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Sindicales

Intransigencia del Poder Ejecutivo impide avance en conflicto de bancarios

La discusión de un nuevo convenio colectivo y la resistencia a la reducción de personal en los bancos del estado ha llevado al sector a un conflicto. Paros en el interior, marchas en el Este, entre otras medidas han marcado las semanas que van desde fin de 2021 y el comienzo de este año. Las negociaciones están en punto muerto.

Desde hace semanas los trabajadores de la banca pública se encuentran en conflicto en demanda de un nuevo convenio colectivo, recuperación salarial, ingreso de personal y defensa de las empresas públicas. En este marco han realizado movilizaciones y no descartan nuevas medidas. Lorena Lavecchia y Matías Arbizu, presidenta y secretario general del sector Financiero Oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) dialogaron con Caras y Caretas para explicar las causas de este conflicto. El siguiente es un resumen de la entrevista.

“El conflicto que llevamos adelante en realidad es la continuidad de una discusión que teníamos desde hace ya varios meses, quizás un año o más, producto de la eliminación de vacantes en el planteo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)”, explicaron Lavecchia y Arbizu. Se refiere al instructivo que fuera repartido en 2021 a las empresas públicas para la reducción de vacantes. Agregaron que la situación “nos llevó a movilizaciones y varias reuniones con el Poder Ejecutivo y con Planeamiento, en donde en cierta forma se logró avanzar en algunos bancos puntuales. No obstante la eliminación de personal está originando dificultades muy grandes en los bancos oficiales”, aclararon. Indicaron que se realiza sin evaluación ni un estudio real que lo justifique. “Esto dicho directamente por el titular de la OPP, Issac Alfie. Los recortes son al barrer, no miran absolutamente nada. Lo que pasa en los bancos oficiales: la cantidad de personal es muy limitada donde la atención al público se ve perjudicada. Directa e indirectamente, no solo la atención presencial sino las áreas de apoyo que mueven información que también vienen con eliminación de personal muy grande”.

Agregaron que en este marco “hay un avance en cuanto a las privatizaciones porque estas áreas siguen existiendo, alguien realiza las tareas y pone en peligro las tareas de los bancos oficiales. De hecho una de las resoluciones tomadas por el Banco República para cumplir con el instructivo de la OPP fue eliminar todas las vacantes del sector de servicios auxiliares. Todas. Y es un área que no solamente es la atención de las porterías de los edificios, que es importante, que está prácticamente privatizada, sino que además hay áreas centrales con una importancia estratégica que también se ven afectadas, como por ejemplo el sector transporte de valores. Si no hay ingresos urgentes en el sector, no van a quedar funcionarios para mantener el servicio y eso impacta directamente en la gente”. Advirtieron que “si no hay transporte de valores, no podrá funcionar el servicio y la gente no va a tener de donde sacar la plata. No la va a mover el Banco República, la va a mover otro. Y eso es un riesgo muy grande y un poder muy grande para un tercero que venga a realizarlo”.

Para Lavecchia y Arbizu se trata de la profundización de planteos de larga data. “Antes se planteaba llenar dos tercios de las vacantes y quedaba un tercio que no se eliminaba pero no se llenaba. A partir del instructivo de OPP en 2020 lo que se hace es eliminar todas las vacantes que no se llenaron a diciembre de 2019. Eso genera todos los problemas que vienen a continuación”, sostuvieron.

“Con el tema de las privatizaciones ya hemos demostrado que le sale más caro a los bancos oficiales mantener esas privatizaciones que tener funcionarios propios para realizar esas tareas”, precisaron. Y destacaron que en esos sectores privatizados los trabajadores cobran en el entorno de $ 100 o $ 150 la hora, unos 106 nominales. Sin embargo el banco paga $ 200 la hora al propietario de la empresa, que “es lo mismo que saldría un trabajador genuino del banco”.

Señalaron que estas contrataciones, además, permiten recaudar impuestos. “Con las contrataciones a empresas el gobierno recauda IVA. Por los salarios bajos de los trabajadores no recaudan IRPF, pero sí recaudan IVA. Además bajan el rubro 0, de donde salen todos los salarios. Como hay trabajadores de empresas contratadas el dinero sale de otros rubro y entonces pueden decir bajamos los salarios, lo cual es mentira porque lo que hacen en bajar un rubro y subir en otro. Y no tenemos personal para controlar que esas empresas estén en regla con sus trabajadores”.

“Tenemos trabajadores privados trabajando para el Estado en condiciones absolutamente precarias”, precisaron, y señalaron que hay contratos jornaleros, “no tienen acceso a sus propios contratos de trabajo, pueden ser despedidos en cualquier momento, no se les asegura un mínimo de horas o tareas, ningún tipo de beneficio social. Por lo pronto el banco no puede controlar que esto no suceda”.

