La certeza jurídica, el respeto a la propiedad privada, la libertad de empresa, las reglas claras y permanentes para la inversión, el impulso al emprendedurismo, han sido asegurados por los últimos gobiernos que ha tenido el país y ellos explican el dinamismo que ha logrado alcanzar el sector de la industria, a pesar de los problemas existentes tanto a nivel local como internacional.
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También se ha apostado a la generación de un entorno competitivo para las empresas del sector, como medio para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y social.
Otro aspecto particularmente relevante para el sector industrial refiere a la estrategia de política comercial que ha sido planteada por el gobierno uruguayo, ya que la industria necesita mejorar sus condiciones de acceso comercial en terceros mercados, para lo cual resulta prioritario negociar -junto al Mercosur- acuerdos comerciales bilaterales de alcance profundo.
En ese sentido, Uruguay ha mantenido una posición activa en el ámbito internacional, a través de la cual obtuvo tradicionalmente importantes beneficios comerciales, pero dado el tamaño de nuestro país y de las características de dichas negociaciones, su poder negociador es limitado.
Alineado a esta estrategia de inserción externa, muchos de los instrumentos de política comercial que Uruguay utiliza para otorgar condiciones de competencia a la industria, principalmente a las ramas de mayor orientación exportadora, han sido preservados y en algunos casos perfeccionados.
En cuanto a la infraestructura -una de las principales fuentes para la mejora de la competitividad de los sectores transables-, en los últimos años se ha acelerado el proceso de fortalecimiento de la red física, principalmente la asociada al transporte y a la energía.
Para ello, se ha aumentando la participación del sector privado, especialmente en proyectos vinculados al transporte ferroviario, al desarrollo portuario y al sector energético, fundamentalmente en lo que refiere a la generación de energía eólica, un sector en el que el país se ha convertido en líder regional y mundial.
En ese sentido, se ha apostado fuertemente a la diversificación de la matriz energética, cuyo objetivo primordial ha sido evitar la dependencia en pocos recursos, muy dependientes de factores no controlables por el país (precio internacional del petróleo y cambios climáticos).
Hoy el país aún cuenta con una fuerte capacidad instalada para la generación de niveles relevantes de energía a través de recursos no tradicionales como la biomasa y la energía eólica. La misma deberá tener en cuenta no sólo los aspectos socioeconómicos, sino también los medioambientales.
El foco de la estrategia ha tendido a alcanzar una diversificación energética y con ello ha colaborado en el desarrollo industrial y la captación de nuevas inversiones, tanto en lo relacionado con la seguridad de abastecimiento como en el acceso a insumos energéticos a costos competitivos.
Desde el gobierno -y concretamente desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)-, se han adoptado acciones de política industrial, bajo un enfoque público privado, con responsabilidades compartidas. Tanto en el sector público como en el privado, existen programas de apoyo a la innovación, al desarrollo empresarial, a la internacionalización y los vinculados a la gestión medioambiental, entre otros.
Dada la necesidad de incrementar la competitividad de las empresas industriales, se apuesta a que dichos programas se fortalezcan y se desarrollen más aun.
El Estado ha jugado un rol importante en este campo, especialmente en lo que refiere a la creación de un ambiente de negocios que ha buscado hacer atractiva la actividad empresarial y así lograr captar la inversión en los niveles requeridos para alcanzar un desarrollo sustentable.
Junto al gobierno, partidos políticos, empresarios, trabajadores y demás organizaciones sociales deben sumar esfuerzos para diseñar un futuro común, que asegure la generación de riqueza y empleo.
Apoyo energético
Paralelamente y a efectos de mejorar las condiciones de competitividad de la industria local, el mes pasado el Poder Ejecutivo, a instancias del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), renovó programas de beneficios para sectores productivos.
La lista de beneficios es la siguiente.
-Beneficio comercial para empresas industriales del sector arrocero relevadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Abarca los consumos de marzo a mayo de 2019. El beneficio consiste en un descuento de 15% sobre el cargo de energía sin IVA y se estima en 15 millones de pesos. En 2018, 29 aplicaron para este programa, con un total de 104 suministros.
-Beneficio comercial para suministros identificados con usos eléctricos de riego con fines productivos. Abarca los consumos de noviembre de 2018 a marzo de 2019. Representan unos 85 millones de pesos. El beneficio comenzará en la factura de enero de 2019 y continuará por cinco meses. El descuento es de 15% sobre el gasto total de conceptos energéticos (energía, potencia contratada y cargo fijo) sin IVA. Este beneficio fue otorgado en el mismo período del año anterior.
-Beneficio comercial para los productores lácteos. Se extenderá por seis meses, sobre los consumos de noviembre de 2018 a abril de 2019. El descuento para los productores con potencia contratada menor o igual a 15 kW será de 80% sobre el cargo de energía, para los primeros 500 kWh de consumo. Para los productores con potencia contratada superior a 15 kW, el descuento será de 15% sobre el cargo de energía. Durante junio de 2017 y marzo de 2018 se benefició a 3.639 productores lácteos por un monto total aproximado de 103 millones de pesos. Se prevé que en esta edición de los beneficios se destinen cerca de 70 millones de pesos. Además, UTE asesorará a estos clientes con el objetivo de orientarlos hacia las opciones tarifarias más convenientes.