Un tribunal de La Paz postergó el inicio del primer juicio contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez por el golpe de Estado de 2019, al hacer lugar a los cuestionamientos formales presentados por la defensa pero también en virtud de los problemas técnicos generados durante la audiencia virtual.
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A Áñez se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 luego de la renuncia de Evo Morales en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que nunca fue comprobado.
«El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime, dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio», anunció el presidente del tribunal, Germán Ramos, luego de casi tres horas de debate. El abogado de Áñez, Luis Guillén, había dicho primero que el documento de apertura del juicio era una «pre sentencia», ya que califica a la expresidenta como «de facto» e «inconstitucional».
Mientras empezaba la audiencia, afuera del tribunal se manifestaban, de un lado, partidarios de Áñez encabezados por su hija Carolina Ribera, y del otro familiares y víctimas del golpe de Estado que reclamaban justicia por las masacres de Sacaba y Senkata. En medio de la tensión en las calles, el juicio oral y virtual inició con retraso, con desorden en las intervenciones y fallas técnicas, por lo que la defensa de la exmandataria transitoria pidió que se realice una audiencia presencial.
El tribunal no fijó de inmediato una nueva fecha de instalación del juicio en el que la exsenadora, siete exjefes militares y un exjefe policial enfrentarán acusaciones de violaciones constitucionales y legales en los actos que culminaron en la autoproclamación presidencial de Áñez. De acuerdo con la ley boliviana, el proceso puede durar hasta tres años.
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