Colombia, la oportunidad progresista

El candidato Gustavo Petro denunció un intento de asesinato en su contra. La noticia levantó las alarmas, pero no sorprendió: la posibilidad de un ataque contra el candidato progresista en Colombia siempre estuvo sobre la mesa. En las elecciones del 2018 ya había ocurrido un atentado en Cúcuta, zona productora de coca, fronteriza con Venezuela. Esta vez los riesgos son particularmente altos debido a que el dirigente progresista encabeza las encuestas de cara a la primera vuelta del 29 de mayo.

El posicionamiento de Petro como favorito lleva varios meses. Las pasadas elecciones primarias y legislativas evidenciaron la fortaleza de quien encabeza el Pacto Histórico. Ese 11 de marzo, mientras en simultáneo asumía Gabriel Boric en Chile, Petro logró más de 4 millones de votos, y Francia Márquez, ahora candidata a vicepresidenta en su fórmula, 700.000 mil. Esa medición interna para definir candidatos de coaliciones, tuvo su correlato en el Senado y el Congreso, con un buen desempeño de la alianza progresista y de izquierda: 20 y 25 curules respectivamente.

Así como estaba prevista la fortaleza de Petro, lo estaba la debilidad de la actual fuerza de gobierno: el Centro Democrático, de donde proviene el presidente Iván Duque, conducido por Álvaro Uribe Vélez. El ex mandatario, quien gobernó entre 2002 y el 2010, dejó como sucesor a Juan Manuel Santos para luego enfrentarse al mismo, se encuentra cuestionado social, judicial y políticamente como seguramente nunca pensó que sería posible. “Expropiaron mi reputación”, declaró a principio de mayo enfrentado a la justicia.

La crisis del uribismo se tradujo en el retiro de su candidato presidencial, Óscar Zuluaga, que le dio su apoyo a quien aparece ahora segundo en las encuestas, Federico “Fico” Gutiérrez, quien en marzo quedó al frente de su coalición Equipo por Colombia con 1.8 millones de votos, y aparece como segundo en las encuestas, apostando a llegar a un balotaje contra Petro. Un uribismo apertrechado detrás de un candidato tercero: impensable años atrás para quien era todopoderoso y ahora luce como el otoño del patriarca.

El estallido

A final de abril del 2021 un paro y estallido social ocupó las principales ciudades de Colombia. Se organizaron primeras líneas de jóvenes de barriadas populares, se bloquearon carreteras, multitudes correaron “Uribe paraco hijueputa” con ritmo de batucada. Los epicentros fueron Cali, en el Valle del Cauca, al sur del país sobre el Pacífico, una de las principales zonas de cultivo de coca, narcotráfico y violencia, y Bogotá, capital del país.

Las protestas duraron hasta mediados de julio, y fueron una continuidad, en una dimensión mayor, de las grandes movilizaciones del 2019 y 2020. El gobierno, ante la magnitud del estallido optó, por un lado, por manifestar un reconocimiento a algunas demandas, al malestar social. Por el otro, descargó una respuesta centrada en el concepto de enemigo interno, afirmando enfrentarse al “terrorismo urbano de baja intensidad” y una “revolución molecular disipada”. La consecuencia fue doble: el uribismo militarizó las protestas y desplegó a su vez a fuerzas paramilitares disparando armas de fuego a plena luz del día y cara descubierta.

El saldo fue, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 84 homicidios con participación de la fuerza pública en más de la mitad, 96 víctimas de trauma ocular, 35 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 2053 detenciones arbitrarias contra manifestantes. Y terror, con helicópteros sobrevolando barrios en la noche, cuerpos desmembrados en ríos, las prácticas de una fuerza política acostumbrada a moverse en clave de guerra interna.

Los casi tres meses de estallido galvanizaron un sentimiento anti-uribista profundo en capas juveniles. El señalamiento del ex presidente provenía de las movilizaciones del 2019, fue ampliado por la serie Matarife que viralizó la historia de Uribe nacida de la mano con el Cartel de Medellín a principio de los años 80, alcanzó una nueva masividad en el 2021 en el marco de un país marcado por una violencia diaria: en el 2020 ocurrieron 91 masacres con 381 víctimas, en el 2021 fueron 96 con 338 persona asesinados, y en lo que va del 2022 ya ocurrieron 36 masacres con 133 víctimas.

A esos números se suman los asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: 171 líderes y 43 firmantes asesinados en el 2021, 59 líderes y 17 firmantes en los cuatro primeros meses del 2022. ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?, decía una remera en una de las tantas protestas del año pasado.

Extremos y centros

El mapa político al finalizar los meses de estallido quedó organizado en una cartografía de tres sectores: Petro con el Pacto histórico a la izquierda, el uribismo fuertemente cuestionado a la derecha, y un autodenominado centro, con un discurso “contra los extremos”, equiparando a Petro y el uribismo. Esa tercera opción, encabezada por Sergio Fajardo, no logró hacer pie y tiene escaza posibilidad de disputa para el 29 de mayo, situación que lo llevó a evaluar una posible alianza con otro candidato presidencial, Rodolfo Hernández, con perfil de outsider y discurso anti-corrupción.

