Por primera vez la Justicia imputa desaparición forzada en Uruguay

Ahora, en la causa de los homicidios de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz perpetrados en Buenos Aires en 1976 y de crímenes cometidos en Argentina en el marco del Plan Cóndor, el fiscal Ricardo Perciballe, quien encabezó la investigación, solicitó la figura de la desaparición forzada para los casos de Washington Barrios (1974) y Manuel Liberoff (1976). El juez penal Fernando Islas coincidió y se convirtió así en el primer juez que imputa el delito de desaparición forzada en Uruguay.

La causa por la que el 11 de agosto fueron imputados tres militares y un expolicía fue sustanciada bajo el actual Código de Proceso Penal luego de que en 2020 denunciaron en la Fiscalía los tres hijos de Rosario Barredo y William Whitelaw por privación de libertad; también en noviembre de ese año se presentó Benjamín Liberoff para denunciar que la desaparición de su padre nunca había sido investigada y los hijos de los legisladores de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz denunciaron para que se conozcan los autores materiales de la muerte de sus padres.

El exilio en Argentina: el principio del fin

La entrevista que mantendría en Estados Unidos el senador Zelmar Michelini casi un año antes de su homicidio con el senador estadounidense Edward Kennedy fue clave para que conociera el grado de persecución contra su persona. Michelini estaba exiliado en Buenos Aires junto a su familia. Procuró una reunión con su par norteamericano el 12 de mayo de 1975 para denunciar en Naciones Unidas lo que ocurría en Uruguay a dos años del golpe de Estado. Fue en el marco de ese viaje que conoció que su pasaporte había sido cancelado por el exdictador Juan María Bordaberry y el excanciller Juan Carlos Blanco, condenados por coautoría de los homicidios muy especialmente agravados de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw, tras haber sido procesados por el juez penal Roberto Timbal, en noviembre de 2006. Ante la cancelación de los pasaportes, el jefe del Departamento de Control Migratorio de Argentina -relata el dictamen del fiscal Ricardo Perciballe- comunicó a todas las delegaciones marítimas y fluviales, así como a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque que en caso de presentarse alguno de los mencionados se deberá proceder a secuestrar los pasaportes

y entregar la persona a la fuerza pública. A lo anterior se sumó el encuentro previo entre cancilleres de Uruguay y Argentina, el 7 de mayo de 1976, cuando se encontraron en una embarcación en el Delta del Paraná. La conversación fue absolutamente reservada por lo que no se pudo saber lo que acordaron. No obstante, concuerda con lo que relató Michelini a su amigo el periodista Roberto García en una carta que fuera publicada el 23 de mayo de 1976 en el diario La Opinión.

Los responsables uruguayos de los homicidios y de las desapariciones forzadas de Manuel Liberoff y Washington Barrios imputados en esta etapa de la investigación encabezada por el fiscal de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, son: Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas y el expolicía Ricardo Medina, responsabilizados por coautoría de doce delitos de homicidio muy especialmente agravados, delitos de desaparición forzada, delitos de supresión y suposición de estado civil y reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos, de lesiones graves y de rapiña.

El objetivo del saqueo

Además, por primera vez se pudo imputar por el delito de rapiña en el marco de la investigación por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En esta ocasión, se imputó por ese delito a Ricardo Arab porque se constató que cada vez que se procedía a detener a las víctimas, tales detenciones estaban acompañadas por el rastrillaje de todos los bienes de valor de la casa, y aun de los vehículos que poseían.

Tras la investigación encabezada por el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad bajo el nuevo Código de Proceso Penal, Perciballe describió en su dictamen -al que accedió Caras y Caretas- que los represores veían conveniente continuar con los regímenes represivos porque de esa manera les permitiría seguir saqueando a sus víctimas.

Durante la audiencia que se extendió durante diez horas, el fiscal Ricardo Perciballe describió el contexto previo a los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, perpetrados el 20 de mayo de 1976. Esto es, en el marco del Plan Cóndor los cuerpos de los legisladores aparecieron en el baúl del auto marca Torino junto a los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw. En su dictamen el fiscal se refirió a la mayor masacre de la dictadura. Dentro del vehículo se encontró un panfleto con el logo del Ejército Revolucionario del Pueblo que expresaba “Ajusticiamiento a los traidores. Parte de guerra. El 20 de mayo a las 21 hs. la Unidad JDO de nuestro Ejército Revolucionario del Pueblo procedió a justiciar, a requerimiento del Comité Central del Movimiento de Liberación ‘Tupamaros’ a WAW, RB, ZM y HGR por ser los responsables de la escisión producida en el MLN (T) con su actitud contrarrevolucionaria y pequeño burguesa. Los ajusticiados formaban la dirección en Buenos Aires de la fracción ‘Nuevo tiempo’ y con su tarea entorpecían la solidaridad revolucionaria que requiere el enfrentamiento a las dictaduras que padecen nuestros países. Este ajusticiamiento, efectuado dentro del marco de unidad que establece la Junta de Coordinación Revolucionaria debe servir de ejemplo a todos aquellos que pretendan alejarse del camino que cuestione la guerra contra las dictaduras asesinas de Uruguay, Chile, Argentina y Bolivia. ¡Muerte a los traidores! ¡Ninguna tregua a los ejércitos opresores! Estado mayor central ERP. ¡A vencer o morir por la Argentina! Ejército Revolucionario del Pueblo”.

