Esquizofrenia ministerial: Javier García ¿opositor o ministro?

“…En los 20 kilómetros de frontera van a cumplir tareas que son colindantes con las policiales, patrullaje, de prevención y represión del delito. No vamos a hacer menos de lo que la ley permite hacer…”.

“…Y les voy a poner un ejemplo que en Uruguay desgraciadamente tenemos muy grave: el narcotráfico, que pasa por las fronteras y después termina acá en la esquina. Para que haya crimen organizado en el país tuvo que pasar por la frontera…”.

“…Las tareas de seguridad interna son de la Policía, pero obviamente que ya las Fuerzas Armadas (FFAA) cumplen tareas de contribución a la seguridad interna en lo que es materia de prefectura, en lo que es policía aeronáutica y ahora se amplió en una franja de frontera que es la quinta parte del territorio nacional…”.

“…En los 20 kilómetros de frontera van a cumplir tareas que son colindantes con las policiales, patrullaje, de prevención y represión del delito. No vamos a hacer menos de lo que la ley permite hacer. Además, en un país donde se ha utilizado las Fuerzas Armadas para levantar basura, me imagino que contribuir a que Uruguay sea más seguro nadie se opondrá…”.

“…¿Vamos a regalar nuestras riquezas? ¿Vamos a permitir que nuestro espacio aéreo sea un festín para el crimen organizado? Por ese mismo problema ideológico fue que tampoco se aplicó la custodia en las fronteras. Se votó por unanimidad, pero en la campaña electoral no se quiso poner en funcionamiento

Acuérdense que estaba simultáneamente el debate por la reforma que impulsaba el senador Jorge Larrañaga respecto a la creación de una guardia nacional y en el Frente Amplio no quisieron poner a funcionar la ley de fronteras para no dar un argumento en la campaña electoral. Esa es la realidad. Les importó más los votos que la seguridad de los uruguayos…”

(Si no fuera porque uno puede imaginar el carácter teatral del asombro del que pregunta, se podría decir que al escuchar lo anterior el periodista debió haber pegado un gran salto, sólo así se entiende lo que sigue)

“…Es muy grave lo que dice.
Pero es lo cierto.

Porque de ser así eso podría haber permitido un avance del narcotráfico.
No digo que haya sido esa la voluntad, eso sería una acusación muy grave de mi parte. Lo que digo es que no aplicar una ley que fue votada por unanimidad y hubiera significado ganar un año en materia de mejorar la seguridad y tener entre 500 y 1.000 efectivos más reforzando la seguridad en la quinta parte del territorio, no lo hicieron por razones político electorales…”.

El futuro ministro se ataja, actúa como la gata María Ramos, esa que cuando niños nos decían que tiraba la piedra y escondía la mano, sólo así se entiende, que luego de la temeraria afirmación que da lugar al comentario del periodista sobre la gravedad de lo dicho, el entrevistado, en un particular giro discursivo, desanda lo dicho y especula sobre la supuesta efectividad que hubiera reportado para el país el inmediato despliegue establecido en la ley de fronteras sobre la seguridad del país y entonces, cual sheriff recién nombrado, salta sobre el anterior caballo, el de la especulación, retomando, nuevamente la acusación anterior: que la no aplicación inmediata de la ley de fronteras desprotegió y aseguró, el avance de todas las formas imaginables de la criminalidad en el país.

En su algarabía verbal, el ministro mismo olvidó que hablaba de narcotráfico y tal y como se hace con el susto que pega el viejo de la bolsa, metió en aquella todos los temores y lo hace esta vez invocando la sacrosanta palabra que diera forma a la cruzada de Jorge Larrañaga: seguridad.

¿Será por eso que aparecen públicamente y de forma sistemática juntos?

¿O es el precio de un acuerdo interno, habida cuenta de que el sector al que pertenece el futuro ministro de Defensa, no apoyaba la campaña impulsada por Larrañaga, hoy designado ministro del Interior?

¿O la farsa empezó antes, mucho antes, cuando el hoy electo Presidente dijo una y otra vez que no estaba de acuerdo con los contenidos de la denominada Reforma “Vivir sin miedo”?

Pero no nos detengamos en minucias, dejemos que el futuro ministro siga ilustrándonos.

“¿Es acorde la cantidad de efectivos para las misiones encomendadas?
Nosotros tenemos un número que ya está en el límite. Tuvimos al final de la dictadura 42.000 efectivos y hoy están en el entorno de los 26.000. Todos los gobiernos democráticos hicieron lo que tenían que hacer. Ir reduciendo a términos acordes. Estoy convencido con el número actual y una buena gestión, se van a cumplir las misiones. En la aviación y la Armada estamos en serios riesgos de no poder cumplir si no se toman decisiones como políticas de Estado. Por eso, se van a tener que tomar decisiones como país.

