La invasión de los bolígrafos

Si bien el mecanismo constitucional de consulta popular tiene varios años, el que produjo un terremoto de impacto más político que constitucional fue el del voto verde contra la Ley de Caducidad.

De las muchas virtudes del mecanismo a pesar de su resultado incierto es que permitió y permite generar Organización Movilizada, traslada un tema de agenda política a la calle, al llano, permite aglutinar sectores que de otro modo se mantendrían distanciados por sus prioridades político-partidarias.

Su resultado final, salvo que se convirtiera en una estrepitosa derrota por quedar muy alejado del total de firmas requeridas, es que aun perdiendo electoralmente o faltando pocas firmas para su convocatoria, adquiere un peso político, al menos democráticamente imposible de ningunear.

No en vano el mecanismo original sufrió modificaciones por parte de aquellos leguleyos que estaban en el gobierno y que elevaron las exigencias, ante el peligro de que se pusiera de moda plebiscitar cualquier Ley como ellos -la derecha- hacen ahora.

Oportunistas y demócratas.

A pesar de ser la misma metodología, está claro que no es lo mismo pedir firmas como un reclamo, por ejemplo para habilitar el turno nocturno en la UTU de un barrio, que derogar la Ley Trans.

Hay quienes se arropan con una suerte de filosofía de radical demócrata que firma toda papeleta que venga y permita ejercer la opinión ciudadana.

Gente honesta e ingenua que además no necesita mucha información porque van a ayudar a habilitar igual la consulta o el reclamo.

También están en general los impulsores del acervo republicano, que no ven grandes complejidades en que un sector de la población, desconforme con la aprobación de ciertas leyes, exija un pronunciamiento ciudadano directo.

Y por supuesto, está toda la variada gama de oportunismo político, de los que pretenden ganar en la liga lo que perdieron en la cancha, aunque en este caso, sea exactamente al revés tomando el Parlamento como la liga.

Si tomamos en cuenta las leyes plebiscitadas, de las cuales tomaremos solo cuatro como referencia, se dieron en escenarios políticos distintos y con procesos de elaboración y discusión de las leyes acordes a esos escenarios.

La ley de Caducidad y la de empresas públicas emergieron de parlamentos con mayorías parlamentarias bajo gobiernos de derecha.

La primera, a la luz de aquel cambio de figuritas jurídicas que hiciera posible el Cambio en Paz de Sanguinetti; leyes definidas en conciliábulos que significaron la libertad para unos luego de larguísimos años de cautiverio y la impunidad para otros, sin una sola llamada de atención o arresto a rigor.

La segunda Ley, la de empresas públicas, como marco jurídico necesario para imponer la política neoliberal campante en la región, una apuesta a vender las joyas de la abuela que permitió un amplio espectro democrático que logró triunfar.

La tercera de ejemplo es la Ley de riego; para empezar, mal denominada porque lo que generó la juntada de firmas fue la ley que modificó la anterior y que, paradojalmente, sí tenía los riesgos que se anunciaban en esta campaña pero que en aquel momento nadie parecía haber advertido.

Ley que contó con un largo proceso de discusión parlamentaria con la participación de todos los actores directamente involucrados.

Si bien la recolección de firmas con el pasar del tiempo fue ganando la adhesión de sectores que honestamente empezaron a tener dudas sobre los alcances de la ley, este proyecto nació como parte de una estrategia de acumulación de fuerzas de minoritarios grupos políticos (PST-PCR) que contaban, eso sí, con destacados dirigentes sindicales, esa rara expresión de nuestra izquierda institucional sindical y partidaria que logra que minorías electorales tengan mayorías o poder de decisión en las estructuras.

Una campaña que al contrario de aquellas dos que debían salir a informar claramente y discutir los conceptos de impunidad y neoliberalismo, se basó en consignas conocidas y afines a un discurso de izquierda, que hacía tiempo no hablaba, desde aquel plebiscito de las empresas públicas, de privatizaciones, patrimonio, derechos, etc.

Así que un buen día este país macrocefálico y urbano por excelencia, fue convocado a discutir sobre surcos, afluentes, embalses y equipos de riego, con un silencio oficial un poco petulante y con varias confusiones de conceptos del otro lado.

Y nos consta que en los esfuerzos realizados de un lado y del otro por debatir en estrados públicos se terminó hablando más del dedo que señala la luna que de la luna.

Un elemento común de estas tres leyes es que tuvo a sectores de izquierda como elemento aglutinador y movilizador clave.

La cuarta ley, pero que podría englobar la mal llamada contra la bancarización y vivir sin miedo que en realidad promueve una reforma constitucional, tiene como elementos centrales a la derecha política, aprendices de brujos, o de convocatoria a plebiscitos, que parecen haber aprendido el rol organizador, aglutinador y movilizador de la recolección de firmas.

Más de uno de estos nuevos aprendices debe maldecir en voz alta al cráneo de Gonzalo Aguirre, aquel vicepresidente blanco del gobierno neoliberal, por haber aumentado los niveles de exigencia para habilitar un mecanismo que les permitiera más ágilmente convertirse en un verdadero freno al desarrollo jurídico, en esta práctica oportunista constante de la oposición política.

Una movida contra la popularmente conocida Ley Trans, que en principio servirá para aglutinar y consolidar ciertos sectores religiosos y recalcitrantes de la reacción uruguaya, pero que seguramente también abarcará a sectores de la población aún no maduros y lejanos a los argumentos que permitieron la votación de la Ley.

Un desafío interesante porque esas papeletas, cuenten o no con la adhesión de una firma, seguramente lleguen a esos sectores de la población, con lo cual esta izquierda de clase media y perfil universitario tiene dificultades de comunicación, cierto ruido en la línea.

Bolígrafos y amortiguadores.

El primer plebiscito de reforma constitucional en Uruguay se llevó a cabo en noviembre de 1917. A pesar del sesgo democrático de los que impulsaron la medida, estamos convencidos que forma parte de la práctica de aquellos amortiguadores batllistas, que habían logrado encaminar sus tensiones políticas pasando de la punta de los fusiles a la boca de las urnas.

Una forma de práctica política que, si la derecha no la sigue deslegitimando con su constante y oportunista utilización, forma parte de nuestras saludables prácticas democráticas.