Cinco días antes de los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz, en la madrugada del 13 de mayo de 1976, un grupo de personas vestidas de civil, fuertemente armadas, que se transportaban en tres vehículos particulares (dos autos marca Torino uno verde y otro blanco, y una camioneta pick up) fueron al domicilio de la familia Barredo y Whitelaw en Buenos Aires.

Una vez en el lugar, tras derribar la puerta de ingreso, los detuvieron. Junto a la pareja se encontraban los tres niños de 4, 1 y 2 meses de la pareja.

En el marco del procedimiento, los agentes registraron toda la vivienda, se

apoderaron de todos los objetos de valor que poseían, así como de una

importante suma de dinero que pertenecería a la organización.

Desordenaron toda la casa en busca de dinero y objetos de valor, así como a dañar parte de los bienes que no se llevaron. En tanto, en las paredes del comedor de la casa -con tinta de distintos colores- escribieron consignas contrarias al pensamiento de los detenidos. En ellas consignaron “10x1 no va a quedar ningún zurdo”, “Zurdos cobardes, den la cara que por más que la escondan los vamos a encontrar igual”, “Pasaremos el rastrillo y no quedará uno vivo”, “Paredón al zurdaje” y “Tupas traidores los vamos a llenar de bronces”.

Y en una habitación contigua escribieron “Tupas OPR renunciantes” y a su lado

el símbolo de la hoz y el martillo.

El mayor magnicidio de la historia

También se imputó a los oficiales por la desaparición forzada y privaciones de libertad de Gabriela Shroeder, Máximo y Victoria Berredo y Manuel Liberoff además de la supresión de identidad de Mariana Zaffaroni y Macarena Gelman, Daniel y Guillermo Jabif, Francisco Candia, Telba Juárez y Luis Latrónica.

El fiscal Perciballe dijo que “nos encontramos frente al mayor magnicidio de la historia de nuestro país” y sostuvo que “una vez que los organismos represivos advirtieron que un número importante de uruguayos se refugiaron en la Argentina, buscaron contacto con los servicios de ese país en procura de proceder a ubicar, controlar y a la postre detener a los opositores al régimen”.

Distintas investigaciones dan cuenta que a comienzos de 1974 se realizó en Buenos Aires una reunión de los jefes de la inteligencia policial de los países de Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay para coordinar acciones. Por Uruguay participó el director de la Dirección Nacional de Investigación e Información, Víctor Castiglioni. Pese a que la República Argentina se encontraba bajo un gobierno democrático, entre principios de 1974 y el 24 de marzo de 1976 se trasladaron en forma clandestina o compulsiva a Uruguay ciudadanos uruguayos que residían en Argentina, al tiempo que se detuvo y asesinó a uruguayos que vivían en el vecino país. El vínculo inicial se realizó a través de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de Uruguay y la Policía Federal Argentina.

Y mientras el trámite administrativo de la expulsión de Michelini se dilucidaba, el jefe de la Sección Consular de la Embajada de Uruguay en Argentina, el día 26 de Noviembre de 1975, presentó una nota al director de Migraciones de Argentina en la que se informaba que las autoridades uruguayas habían dispuesto la cancelación de los pasaportes de Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Ante esa nota, el 9 de enero de 1976, el jefe del Departamento de Control Migratorio comunicó a todas las delegaciones marítimas y fluviales, así como a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque que en caso de presentarse alguno de los mencionados, se debería proceder a secuestrar los pasaportes y a entregar a la persona a la fuerza pública.

El fiscal Perciballe dijo que “en este contexto en la madrugada del 18 de mayo de 1976 un comando fuertemente armado se constituyó en el hotel Liberty y procedió a estacionar varios vehículos por la avenida Corrientes. Luego de ingresar al hotel, parte del grupo procedió a inmovilizar al personal de conserjería y mediante amenazas exigió que el encargado entregara las llaves de la habitación de Michelini. Con las llaves en su poder -describe el dictamen fiscal- algunos integrantes del grupo irrumpieron en la habitación de Michelini, preguntaron por él y le expresaron: “Zelmar te venimos a buscar, te llegó tu hora”. En el lugar se encontraban sus hijos y su esposa, Elisa Delle Piane, a quienes obligaron a tapar sus rostros con frazadas.