El tema es que todo eso es plata y mucha.
-Claro, sé que habitualmente -y yo lo comparto- entre comprar una lancha oceánica para cuidar el mar y hacer escuelas u hospitales uno dice en primera instancia hagamos escuelas y hospitales. Lo que pasa es que luego de compartirlo tiene que contestar: ¿Dígame quién se va a encargar de proteger que no se roben cientos de millones de dólares que son riqueza de los uruguayos? ¿Quién se va a encargar de que el crimen organizado no se apodere de nuestras fronteras y nuestro espacio aéreo? Ahí la simpleza de la primera respuesta se hace compleja…”.

Obsérvese la ambigüedad de lo manifestado, se clama por un aumento de las capacidades operativas y ante la cuestión de lo que ello significa en términos presupuestales, se produce una vez más el giro tendencioso.

No nos apresuremos, vayamos por parte, contrapongamos a esta andanada verborrágica la tozudez de los datos y los hechos históricos, empecemos por el final: la cuestión presupuestal del Ministerio de Defensa desde la década de los años 60 hasta el momento del primer gobierno del Frente Amplio para, desde allí, regresar en una tercera entrega, a la cuestión de la ley de fronteras y el narcotráfico.

Presupuesto histórico del MDN y las Fuerzas Armadas

La información disponible, con relación a la evolución del presupuesto del MDN en nuestro país, tiene características tendenciales bien definidas.

Si nos ubicamos, en una serie temporal que va, desde 1961 hasta el año 2007, se reconocen dos tendencias:

“…Una de crecimiento fuerte del gasto del MDN, hasta 1981 y otra de caída casi ininterrumpida hasta 2007. En ambos casos, los cambios de gobierno sólo generaron variaciones en los ritmos en que se desarrollan dichas tendencias, sin revertirlas nunca en forma sostenida (…) a nivel general la variable política es particularmente significativa en tanto en varios períodos los cambios en el presupuesto del MDN han estado claramente disociados de la evolución del PBI y del conjunto del gasto público. Es decir, fueron producto de decisiones gubernamentales que alteraron su peso relativo dentro de la economía uruguaya…” (Guyer, J. et Al: 2008).

Lo anterior significa que es una característica relevante en nuestro país, que las definiciones presupuestales con relación al sector defensa obedece a decisiones y análisis políticos y esto ha sido así en una temporalidad histórica anterior a la de los gobiernos del Frente Amplio.

Este lugar de lo político, en las definiciones presupuestales del MDN, tiene como fundamentación histórica las apreciaciones que se realizan, social y políticamente, con relación a la importancia de la Defensa Nacional y en particular, al lugar que se le asigna en la misma a la defensa militar.

“…la fatalidad histórico-geográfica que ha signado al Uruguay como entidad estatal independiente, mediatizando su soberanía y limitando significativamente sus márgenes de autonomía, explica en buena medida la opción política por el apego al derecho internacional como principio rector permanente de su política exterior.

Allí podría ubicarse el sustrato en el que abreva el escepticismo con que los uruguayos han valorado tradicionalmente la efectividad de las Fuerzas Armadas como instrumento de la defensa nacional. También el escaso nivel de atención que el sistema político ha dedicado a las dimensiones militares de la defensa nacional…” (Guyer, J. et Al: 2008).

Resulta, casi que innecesario, afirmar que este escepticismo de largo aliento histórico, cobró nuevos contenidos durante el proceso cívico militar que sustentó al período dictatorial.

Es la historia misma de las relaciones, entre lo que se denomina “lo civil/político” y “lo militar”, lo que configura esa “ajenidad” de relacionamiento, una “ajenidad” que se mantuvo a lo largo de toda la historia nacional, incluso durante las dos guerras mundiales.

Para graficar esto, describamos las dos tendencias observables en el presupuesto del MDN que se ha señalado antes.

“…el gasto correspondiente al MDN comenzó a crecer marcadamente en la segunda mitad de los años 60, en lo que puede interpretarse, a priori, como una respuesta del gobierno al aumento de la conflictividad social y política de la época (…) el presupuesto anual se triplicó en los siete años que van desde 1968 ($U 822,8 millones) al primer año de la dictadura, 1974 ($U 2.495,5 millones), denotando el carácter explosivo de esa tendencia al alza (…) Con el afianzamiento del gobierno cívico militar ese movimiento se agudizó (…) durante el quinquenio final de la dictadura (1981-1985) se produjo el mayor nivel de ejecución en la historia, más que triplicando el del lustro 1961-1965 (+222,98%)…” (Guyer, J. et Al: 2008).

