«La Ley de Urgente Consideración puede colapsar al sistema judicial»

«Ya hemos tenido más de diez modificaciones al proyecto original del Código del Proceso Penal (CPP) y ninguna ha sido precedida de un análisis fáctico con rigor científico. Ello ha llevado a una fractura en el sistema, burocratizándolo aun más, haciéndolo más pesado», afirma Morales.

«Se dice que en nuevo sistema acusatorio, las penas son menores, pero ¿con qué se las compara? El anterior sistema no llevaba registro, por lo que era no tenemos ninguna referencia al respecto».

«Lo que se pretende es que todos los casos sean llevados a juicio, eliminando la discriminación entre delitos, eliminando la libertad vigilada, la condicional, las medidas sustitutivos. Todo eso es materialmente imposible y no tiene precedentes en ningùn lugar del mundo. Pero además, eso saturaría el sistema. No podemos movilizar para cada caso a policías, forenses, policía científica, técnicos del Instituto de Criminología (INACRI), testigos (porque en todas las causas se tiene que testificar) y toda una parafernalia de protagonistas que entre otras cosas implicaría sacar a la policía de la calle y potenciar el miedo», agrega la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales (AMFU).

«Se pretende mayor rigor punitivo, pero hoy superamos la cifra de procesados en el sistema anterior. El sistema hoy permite que todas las denuncias sean registradas y jerarquizadas mediante el procedimiento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA), un sistema que permite que todos los delitos puedan ser fácilmente denunciables  y que los depura y transparenta, Ya no existen los antiguos libros, se trata de un sistema informático en el que cualquier policía puede recepcionar las denuncias en una tablet y transferirlas, lo que se replica en la fiscalía. Allí se establece cuales son las zonas más problemáticas, la frecuencia del delito, su gravedad… Es decir, que se cuenta con parámetros y métodos cienfíficos que antes no existan. Eso permite que el sistema acusatorio sea analizado a partir de determinada cantidad de casos», dice la fiscal.

«La recusación de la aplicación del CPP no se da a través de un análisis específico del mismo y de sus resultados, sino poniendo en énfasis en sus anomalías, en las excepciones a la regla. Y en base a eso se acumula modificación tras modificación a un sistema que debería ser armónico y que termina siendo un tembladeral», manifiesta la fiscal.

«En la Ley de Urgente Consideración (LUC), esto se agrava. En definitiva, no se tiene claro lo que se tiene que hacer. Si se quiere llegar a un régimen represivo se van a obtener resultados exactamente contrarios a los que buscamos con la instrumentación del nuevo código», afirma Morales.