Michelini no opuso resistencia y solicitó que le permitieran vestirse y retirar sus medicamentos. Acto seguido, el grupo registró toda la habitación y procedió a llevarse los pocos objetos de valor existentes en el lugar. Entre ellos, una máquina de escribir marca Hermes de color roja y letra cursiva que luego una de sus hijas Margarita Michelini reconociera cuando se encontraba detenida en el centro clandestino de reclusión La Casona. Vendaron los ojos de Michelini y lo secuestraron trasladándolo en un vehículo con rumbo desconocido. El fiscal apunta que debe resaltarse que el operativo fue llevado a cabo en pleno corazón del microcentro bonaerense y que además frente al hotel Liberty se encontraba la sede central de Entel (empresa de telefonía estatal) que por regla tenía custodia policial. “En buen romance, se actuó con total impunidad en el marco de una zona liberada”.

En cuanto al legislador del Partido Nacional, Héctor Gutiérrez Ruiz, lo ataron en una silla y lo encapucharon. El operativo en su apartamento duró aproximadamente una hora y consistió en la búsqueda y sustracción de todos los objetos de valor de la casa. En el operativo se llevaron, dinero, alhajas, cubiertos de plata, cargando unas siete valijas.

Mientras se encontraban en la casa del legislador del Partido Nacional, los oficiales indicaron a Matilde Rodríguez que avisara de la situación a determinadas personas. Matilde mencionó a Zelmar y el responsable del grupo expresó “Bueno, a ese comunista también lo vamos a llevar”. Finalizado el desvalijamiento de la casa, introdujeron a Gutiérrez Ruiz en un vehículo que raudamente se dio a la fuga con rumbo desconocido. En tanto, luego de arrancar los cables del teléfono y bajo amenazas de muerte, le exigieron a Matilde Rodríguez y a los niños que no dieran aviso a nadie.

El 20 de mayo los asesinaron. En los asientos de atrás del vehículo se ubicó el cadáver de Zelmar Michelini. En tanto, los cadáveres de Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw fueron hallados el baúl del auto Torino.

El dictamen del fiscal Perciballe señala que las autoridades argentinas no tomaron recaudo alguno para obtener huellas dactilares, así como tampoco para analizar detenidamente la escena del hecho. No existe carpeta técnica del lugar y solo obran algunas fotografías del hallazgo de los cuerpos. Tampoco se buscaron rastros de huellas en los domicilios de las víctimas.

El comunicado de prensa Nº 1323 de las Fuerzas Armadas redactado luego de los homicidios de los legisladores marcó una impronta al respecto, dijo Perciballe: “En base a las publicaciones periodísticas, la población ha sido ampliamente informada sobre la muerte acaecida en Buenos Aires de los ciudadanos uruguayos HGR y ZM y los cargos desempeñados por ambos en nuestro país. Con fecha 7 de setiembre de 1973, el primero de los nombrados fue requerido por la Justicia como sedicioso con el Nº 781. Se cursa el presente comunicado a los efectos de anular la mencionada requisitoria. Y evitar que ciudadanos incautos enfoquen el suceso como si se tratara de un militante del Partido Nacional, verdad meramente formal, en virtud de haber dictaminado la Justicia su integración con la subversión”.

Los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes políticos Rosario Barredo y Willian Whitelaw se entronizaron en un verdadero crimen de Estado, sostuvo el fiscal.

Perciballe recordó que Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, dictador y canciller, respectivamente, fueron condenados como coautores de los homicidios referenciados. Pero el fiscal apunta que obviamente ellos solos no perpetraron los homicidios y que una vez que se establezcan los organismos que coordinaron acciones para cumplir el objetivo, se podrá determinar responsabilidades de carne y hueso. El fiscal subraya que “el organismo rector de la tarea fue el Departamento III del SID con la colaboración de la DNII. En resumidas cuentas, este fue el brazo ejecutor de la decisión que fue adoptada al más alto nivel. En tanto que en Argentina actuó en forma mancomunada con la Secretaría de Información del Estado (SIDE) de ese país. Los responsables máximos de las muertes, las desapariciones forzadas, las privaciones de libertad y las torturas que se investigan en los presentes, fueron (además de los condenados Bordaberry y Blanco) los comandantes en jefe de la época, a quienes se debe sumar el director del SID y el director de la DNII, el inspector Víctor Castiglioni. “Todos ellos fallecidos. No obstante, por debajo de estos encontramos a los agentes operativos, quienes a la postre desplegaron en territorio las acciones tendientes a que los hechos se sucedieran como fueran denunciados”.

El fiscal Perciballe añade que esos agentes operativos “actuaron en cumplimiento de órdenes de sus superiores, pero que no se ven eximidos de responsabilidad por cuanto la obediencia debida no alcanza aquellos mandatos ilícitos como los que nos ocupan. Seguramente actuaron otros oficiales, pero hasta el presente solo hemos obtenido evidencias respecto de los mencionados”.

Si bien en el caso de Washington Barrios y Manuel Liberoff todo hace pensar que corrieron igual suerte que las restantes víctimas, nadie puede soslayar que en dicho caso se ha dado una múltiple afectación de bienes jurídicos, una mayor mortificación a las familias de las víctimas y aún de la sociedad toda, que espera una respuesta sobre su destino. El fiscal argumentó que la desaparición forzada se caracteriza como delito permanente, por lo que si los restos de la víctima no aparecen, se perpetúa hasta el presente.

Textos: Georgina Mayo