Durante el período de tiempo que abarca esta primera tendencia, se produjo un importante incremento de los recursos humanos del Ministerio de Defensa, tanto en lo que se refiere a personal militar, como civil.

“…En 1960 existían alrededor de 12.800 efectivos militares, al tiempo que, en 1976, el MDN contaba con 36.019 cargos ocupados. Esa cifra siguió creciendo hasta alcanzar los 40.637 funcionarios en el último año de la dictadura, 1984, lo que significa un aumento de casi 13% en nueve años…”.

Junto a estos crecimientos de los recursos humanos, se produjo a partir de 1974, con la aprobación de la Orgánica de las FFAA un incremento de organismos dedicados a servicios específicamente dirigidos a los militares, no es posible ignorar la importancia de los mismos, cuando se analizan los gastos de funcionamiento y su peso en el presupuesto asignado al MDN, una situación que aún perdura.

La otra tendencia señalada y que se inicia en 1982 y especialmente, a partir de 1985 hasta 2007, es una tendencia de caída respecto al período anterior.

“…la vuelta de los gobiernos electos, a partir de 1985, aparejó la reversión clara y definitiva de la tendencia al alza. Así, en términos reales el gasto ejecutado en el quinquenio 2001-2005 representó solo un 58,2% del ejecutado entre 1981 y 1985…” (Guyer, J. et Al: 2008).

Es a partir de 1985, cuando todos los ítems susceptibles de ser analizados cambian su tendencia, comenzando un descenso paulatino y de ritmos diferenciales.

“…En el caso del personal del MDN, se observa una disminución sustancial, de 4.617 funcionarios entre 1984 y 1986. La cifra siguió cayendo en forma sostenida hasta estabilizarse, a partir de 1992, en el entorno de los 32.000 funcionarios. Vale decir que en su mayor parte esta reducción se llevó a cabo sin despidos ni cambios sustantivos desde el punto de vista de la estructura general de las FFAA y del ministerio…” (Guyer, J. et Al: 2008).

Será recién, a mediados de los 80, que disminuyen los gastos de funcionamiento y en el caso de las inversiones estas comienzan su disminución entre 1985-1989, ascendiendo durante los tres períodos de gobierno posteriores, sin alcanzar un volumen mayor al 8% del presupuesto del MDN.

Justamente, este comportamiento de las inversiones es el que permite comprender la sistemática baja operatividad de las FFAA, siendo este un fenómeno que también caracterizaba al período dictatorial.

Parte importante de las acciones emprendidas para minimizar el impacto de las bajas inversiones, nos conducirían a mostrar, cuestión que por ahora no haremos, las alternativas utilizadas para minimizar sus efectos.

Para ello se ha acudido, en primer lugar, considerando el período temporal  mostrado, a las modalidades de asistencia militar, en particular, el Acuerdo Militar de 1953 con los Estados Unidos y ya entrado los años noventa, en las Misiones de Paz.

Vistos todos estos datos, se comprende, entonces, el móvil particularmente tendencioso que aparece en las declaraciones del ministro de Defensa entrante, quien sin considerar, por desidia o ignorancia, los datos presentados, adjudica a los gobiernos del Frente Amplio, la responsabilidad de todos los males y/o carencias que puedan señalarse a la hora de caracterizar el desarrollo institucional del MDN y de las Fuerzas Armadas, en general.

No reconoce el ministro entrante que, por ejemplo, fue justamente durante el primer período de gobierno del Frente Amplio que se generó un amplio Debate Nacional de Defensa, cuyos aportes enriquecieron considerablemente los contenidos de la actual Ley de Defensa Nacional.

No reconoce que ha sido justamente durante los gobiernos del Frente Amplio que se produjeron, institucionalmente hablando, las primeras directrices políticas sobre Defensa Nacional y sobre el componente militar de la misma.

Poniéndose límite, de esa forma, al viejo relacionamiento, largamente instituido, por los entonces denominados partidos tradicionales, devenidos hoy multicolores, con las Fuerzas Armadas, una modalidad de relacionamiento que ha sido descrito como de “control subjetivo” y fundado en estrategias de cooptación partidaria de los mandos.

Estrategia que el hoy ministro designado adjudica al Frente Amplio, olvidando así, o disimulando así, esa larga historia de usos políticamente interesados de las Fuerzas Armadas en general y de las cuestiones vinculadas a la Defensa Nacional, en particular.