El uribismo, como se preveía, quedó fuertemente cuestionado socialmente y optó por refugiarse detrás de Gutiérrez. Éste afirma no ser un “gallo tapado” del uribismo, aunque el candidato del Centro Democrático haya desistido y llame a votarlo, o quien lleva sus cuentas de su campaña sea el auditor del partido de Uribe. Para sostener su posición alega, por ejemplo, que el presidente Duque le ofreció el cargo de ministro de Defensa que rechazó.

Gutiérrez busca no quedar asociado al uribismo que puede restarle apoyos. No solamente por lo expresado en las protestas, sino porque el pasado de Uribe no deja de regresar. En días recientes varios militares reconocieron su involucramiento en los llamados falsos positivos, una política de las Fuerzas Armadas para asesinar a civiles, vestirlos de guerrilleros, y luego presentarlos como “bajas en combate” para mostrar éxito en la lucha contra las guerrillas. La política se centró entre 2002 y 2010, es decir los mandatos de Uribe, asesinando a más de 6.000 personas, campesinos, humildes. La revelación ocurrió mientras el país descubría, en simultáneo, un nuevo caso de falso positivo, esta vez en Putumayo, a tan solo semanas de las elecciones.

La confrontación presidencial quedó entonces centrada de cara al 29 de mayo entre el Pacto Histórico y Gutiérrez/el uribismo: el primero tiene 43.6% de intención de votos y el segundo 26.7%, según la encuestadora Invamer. La coalición liderada por Petro, quien había llegado segundo en 2018, logró conformarse como alternativa para romper con el modelo de neoliberalismo, narcotráfico y masacres, con la propuesta de “una política por la vida”, énfasis en la transición energética, modificación del sistema de pensiones, y democratización del acceso a la tierra.

Las elecciones de marzo mostraron además el buen desempeño de Petro en las zonas más movilizadas durante el estallido, resultado electoral que se sumó a un saldo organizativo en esos territorios, importante para la misma campaña. La candidatura como vicepresidenta de Francia Márquez, mujer negra, defensora de medio ambiente, feminista, consolidó ese apoyo popular.

La posible segunda vuelta

Petro lograría 52.4% en una segunda vuelta, contra 45.2% de Gutiérrez, según la misma encuesta publicada a final de abril. El objetivo del Pacto es ganar en primera, es decir superar 50%, un resultado que luce difícil. El de Gutiérrez es llegar a segunda para, calcula, reunir una coalición de todos contra Petro. Uno de los partidos claves en la disputa de alianzas es el Partido Liberal, cuyo jefe, el ex presidente César Gaviria le dio el apoyo a Gutiérrez, pero varios sectores, como las juventudes, llamaron a votar por Petro, quien también logró respaldos de sectores del Partido Verde o de ex integrantes del Partido de la U.

Petro aparece como el candidato progresista con mayores posibilidades de victoria en mucho tiempo. En ese escenario ocurrió la denuncia de intento de asesinado donde, según reportó la prensa, cinco sicarios fueron contratados para la operación, con un pago 500 millones de pesos cada uno, cerca de 125.000 dólares. La amenaza de muerte a un candidato trae memorias recientes: en las elecciones del 1990 fueron asesinados tres aspirantes presidenciales, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, y Carlos Pizarro.

Para llegar a la Casa de Nariño, Petro deberá sortear las amenazas de las últimas semanas anteriores a la elección y las que seguramente ocurran el día de la contienda. En marzo pasado, por ejemplo, el Pacto Histórico reclamó la no contabilización de miles de votos a su favor: 500.000 en total, que finalmente fueron recuperados. El sistema electoral colombiano ha demostrado sus fallas en varias oportunidades, como con el caso de la compra de votos en las elecciones del 2018, en ese caso a favor de Duque, a través de sectores ligados al narcotráfico.

La elección en Colombia es mirada con atención en un continente donde las fuerzas progresistas han logrado triunfos en los años recientes, a la vez que demostrado fragilidades a la hora de gobernar. El país con costa sobre el Pacífico y el Caribe, principal productor de cocaína del mundo con destino principal a Estados Unidos y Europa, podría ser parte del mapa de gobiernos progresistas. Esa posibilidad desata reacciones esperables por parte de sectores internos acostumbrados a concebir a Colombia como su finca.

Washington por su parte puede tener diferentes lecturas ante una elección que enfrenta a Gutiérrez, aliado al uribismo que hizo campaña por Donald Trump en el 2020, y a Petro, que se enmarca en cierta moderación actual de las progresías latinoamericanas. Colombia es para Estados Unidos uno de los países más importantes en la región. Quien llegue a la Casa de Nariño tendrá cuatro años sin reelección para modificar o mantener el statu quo colombiano en un momento de crisis internas y globales.

Marco Teruggi