La economía cubana sigue buscando medidas para salir a flote en mitad de un bloqueo que la tiene asfixiada y algunos creen que las criptomonedas pueden ser una solución.
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Desde el 26 de abril de 2022, Cuba autorizó a los servicios y plataformas de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, a través de una legislación que regula la entrega de licencias a compañías que deseen llevar a cabo actividades de intercambio como negocio.
Según la Gaceta Oficial No. 43 Ordinaria, que recoge una resolución del Banco Central de Cuba, esta entidad dispone que aquellas personas naturales o jurídicas que deseen operar servicios con bitcoin y activos virtuales, deberán optar por una licencia ante el organismo.
Del mismo modo se establece que aquellas entidades que no operen bajo esta licencia y deban hacerlo, enfrentarán sanciones según la regulación bancaria y financiera ya vigente en el país.
Así, la Gaceta dispone que esta resolución entrará en vigencia a partir de los 20 días de su publicación, es decir, desde el próximo lunes 16 de mayo. También se establece que las licencias serán prorrogables por un segundo año.
«Las licencias como proveedores de servicios de activos virtuales son aprobadas por período de un año, prorrogable por un segundo año, dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad.» Gaceta Oficial del Banco Central de Cuba
También destaca entre las disposiciones del banco que los operadores no pueden detener sus servicios sin autorización de la entidad central. “Los proveedores de servicios de activos virtuales no pueden cesar sus operaciones sin autorización del Banco Central de Cuba”, reza el documento.
Si aumentan las sanciones financieras por parte de EEUU, se pueden preparar para ese escenario, no tanto como para tener una economía basada en criptomonedas, sino como alternativa para las operaciones internacionales.
De esta manera, Cuba da un paso más al frente para adoptar Bitcoin y su industria.
Con esta nueva legislación, podrían empezar a surgir empresas locales para operar con criptomonedas, como también a empresas extranjeras que deseen prestar sus servicios en el país caribeño.
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