En cuanto a los colectivos que “históricamente enfrentaron mayores restricciones”, como por ejemplo las personas privadas de libertad, las personas en situación de discapacidad, las personas trans, “se otorga un subsidio a la contratación del 80 % del salario, independientemente de si la persona es varón o mujer”.
Destacó que se procura fortalecer a los emprendimientos de trabajo independiente. Y en este sentido puso como ejemplo lo que sucede con el cierre de empresas y las personas que se quedan sin trabajo. En ese caso, “vamos a otorgar un subsidio de hasta el 50 % de los aportes patronales para favorecer también la línea de trabajo independiente, el emprendedurismo, el cooperativismo; o sea, las cooperativas también pueden acceder a este beneficio”.
Formación profesional
Otro componente tiene que ver con la formación profesional y el acceso a la posibilidad de educación continua. “Allí lo que se busca es que las personas que sean contratadas a través de esta ley, el trabajador o la trabajadora que acceda a ese puesto de trabajo, tenga prioridad en el acceso a la formación, por ejemplo, brindada en los cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), y también las posibilidades de certificar los procesos de aprendizaje a través del programa Uruguay Certifica”, explicó.
Se trata de tres componentes que “estamos profundizando en este subsidio a la contratación en el sector privado: apoyo al emprendimiento con exoneraciones a los aportes patronales; que esos emprendimientos pueden ser de carácter individual, personal o de carácter cooperativo, porque también queremos que las cooperativas tengan un impulso en este gobierno, y toda la línea de formación y de capacitación, que para nosotros va a ser bastante importante”.
Araya indicó que la cartera cuenta con $407 millones anuales, unos U$S 10 millones, “para la ejecución; ese es el tope de recursos que tenemos actualmente. En el gobierno, en el periodo anterior, se ejecutaban aproximadamente $250 millones. Lo que buscamos es que se amplíe el acceso a la posibilidad de trabajo para estos colectivos que se encuentran en condiciones de restricciones de acceso al empleo, y poder ejecutar la gran mayoría de los recursos. Ese es nuestro objetivo, o sea, no quedarnos en los 250 millones de ejecución como hasta ahora, sino elevar esa ejecución a los 400 millones que están programados en el proyecto de ley”.
Perspectivas
Sobre las perspectivas del MTSS en cuanto al proyecto, Araya indicó: “Nosotros, por un lado, nos proponemos no bajar del número de contrataciones que tenemos actualmente, que rondan las 4.000 por año. El objetivo claramente es superar eso”.
Pero por otro lado, agregó, “tenemos un objetivo claro de aumentar el periodo de contratación. Hay un 30 % aproximadamente que no supera los 90 días en el puesto, entonces allí tenemos como una gran debilidad porque nos damos cuenta de que es bien importante que las personas permanezcan y tengan una inserción laboral estable y duradera en el puesto de trabajo”.
“Los objetivos que tenemos son, por un lado, no reducir el número de contrataciones por año, y por otro, reducir el porcentaje de población que no dura los tres meses, o su contracara, o sea, aumentar el tiempo que las personas duran en el puesto de trabajo”, finalizó Araya.
