades competentes para enfrentar una contingencia que era completamente previsible».

También fallaron, aseguran, las exigencias de seguridad para las empresas forestales involucradas en las zonas.

«Si las causas de esta situación fueran el incendio de una camioneta cargada de pinturas en la ruta, la ola de calor y la sequía, como registra el informe del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), tales circunstancias podrían haberse superado fácilmente si existiera en el área una brigada contra incendios lista y preparada», sentencian.

Las organizaciones afirman que la ley forestal de 1987 y su extralimitación generó 1:065.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos y pinos, con una densidad de hasta 1.400 árboles por hectárea. Esto constituye un riesgo para la generación de incendios.

Empresas forestales

Las organizaciones firmantes dicen que les llama «profundamente la atención la falta de preparación y prescindencia
ante los hechos de las empresas forestales presentes en la zona (Montes del Plata, Forestal Oriental y la Caja Notarial)». Estas empresas «deberían ser las primeras en tener medidas previstas y en actuar frente a lo que las involucra directamente».

Señalan la ausencia de mantenimiento de los cortafuegos y la falta de cuidado en ciertas zonas. Por ejemplo, las franjas de terreno que separan los macizos forestales para impedir que el fuego avance; en lugar de estar limpias estaban cubiertas de hojas y ramas que facilitaban la combustión. «Esa falta de cuidado evidencia la omisión de las autoridades y de las empresas, que tal vez se descansan en tener sus plantaciones aseguradas», dicen.

Organización vecinal

Fueron las vecinas y vecinos, las organizaciones sociales y barriales junto con los bomberos locales quienes se encargaron de hacer frente a los incendios. Así lo aseguran los protagonistas en el comunicado.

Además de los productores rurales vecinos de la forestación existen centros poblados literalmente rodeados donde la distancia a las plantaciones no supera los 30 metros. El riesgo que corren estas poblaciones «es evidente y desde hace tiempo se advirtió que la distancia debía ser del orden de 500 a 1.000 metros, teniendo en cuenta las chispas transportadas por los vientos en medio de un incendio».

Las organizaciones exigen a las autoridades que «asuman la responsabilidad y [realicen una] revisión exhaustiva de las medidas para evitar que se repitan estas situaciones». También reclaman la presencia de una brigada permanente de bomberos en cada zona y la realización de simulacros de acción conjunta entre el Estado, las empresas y los pobladores.

«Los costos de las compensaciones por los daños sufridos, así como de los recursos para ejecutar los planes preventivos necesarios (dotaciones locales de bomberos, reservas de agua, etc.), no deben salir del erario público, sino de las empresas que operan en la región. De lo contrario, estaríamos otorgándoles nuevos subsidios a costa de todos los uruguayos», finalizan.

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