Cámara de Industrias denunció ante el Parlamento “políticas abusivas” de las grandes cadenas de supermercados

La organización presentó un proyecto de ley ante la comisión de Industria del senado con el que se pretende mejorar las condiciones de la industria nacional frente a las grandes cadenas de supermercados.

Desde la CIU señalaron a los legisladores que el principal problema de la industria uruguaya con las grandes superficies radica en las “políticas abusivas” e “ilegales” que estos últimos aplican a los proveedores locales en las formas y los plazos de pago.

Asimismo, aseguraron que este tipo de trato comenzó a verse desde que las familias fundadoras de de cadenas como Devoto o Tienda Inglesa vendieron sus negocios y salieron del mercado. De ahí en adelante, las grandes superficies comenzaron a ser gestionadas por fondos de inversión y accionistas internacionales, como es el caso de Grupo Éxito y Goldman Sachs, entre otros.

Cambio de titularidad

Ruben Donnángelo, integrante de la comisión de Comercio Interno de la CIU, dijo a los legisladores que los proveedores anteriormente estaban “acostumbrados a negociar con el señor (Walter) Devoto y su familia, con (Robin) Henderson (expropietario de Tienda Inglesa), pero todo eso fue cambiando”.

Señaló además que la situación se repite de igual forma con las cadenas de farmacias, donde “ya no está la familia Gagliardi (fundadora de San Roque), ni tampoco Devoto (Farmashop). Hoy esa tiularidad está en manos de fondos de inversión internacionales, que tiene unos parámetros y unas exigencias desde el punto de vista económico que los obligan a negociar en condiciones que nosotros entendemos que son ilegales”, aseguró.

“El cambio de titularidad de las grandes superficies fue lo que desató esta situación, que es insostenible para la industria nacional”, agregó.

Lo mismo sostuvieron Washington Corallo, Leonardo García y Federico Florín, integrantes de la CIU, que estuvieron también presentes en la comparecencia ante la Comisión de Industria.

Para Corallo, la relación entre proveedores y grandes superficies ha tenido idas y vueltas a lo largo de los años. Dijo además que en 1998 ya existían problemas de este tipo con algunas cadenas.

“Después vino un período de razonamiento y de lógica, en el cual la relación entre compradores y proveedores se normalizó, pero desde hace dos años a esta parte, por el cambio de mando de algunas cadenas, la situación cambió. Efectivamente el cambio de titularidad modificó las reglas de juego”, aseguró.

Cambios «unilaterales y abusivos»

En tanto Leonardo García, relató algunas situaciones puntuales que dan cuenta de la realidad que se denuncia.

Señaló “cambios unilaterales” en las formas de pago “totalmente abusivos”. “Alguien iba a cobrar y, de repente, se enteraba de que iba a cobrar 90 días después y sin ningún tipo de explicación. Y el que no estaba de acuerdo con esas condiciones no le vendía más a esa cadena. Eso hoy hace que un determinado producto casi desaparezca directamente del mercado”, relató.

Otra situación que se repite es que al momento de cobrar una factura, algunos proveedores “se encontraban con notas de crédito, sin ningún tipo de explicación”.

Ante el reclamo por estos cambios, desde las cadenas se les contestaba que “habían cambiado las políticas (..) o que la empresa a fin de año no había llegado a la rentabilidad esperada, por lo cual les tenían que hacer una nota de crédito a sus proveedores. Estas son políticas que no son habituales en las relaciones comerciales sanas”, aseguró García.

El proyecto de ley

Por su parte, Federico Florín explicó el proyecto de ley elaborado por la CIU. El mismo contempla cambios principalmente en tres cuestiones: las grandes superficies, los contratos de compraventas comerciales y la defensa de la competencia.

Sobre el primer punto, Florín señaló que el proyecto “busca que las intendencias de cada uno de los departamentos, asesoradas por las comisiones, protejan a los consumidores”. “Lo que pretendimos hacer fue colaborar y buscar fortalecer las facultades del órgano decisor (intendencias) y ampliar el control preexistente para poder abarcar las grandes cadenas, que pueden tener 20 o 50 comercios, a nivel departamental o nacional, o que tengan superficies mayores a cuatro mil metros cuadrados”, añadió.

El proyecto implicaría además extender a la Dirección General de Comercio la facultad de clausurar a los negocios que violen la ley en el ámbito departamental y que “no quede solo como una medida de carácter nacional”.

Otro de los cambios que plantea el proyecto busca favorecer “la parte más débil” (proveedores) en los contratos de compraventas comerciales, limitando el poder de acción de las grandes superficies.

Se establecería un plazo de pago desde las cadenas a los proveedores, definiría la aplicación de intereses ante los retrasos en los pagos y se definiría como “conducta prohibida” la violación de los convenios sobre formas de pago.