La eventual participación de Uruguay en un esquema para recibir personas deportadas desde Estados Unidos, luego de las versiones surgidas a partir de un artículo publicado por The New York Times, abrió un debate que, según la integrante del Área de Migración del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Valeria España, aún no ha sido considerado en los ámbitos institucionales competentes.
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España explicó la postura de Uruguay.
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Entrevistada en el programa Legítima Defensa, de Caras y Caretas, España sostuvo que la propuesta no ha sido discutida en la Junta Nacional de Migraciones, órgano asesor del Poder Ejecutivo encargado de analizar las políticas migratorias.
"La discusión está en ciernes, pero no hay nada definido", afirmó. En ese sentido, señaló que cualquier iniciativa de esa naturaleza debería ser evaluada por la Junta Nacional de Migraciones, integrada por organismos públicos y representantes de la sociedad civil a través del Consejo Consultivo Asesor de Migración.
Uruguay y la migración
España sostuvo que Uruguay ha construido una política migratoria basada en los derechos humanos y que ese marco resulta incompatible con mecanismos de tercerización de deportaciones impulsados por otros Estados.
A su juicio, las experiencias desarrolladas en Europa muestran los riesgos de este tipo de acuerdos. Mencionó los casos del Reino Unido con Ruanda e Italia con Albania, iniciativas que enfrentaron cuestionamientos judiciales y de organismos internacionales.
Asimismo, recordó que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, en informes publicados entre fines de 2025 y 2026, exhortó a los Estados a abandonar este tipo de mecanismos por considerar que afectan derechos fundamentales, entre ellos el principio de no devolución de personas solicitantes de asilo.
Distintas experiencias
Durante la entrevista, España afirmó que la situación no puede compararse con los programas humanitarios implementados anteriormente por Uruguay para recibir personas provenientes de Siria o exdetenidos de Guantánamo.
Explicó que aquellos casos respondieron a programas específicos de asilo y protección internacional, diseñados para atender situaciones de conflicto, persecución o graves violaciones de derechos humanos. En cambio, sostuvo que un eventual acuerdo para recibir personas deportadas desde Estados Unidos implicaría subordinar la política migratoria uruguaya a las decisiones de otro Estado.
Política de EEUU
También cuestionó el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y sostuvo que las acciones desarrolladas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido observadas por organismos internacionales debido a denuncias de detenciones masivas, separación de familias y otras vulneraciones de derechos.
La especialista vinculó este escenario con el crecimiento de discursos que presentan a las personas migrantes como una amenaza y advirtió que esa narrativa también se ha extendido a distintos países europeos.
Finalmente, sostuvo que el principal desafío para Uruguay continúa siendo fortalecer una política migratoria basada en los derechos humanos y enfrentar fenómenos como la xenofobia y la discriminación, en lugar de adoptar mecanismos de externalización de deportaciones promovidos por otras naciones.
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