Un nuevo proyecto de ley, que afectará al pueblo venezolano, viene siendo impulsado por el congresista norteamericano Marco Rubio.
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El representante republicano, Marco Rubio, presentó hace varios meses, un proyecto de ley, que de forma resumida se presenta como ‘‘BOLIVAR Act’’ (por sus siglas en inglés).
Titulado en inglés como ‘‘Banning Operations Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime Act’’, el proyecto de ley significa la “Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano”.
El objetivo del proyecto, introducido en enero de 2021, ante la Cámara de Representantes, es “ampliar el cerco contra el Gobierno venezolano que preside Nicolás Maduro, y extender prohibiciones de negocios a particulares que deseen invertir en el país, so pena de la aplicación de sanciones y la imposibilidad de hacer negocios en Estados Unidos o con sus socios en el mundo”, consigna el diario venezolano Últimas noticias.
Junto al republicano, muy conocido por sus posiciones derechistas, el proyecto es acompañado por los senadores republicanos Rick Scott y Thom Tillis y por la representante demócrata, Jacky Rosen.
“Debemos asegurarnos que las agencias federales de EE.UU. no otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen de Maduro”, expresó Marco Rubio, luego de presentar el proyecto.
En ese mismo sentido, se pronunció el senador republicano, Rick Scott, quien defendió la propuesta afirmando la intención del proyecto de que no pueda usarse “ni un centavo de los contribuyentes estadounidenses (…) en apoyo a este régimen”, en referencia al Gobierno legítimo de Venezuela.
El medio de prensa recuerda como, a pesar de las sanciones impuestas, desde 2017, por el Departamento del Tesoro norteamericano, contra el presidente venezolano, la falta de propiedades o bienes en ese país, motivó que las sanciones “solo afectaron los negocios con instituciones gubernamentales de Venezuela”.
Ello determinó, que se cerraran toda “posibilidad de compras de alimentos, medicinas y bienes y servicios para el país en su conjunto, y no solo para los altos cargos de la administración pública”.
En el escenario actual, algunos inversionistas radicados en Estados Unidos, tramitan posibles negocios con el gobierno bolivariano, ello ha sido definido por Rubio, como “una brecha” a cerrar.
En caso que el proyecto fuera aprobado, este no tendría carácter retroactivo y “solo se aplicaría a los contratos realizados durante o después de la promulgación del proyecto de ley”.
En un apartado especial, se prevé que se permita “seguir haciendo negocios con funcionarios de la anterior Asamblea Nacional que presidió Juan Guaidó”.
Una disposición que desconoce, que el “autoproclamado”, ha cesado en sus funciones, de acuerdo a lo que disponen las normativas legales de Venezuela.
Esta excepción, señala el diario venezolano, aseguraría poder “seguir otorgando financiamiento “legal” a la oposición a Maduro con los subterfugios de “ayuda humanitaria” o “negocios con el gobierno interino”.
La propuesta, que cuenta con apoyos de otros 15 representantes en el Senado, se alinea a lo expresado por Joe Biden, respecto a su negativa de realizar contactos con Nicolás Maduro.
En este sentido, voceros de la nueva administración, han informado que, para el presidente norteamericano su interlocutor, para los asuntos que competan con Venezuela, será el ex diputado Juan Guaidó, “quien ya no tiene representación legal en el país ni contrala ninguno de los poderes del Estado”, resalta Últimas noticias.
Una posición que, al desconocer las disposiciones legales de Venezuela, da una medida de la siempre pronta injerencia norteamericana en los asuntos internos de otros países.