“Ese es el combo: eliminan al personal presupuestado, toman personal precario lo que aumenta los costos, porque así queden empatados respecto a lo salarial en lo que respecta a capacitación de esos trabajadores, ahí hay perdida de dinero. Son horas y horas enseñándole a la gente a trabajar para que a los seis meses se vaya y venga a otro”, agregaron.

Por esta razón, indicaron, surgen los problemas de atención al público. “Es un tema que si bien no empezó con este gobierno, pero si la conjunción de intereses de lo público y lo privado con personas trabajando en empresas públicas en clara vinculación con empresas privadas. En este momento se están pagando dos millones de dólares por tareas que puede desarrollar el banco. Son dos millones mensuales en comisiones a las redes de cobranza cuando tenemos vinculaciones”.

 

Convenio colectivo

Más adelante señalaron que en el medio de esta coyuntura surge la negociación por el nuevo convenio colectivo. “Por eso decimos que es una continuidad, al no haberse cerrado la discusión anterior continúa introduciendo otro elemento. En particular está el tema del salario y de la incorporación de la Agencia Nacional de Vivienda. Esos son los dos puntos centrales que se introducen en la discusión”.

Respecto al salario indicaron que el planteo del Poder Ejecutivo es de rebaja salarial. “Se propone un ajuste de un 5,8% futuro, con inflación futura sin reconocer la pérdida salarial generada por la diferencia inflacionaria del año pasado. Es decir un ajuste por inflación futura y la diferencia a fin del año pasado estaba en el torno al 3%”.

Explicaron que “se da en el marco de bancos oficiales con ganancias en cientos de millones de dólares, donde por ejemplo el Banco de Seguros tiene ganancias históricas en medio de la pandemia, donde el Hipotecario plantea ganancias por encima de la media, y el Banco República mantiene, en términos generales, la ganancia como la venía llevando. No hay un problema de rentabilidad sobre la mesa. La eliminación de personal, que está en el entorno del 11% de todos los trabajadores del sector, generó un ahorro de un 7 y pico por ciento en el rubro 0 .Y además el nivel de eficiencia en el sistema financiero oficial es el más alto de todo el sistema financiero. Los trabajadores son los más eficientes de todo el sistema. O sea que no es por el lado de la rentabilidad ni la eficiencia, no hay una cuestión económica sobre la mesa. Hay un planteo político directo de ataque a los trabajadores e intento de rebajar el salario. No hay otra explicación que el ataque a los trabajadores”.

A lo largo de este proceso el sindicato ha realizado propuestas para avanzar en los temas y ha aportado elementos de análisis técnicos y jurídicos. Sobre la incorporación de la Agencia Nacional de Vivienda señalaron que es un tema de larga data y un acto de justicia. Explicaron que el rubo en el que se mueve es la intermediación financiera, “las ganancias que tiene son a partir del rubro financiero y por tanto debe estar incluida en el convenio colectivo de la banca oficial. Desde el punto de vista jurídico no hay absolutamente nada que lo impida al Poder Ejecutivo hacerlo”.

Pero hasta el momento no hay avances. “La realidad es que la negociación al día de hoy continúa estancada. Tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo y la plana mayor del ministerio a fines de diciembre intentado destrabar la situación. Volvimos a reunirnos el viernes de la semana pasada en el Ministerio de Trabajo, en donde se continuó sin avanzar, donde el Ministerio de Trabajo no cumplió con lo acordado el 30 de diciembre en cuanto a que tenía que llevar una propuesta concreta y no la hay. Lo único queda claro es el planteo de la OPP en cuanto al ajuste salarial”.

“Uno no va al conflicto por el conflicto en sí”, sentenciaron. Y agregaron que la voluntad es de negociar, “pero no tenemos buenos interlocutores y tampoco propuestas concretas. Nosotros no podemos aceptar la rebaja salarial. No hemos encontrado ni contrapropuestas no tenemos un planteo coherente ni siquiera para plantearlo en la asamblea de los trabajadores”.

Sobre las medidas de lucha recordaron que por mandato de asamblea, el consejo tiene absoluta libertad para adoptar las medidas que considerepertinente. “La asamblea nos mandató a defender el convenio colectivo y a obtener nuevas conquistas de la manera que la dirección lo considere”, subrayaron.

“Estamos evaluando medidas. Paros, incluso ocupaciones, estamos con manos libres para hacer lo que consideremos conveniente. Nosotros estamos apelando a que los trabajadores se vean lo menos posible afectados en cuanto a las medidas. Pero no sabemos cuanto podemos sostenerlo”, precisaron.

“La realidad es que esto está en el punto en que está por la intransigencia del Poder Ejecutivo y un ataque a los trabajadores en cuanto al salario y a los trabajadores en general en cuanto al ataque a las empresas públicas que unicamente beneficia a los privados”, concluyeron.

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