Lo dijimos al principio, mediante el juicio sumario, sin derecho a defensa, y ejecución pública, no ya de sus enemigos (como el Frente Amplio), sino también de sus adversarios internos, como pasó con Jorge Gandini en la elección pasada y como acaba de ocurrir con el wilsonista histórico Carlos Moreira, más allá de la culpabilidad y lo deplorable de sus actos.
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Además de incerteza, inestabilidad, ajuste fiscal brutal que traerá recesión, miseria y desempleo, eliminación de derechos de trabajadores, baja de remuneraciones, y restricciones para los pobres en la educación y el acceso social, los lacallistas de Luis Pompita Lacalle vienen directamente con la motosierra en ristre, que también corta carne humana.
¿Somos nosotros los únicos que opinamos así? No. Opinaron lo mismo que nosotros -seguramente porque están empezando a ver el monstruo que impulsan- nada menos que El País y El Observador.
El editorial principal de El País, del director Martín Aguirre, del domingo 20, se titula «Una bomba de fragmentación».
En él dice: «La respuesta de las autoridades del Partido Nacional fue rápida y contundente […] Pero la reacción de Moreira reveló que no va a ser tan sencillo enterrar el episodio. El dirigente coloniense ya afirmó que no dejará la intendencia, que evaluará sus pasos a seguir en cuanto a renunciar a su lugar en la lista al Senado de Alianza Nacional y que se siente muy dolido con sus compañeros por la falta de garantías con la que entiende se procesó su caso.
Y, si escuchamos su defensa con cabeza fría y lejos de las pasiones y locura de las redes, francamente hay detalles que generan dudas sobre un “fusilamiento” tan sumario como el que se ha impuesto.
Es que casi peor para la suerte electoral de los blancos que este episodio, cuyo impacto en el mundo de las redes no tiene relación proporcional con la vida real, es lo que puede pasar si el mismo detona un conflicto interno entre los dirigentes. Ahí sí que puede generar un daño mayor de cara al próximo domingo, ya que en una elección que pintaba bastante apretada, cualquier margen que se regale por peleas intestinas puede ser determinante».
Lo que no dijo el abogado Martín Aguirre es que sin dudas este «fusilamiento» tendrá también su papel en el balotaje de noviembre entre Luis Pompita, el «fusilador», y el Frente Amplio.
Por su parte, El Observador del lunes 21 tituló un artículo firmado por Gonzalo Ferreira, editor jefe, «¿Realmente el Partido Nacional actuó tan bien en el caso Moreira?»; en el capítulo titulado 1, “El linchamiento», afirma: «Es verdad que Moreira no se ayudó para nada [las negritas son todas de El Observador] con las declaraciones del viernes. No tuvo una sola pizca de autocrítica, no reconoció ningún error y acusó -vaya sorpresa- la divulgación de los audios a fines “claramente políticos». Si hizo lo que se desprende de los audios, es gravísimo. No solo por confirmar que las prácticas clientelares siguen vivas en el Estado, sino porque además se le suma un condicionamiento sexual para acceder al pedido, que es realmente asqueroso.
Pero para eso hay que comprobar que realmente sea así como parece.
Ni el peor de los humanos merecería tratamientos exprés, al golpe de las redes sociales o de los nervios de la campaña. Lo que hizo el Partido Nacional fue sumarse al linchamiento público, prácticamente sin posibilidad de defensa. No es habitual que los fallos de las comisiones de ética estén prontos en un día. Ni siquiera en un mes. La cercanía de la elección hizo que actuaran con premura. Lo que los blancos quisieron transmitir es que no tolerarán, si llegan al gobierno, ningún tipo de desliz.
Por eso es muy peligrosolo que transmitieron al mismo tiempo los blancos con esta decisión. ¿No se preguntaron si los audios están editados? ¿No se les ocurrió consultar a la otra persona que aparece allí? Para ser gobierno también se requiere prudenciay respeto de los debidos procesos.
Esa señal no fue cuidada e impacta en la gente que se preocupa por respetar el Estado de derecho. Tal vez es marginal electoralmente, pero no por eso menos relevante». Y sigue: «2- Juzgar solo a una parte. De confirmarse lo que surge de los audios, no solo la actitud de Moreira es reprochable. La otra persona que se escucha también estaría cometiendoprácticas clientelares al pedir cargos en la intendencia. ¿El tribunal de ética no tratará el caso? ¿No la citará para consultar la veracidad de los audios? […]”.