La inmoral patraña derechista contra Charles Carrera

En ese contexto, sin mayor pudor ni recato, el titular del gobierno departamental rochense, el nacionalista Alejo Umpiérrrez, se burló de los medios de prensa al afirmar que el nombramiento fue “por casualidad”.

En realidad, hay dos casualidades indigeribles: que el denunciante haya sido sorteado por azar para ocupar un cargo de la cuota que se otorga por ley a los discapacitados, y que su nombramiento se haya registrado unos días antes de la denuncia presentada en el programa televisivo Santo y Seña, que conduce el alcahuete Ignacio Álvarez. Esta es una nueva perlita de una operación política deleznable, para enchastrar a uno de los políticos más críticos a la fracasada gestión del peor ministro del gabinete de este gobierno.

Sus cuestionamientos comenzaron antes de que Heber ocupara la titularidad de Interior. En efecto, Carrera fue uno de los autores y promotores de la denuncia penal contra Heber y sus colaboradores, cuando éste encabezaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y firmó, en nombre del gobierno, el escandaloso acuerdo con la multinacional belga Kaon Natie, que le otorga a esa empresa el cuasi monopolio del servicio de contenedores del Puerto de Montevideo durante más de medio siglo.

Esta opereta, con tufillo a podrido, que se concretó en la más absoluta reserva y tiene una inocultable apariencia delictiva, podría transformarse, en caso de constatarse las ilegalidades denunciadas, en un caso de mega-corrupción del nada impoluto gobierno de Luis Lacalle Pou. Felizmente, el expediente judicial que fue inicialmente archivado, hoy está reabierto y promete nuevos capítulos.

A ello se suma el explosivo incremento de los homicidios registrado en 2022, que aumentaron un 25% con respecto a 2021 y mantuvieron su curva ascendente en este primer semestre; así como el crecimiento de las denuncias de robos y rapiñas, que, salvo en Montevideo y Canelones, han experimentado un notorio repunte en el interior del país.

Aunque no es el único legislador que ha cuestionado la desastrosa gestión del ministro, Charles Carrera es, sí, el más enérgico crítico de la gestión de Heber, e incluso ha exigido su renuncia, alegando que la situación de la inseguridad está descontrolada y que se le fue de las manos al inefable secretario de Estado.

Con el propósito de desactivar esos cuestionamientos y de encubrir el escándalo del otorgamiento, por parte de la Cancillería y del Ministerio del Interior, de un pasaporte al narco Sebastián Marset que estaba preso en Dubái y ahora está prófugo, el gobierno armó esta canallada. Por supuesto, lo hizo a través del cretino útil Ignacio Álvarez, que más que un periodista es un operador político y un amanuense de la derecha.

Como se sabe, la denuncia contra Carrera por presunto “abuso de funciones”, “encubrimiento” y, ahora, “desvío de fondos”, refiere a un dramático episodio registrado en 2012, cuando el hoy senador emepepista era director de Secretaría del Ministerio del Interior, durante la gestión del ex ministro Eduardo Bonomi.

En esas circunstancias, el rochense Hernández, que es el denunciante, resultó herido por una bala perdida que partió de la casa donde el subcomisario de Policía celebraba una animada fiesta. En el curso del festejo, varios de sus camaradas –en avanzado estado de ebriedad– dispararon tiros al aire, uno de los cuales habría impactado en la víctima, que quedó parapléjica.

Ahora, Carrera es insólitamente acusado de presunto encubrimiento del funcionario policial y de disponer la internación del damnificado en el Hospital Policial, con pagos de tickets de alimentación para él y su acompañante, por razones obviamente humanitarias.

Al respecto, el ex diputado blanco y referente herrerista José Carlos Cardoso elogió la actitud y aclaró que fue él quien le pidió a Bonomi ayuda para la víctima. Paralelamente, la familia del hombre entabló una demanda contra el Estado por su responsabilidad objetiva en el dramático suceso y exige una indemnización de un millón de dólares.

Lo realmente insólito es que el infortunado Hernández, que ahora es un lisiado, fue quien promovió la denuncia contra el senador Charles Carrera por presunto encubrimiento, en vez de agradecer el gesto solidario del ex funcionario, al disponer su internación en una habitación vip de un nosocomio que destaca por la calidad de sus servicios, atención y equipamiento.

Para sustentar la acusación, promovida por el propio Ministerio del Interior, se alega que los civiles sólo pueden ser atendidos en el Hospital Policial por vía de excepción; lo cual, más allá de la norma, es realmente absurdo. Es obvio que dicho centro asistencial es, al igual que el Hospital Militar, un servicio financiado con los recursos del Estado y de los contribuyentes, que atiende a los funcionarios policiales y a sus familias. En este caso, los beneficiarios –que reciben una asistencia de superlativa calidad– abonan órdenes de consulta médica y tiques de medicamentos subsidiados y a precios irrisorios.

Si bien casi nadie cuestiona estos indebidos privilegios porque están naturalizados, este centro médico pertenece a toda la sociedad uruguaya. Por ende, cualquier civil tendría derecho a ser asistido y acceder a sus servicios, como lo hizo, por ejemplo, Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre del presidente de la República, en 1994, cuando aún ocupaba la primera magistratura. En esa oportunidad, fue operado de un tendón de su brazo derecho.

Esta es una operación de enchastre mixturada con un pago de favores y contaminada por la inmoralidad. La víctima, que tampoco tiene principios, acusó a quien lo benefició, a cambio de un trabajo. Es una maniobra realmente repugnante, con un fuerte hedor a corrupción y clientelismo.

Cuando comenzó este mamarracho armado contra Carrera, se acababa de otorgar el pasaporte al peligroso narco Sebastián Marset, en un operativo triangular digitado desde Montevideo, Paraguay y –según se supo recientemente– Bolivia. En el país guaraní se especula que se pagó medio millón de dólares por el documento.

Luego explotó el caso Astesiano, el espionaje contra dos legisladores frenteamplistas, las licitaciones digitadas con sobreprecios, las viviendas otorgadas a dedo, las exoneraciones impositivas que benefician a empresas donde trabajan familiares de gobernantes y el agua salada no potable.

Ahora, el oficialismo presiona a la Fiscalía para lograr sus espurios propósitos. Esta cortina de humo pretende ocultar lo inocultable: la rampante corrupción de un gobierno cuyas señas de identidad son la opacidad y la sordidez.