Incertidumbre: Licitaciones de InMujeres en pausa

El 14 de abril la nueva administración del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó a las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y cooperativas que ganaron licitaciones para trabajar en la Red de Servicios por una Vida Libre de Violencia de Género que el llamado de 2019 quedó sin efecto. Los equipos debían comenzar a trabajar en estas licitaciones en mayo. Para no discontinuar los servicios, se prorrogaron las licitaciones 2017-2019 por siete meses.

La licitación pública N° 59/2019 se abrió el 18 de octubre de 2019 y recibió ofertas hasta el 11 de noviembre del mismo año. El llamado se abrió a organizaciones de la sociedad civil (OSC), fundaciones y cooperativas de trabajo para proveer equipos técnicos multidisciplinarios para los distintos dispositivos que conforman la Red de Servicios por una Vida Libre de Violencia de Género en todo el país.

La jerarca de InMujeres, Mónica Botero, declaró en medios de prensa en los últimos días que como el expresidente Tabaré Vázquez no había firmado las licitaciones, ella entendió que tenía “la obligación de revisarlas” pues le costarían al ministerio varios millones de dólares.

La Red de Servicios por una Vida Libre de Violencia de Género, de InMujeres-Mides, está  integrada por 33 servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género en todos los departamentos, 17 equipos de atención a varones que ejercen o han ejercido violencia hacia sus parejas o exparejas, el Equipo Territorial de Montevideo (ETM),ç y 18 Dispositivos de Articulación Territorial (DAT) en los restantes departamentos del país. Nuclea a 220 trabajadoras y trabajadores en todo el territorio.

El plan de trabajo enmarcado en el Sistema Interinstitucional de respuesta integral a la violencia basada en género “debe integrar la detección, orientación, derivación, atención, protección y reparación a las mujeres de todas las edades, víctimas de situaciones de violencia basada en género, de manera tal que la intervención de cada organismo competente sea adecuada, incluyendo la reflexión de las prácticas como estrategia de intervención, y articulada con los servicios prestados por los restantes organismos que integran el sistema de respuesta (como salud, psicosocial, legal, educación, seguridad)”.

El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) se pronunció en contra de la decisión de InMujeres de cancelar las licitaciones. Gulisano explicó que el proceso llevó meses de trabajo para las organizaciones y para el ministerio, que el llamado pasó por el Tribunal de Cuentas, que no hizo ninguna observación.

“El diálogo entre cuatro paredes está agotado”, aseguró a Caras y Caretas Lucía Gulisano, de la comisión de trabajadores tercerizados de Sutiga. Las reuniones con las autoridades, dijo, “no han sido instancias de diálogo, sino de información, sin tener en cuenta la opinión de las trabajadoras”.

Botero aseguró que decidió cancelar las licitaciones para cambiar criterios formales, bajar los requisitos para profesionales que integren los servicios y flexibilizarlos para que ingresen “jóvenes técnicos del interior”.

Gulisano declaró que no entiende a quiénes se refiere Botero cuando dice “jóvenes técnicos del interior” porque en los programas trabaja gente radicada en todos los departamentos y de edades distintas.

El sindicato advirtió, además, que al rebajar los requisitos para el ingreso de profesionales, una decisión que va en contra de los lineamientos internacionales sobre abordaje a la violencia basada en género, se pone en peligro la calidad de los servicios: “Si tenés el servicio abierto, pero con profesionales sin experiencia y sin formación, no son efectivos. Quienes trabajamos en esta temática no entramos a trabajar en atención directa. Es un camino de formación y experiencia”.

El llamado de 2019 tenía como requisitos excluyentes para las organizaciones una trayectoria de trabajo de por lo menos dos años con población vulnerada en sus derechos y la realización de actividades o proyectos específicos en género, violencia doméstica, violencia basada en género o violencia masculina en la pareja por un período no menor a dos años.

Además, exigía que todas las personas que integran los equipos fuesen profesionales universitarios con los perfiles requeridos para los cargos, formación en violencia de género de al menos 20 horas y experiencia en integración de equipos técnicos multidisciplinarios de al menos un año.

Para Gulisano, estos requisitos no pueden flexibilizarse: “No es solo tener ganas de trabajar en eso, hay que tener una mirada técnica profesional y experiencia, porque es compleja la situación de violencia”. Además, remarcó la alta tasa de femicidios y violencia de género en Uruguay. De acuerdo a la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia basada en Género y Generaciones, casi 7 de cada 10 mujeres han vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de su vida.

En la misma línea se expresaron desde la Red uruguaya contra la trata y la violencia sexual. En un comunicado a la opinión pública del 11 de mayo se pronunciaron sobre la resolución de InMujeres luego de mantener una reunión con Botero. Para la Red “se hace imposible” mantener los servicios en las condiciones explicitadas en la ley 19.580 de violencia basada en género si se bajan los requerimientos a las organizaciones y a los técnicos y profesionales que realizan las tareas.

Condiciones laborales

Gulisano declaró que para el sindicato hay dos grandes preocupaciones: las condiciones laborales y la calidad y continuidad de los servicios.

Las 220 personas que trabajan en los servicios de atención no saben qué sucederá con sus puestos laborales. Las OSC, fundaciones y cooperativas que ganaron la licitación tenían trabajo asegurado por dos años y a 15 días de comenzar los nuevos proyectos, eso desapareció. La prórroga de siete meses, explicó Gulisano, podría cortarse en cualquier momento si el organismo decide convocar a otra licitación o comenzar otros proyectos. “La situación actual es de precarización e inestabilidad” porque “está en juego la continuidad del trabajo cuando hubo una licitación que la OSC concursó y ganó”; además, si continuaran, tampoco saben en qué condiciones lo harán.

Desde InMujeres no les han comunicado en qué condiciones se realizaría el nuevo llamado. En otros programas, como ETAF y Uruguay Trabaja, el Mides está cambiando el modo de contratación.

El organismo no quiere trabajar más de forma tercerizada para evitar “irregularidades”. Sin embargo, dijo Gulisano, “se niegan a hacer más controles y mejorar el trabajo”.  En el programa ETAF, por ejemplo, a partir del 31 de mayo se reducirá el personal y pasarán a contratación por unipersonal.

El sindicato está en contra de la contratación por unipersonal porque “elimina derechos” para trabajadoras y trabajadores que “ya están en una situación precaria”. Una persona contratada como independiente no tiene seguro por enfermedad, licencia o aguinaldo, debe aportar por su cuenta, no se puede agremiar ni solicitar bipartitas o tripartitas si lo necesita; en cambio, debería contratar a una abogada o abogado para llevar adelante cualquier procedimiento frente al ministerio. “No somos profesionales liberales, esto es una imposición”.

Botero declaró días atrás que el sindicato se queja porque se tocan intereses económicos y políticos. Gulisano respondió a estas afirmaciones asegurando que están defendiendo condiciones de trabajo dignas frente a la “imposición de una nueva modalidad” en una licitación ya hecha y que sus evaluaciones son, en primer lugar, de carácter técnico.

Caras y Caretas intentó comunicarse con la jerarca para realizar este artículo, pero no fue posible.