La degradación nepotista

El pasado lunes, el presidente Tabaré Vázquez destituyó en pleno a la dirección de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).La remoción fue el corolario de un largo proceso de denuncia de irregularidades, que tuvo hitos salientes, como por ejemplo, la defensa que realizó la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, al director del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, por transferir fondos públicos a otros destinos a los que fueron asignados, en contravención de normas del Texto Ordenado Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).   ASSE: el arte de la depuración La gota que desbordó el vaso fue la publicidad que se dio a la contratación, por parte del vicepresidente del organismo, Mauricio Ardús, de la novia de su hijo, una chica de 18 años, con el cargo de asesora, con un salario de $ 59.000, pese a no tener antecedentes laborales que ameritaran su designación. Ante la reiteración de irregularidades, Vázquez reaccionó a lo Tabaré: removió a toda la dirección política de ASSE, a saber, a la presidenta Susana Muñiz, al vicepresidente Mauricio Ardús y Jorge Rodríguez Rienzi, que aunque estaba de mirón, igual fue incluido en la medida. Además de ser este un estilo propio del presidente, neutraliza los efectos sectoriales de la purga, ya que los removidos pertenecen, respectivamente, al Partido Comunista (PCU), al Partido Socialista (PS) y al Movimiento de Participación Popular (MPP). Para ser más exactos habría que decir que Ardús perteneció al PS, pero que actualmente es independiente.   TCA: la paja en el ojo ajeno En simultaneidad con estos acontecimientos, tomó estado público la noticia de que tres de los cinco integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el organismo encargado de controlar la legalidad de los actos del Estado, tienen a sus hijas trabajando en sus despachos como asesoras. Los ministros en cuestión son el presidente del cuerpo, Eduardo Vázquez, José Etcheveste y Alfredo Gómez. La contratación de sus hijas, por parte de los ministros, viola el decreto 30, promulgado en 2003, en el que se regulan las normas de conducta en la función pública. De acuerdo al artículo 35 del decreto de marras, se prohíbe la actuación dentro de una misma repartición de funcionarios vinculados a sus jerarcas por lazos de parentesco. Los salarios de estas asesoras oscilan entre los $ 112.557, para el caso de dedicación total, a los $ 93.047 para el caso de que la dedicación no sea total. Estos valores son del 1º de enero de este año y en la actualidad se han incrementado. Es de rigor acotar que si bien las hijas de Etcheveste y Vázquez ingresaron al TCA mediante designación directa de sus padres, la de Gómez ya era funcionaria del Poder Judicial y está en el TCA en régimen de pase en comisión.   El clan Caram Los hechos reseñados son las últimas cuentas de un largo rosario de conductas que fluctúan entre el más descarnado clientelismo y el nepotismo. No resultan novedosos. Vienen de lejos. No hace muchos días que se denunciaba que Pablo Caram, intendente de Artigas, nombró a siete integrantes de su familia en cargos de confianza. Un informe de Telemundo emitido el miércoles 14 señalaba que Caram -reciente incorporación del grupo de Lacalle Pou- había otorgado siete cargos de confianza en su administración a familiares. Pareja, primos, sobrina, pareja de la sobrina, cuñado, primo de su cuñado y tutti quanti. Para que no quepan dudas de cuánto le interesa el tema, Caram expresó que no piensa revocar los nombramientos y que lo que le interesa es la gestión. Obviamente que la petición de principio es que el nepotismo y los nombramientos a dedo no forman parte de la gestión. Son, por así decirlo, epifenómenos. Que el nepotismo viene de la mano del clientelismo no hace más que confirmar el hecho que, de acuerdo a datos oficiales, 69,9% de las designaciones en su gestión fueron hechas de manera directa, es decir, a dedo. Por su parte, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, nombró, mediante designación directa, a 202 funcionarios. Los mismos, según dichos del intendente, habrían sido perjudicados por el jefe departamental anterior, Pedro Saravia, por lo que restituirlos implica un acto de “justicia”. La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, no es la excepción, ya que no sólo incrementó discrecionalmente el salario del personal jerárquico del gobierno departamental (entre los que se cuenta su pareja), sino que ubicó a su propio hermano como encargado de prensa.   El Estado clientelista y sus atributos Ahora bien, es preciso diferenciar el clientelismo del nepotismo, aunque los límites entre uno y otro concepto a menudo se difuminen. Es importante también ubicarlos en el tiempo y caracterizarlos adecuadamente en relación con las organizaciones sociales. De hecho, el clientelismo fue una de las herramientas por excelencia utilizadas desde el poder para estructurar el Estado uruguayo a comienzos del siglo XX. De alguna manera, la organización clientelar del Estado, venía como anillo al dedo para conformar el Uruguay moderno. Se trataba de un país pequeño, con un sistema bipartidista consolidado y con un fuerte componente inmigratorio, que se intersectaba con una población vernácula carente de tradición organizativa. La pequeña escala del territorio y la alta organicidad que fue adoptando la sociedad favorecían el despliegue de la modernización, generando una estructura de coparticipación entre los partidos que se materializaba en la composición negociada de la burocracia estatal. Este modelo clientelar no fue destruido por las dos dictaduras que gobernaron el país en los 30 y en los 70. En el caso de la última dictadura cívico militar, simplemente lo que hicieron fue transformar la estructura clientelística, plegándola a sus intereses y expurgando de la misma a los opositores. Así se pasó de un modelo clientelar inclusivo a otro excluyente (cualquier uruguayo que vivió en dictadura sabe lo que significaron las categorías -A, B y C- como materialización de esa exclusión que afectó a una generación. La destrucción del clientelismo como modelo comienza con el fin del bipartidismo, que cronológicamente puede datarse a mediados de los 90, cuando la oposición de izquierda -que históricamente lo había denunciado acerbamente-, comienza a transformarse en opción de gobierno, obligando incluso a los representantes del statu quo a reformar la Constitución para impedir su desplazamiento del poder del Estado.   La irrupción del nepotismo El acceso al gobierno del Encuentro Progresista trae consigo un nuevo panorama. El ingreso al Estado comienza a regirse por concursos y se limita (aunque no se termina) el acceso a la función pública por las vías tradicionales. Ese es el proceso por el cual el clientelismo tradicional (por lo demás, socialmente admitido) comienza a desdoblarse en nepotismo, fenómeno que por otra parte siempre coexistió con el clientelismo. Pero con la ruptura del bipartidismo, ya no alcanza con concurrir a un club o a un comité para abrirse paso a un empleo seguro en el Estado. Este camino se vuelve más complejo e incluso los contratos del Estado -a tono con los nuevos tiempos- comienzan a precarizarse. El recurso al nepotismo es, de hecho, una excrecencia del clientelismo (con el cual sigue conviviendo), que además de los cuestionamientos éticos y legales con los que debe cargar, posee limitaciones más profundas. La primera es que, obviamente, no puede promocionarse como forma de organización del Estado ni generar ningún tipo de inclusión social. Si el fundamento del clientelismo estaba en la pertenencia política, el del nepotismo está en la filiación parental y en la fortaleza corporativa, lo que limita mucho su radio de acción. La consecuencia más grave de esta situación en términos sociales es que una parte de la población es expulsada del sistema (sobre todo la menos calificada y relacionada), al menos en lo que se refiere a las posibilidades de ascenso o estabilidad social que les brindaba la posibilidad de integrar los cuadros del Estado. Por añadidura, los núcleos más golpeados por esta situación son los partidos, particularmente los que a lo largo de casi un siglo se consolidaron y  retroalimentaron con el sistema clientelar.   La estrategia restauradora No debe extrañar entonces que la crítica a los vicios del Estado comience a manifestarse con mayor énfasis desde la derecha social y desde la oligarquía propiamente dicha (que no son la misma cosa). Si a la primera nos referimos, es preciso recordar lo expresado en la proclama de los “autoconvocados” del 23 de enero: “El poder y la lucha por llegar a él aleja sin distingos de colores a los gobernantes de la gente y sus necesidades”. Haciendo puntería en el Estado y en el sistema político, la proclama expresa: “Sentimos que tenemos un Estado pesado y derrochador, hoy necesitamos señales de todos los gobernantes y de todo el sistema político, incluidas las intendencias, que también son grandes responsables de esta situación”. Luego de lo cual se denuncian “las partidas adicionales a los altos salarios de legisladores y funcionarios, los atajos a través de los cuales se legitiman contratos y remuneraciones, en particular en las intendencias departamentales”. Dos semanas después, más concretamente el 9 de febrero, el senador Pedro Bordaberry presentaba un proyecto de ley para prohibir la contratación de familiares en el Estado. El mismo involucra a jerarcas de gobierno, en entes, oficinas públicas y Parlamento. En esos ámbitos, los contratados que tuvieren lazos de parentesco con personas con responsabilidad en esas áreas deberían dejar sus cargos antes del 30 de octubre. El proyecto presentado por Pedro Bordaberry señala que los parientes de jerarcas en gobiernos, entes, oficinas públicas y Parlamento deberán dejar sus cargos antes del 30 de octubre. No parece casual que el proyecto haya sido presentado luego que la proclama de Santa Bernardina incursionara en el tema. Menos casual parece que en el “interregno” que medió entre la misma y la presentación del proyecto, los grandes medios de comunicación se convirtieran en abanderados de la lucha contra la corrupción y el nepotismo, golpeando indiscriminadamente a todo el sistema político. Por un momento quedó en el olvido que a El País, por ejemplo, lo caracteriza la emblemática divisa blanca.   Los ingredientes del menú corporativo En cuanto al gobierno nacional, es preciso reconocer que se paró bien ante la situación. Luego de responder a la emergencia agropecuaria con medidas acertadas y a tiempo, hizo una correcta lectura de la ofensiva contra el nepotismo en la administración pública (que impactó duramente en el Partido Nacional), procediendo a la destitución fulminante de la dirección de ASSE. Por distintas razones, para los pequeños y medianos productores rurales en crisis, como para los representantes políticos de la derecha oligárquica, apuntar contra el nepotismo es un objetivo estratégico. Para los primeros, porque por su propia situación se han desprendido de los manejos non sanctos de las intendencias de las que dependen territorialmente. Para la oligarquía, porque apunta a un modelo de Estado radicalmente distinto del clientelar de la primera mitad del siglo XX y de su parodia nepotista, que está quedando al descubierto. Liberalmente hablando, apuntan a un Estado corporativo (los ingredientes para construirlo están en el ambiente, aunque no articulados) que, en definitiva, constituya una reconfiguración del que formulara Juan María Bordaberry a mediados de los 70. Para el bloque de gobierno, sería fatal el inmovilismo. La progresión de los acontecimientos ha demostrado que la llave maestra de los cambios (ya sea en un sentido superador o regresivo) está en el Estado. Como suele suceder, la derecha lo ha comprendido antes que nadie y aunque su impulso restaurador aún es incipiente, saben muy bien a qué están jugando.