La LUC despoja a Ancap de su contenido social y batllista definido en su creación

¿Este referéndum para ustedes es una elección de medio tiempo, promoviendo un voto castigo contra el gobierno?

No; primero el gobierno está reconociendo en la voz de su presidente que las encuestas indician que casi un 70% de la gente no tiene conocimiento de los contenidos de la LUC y es lo que nosotros veníamos sosteniendo hace un año cuando iniciamos este proceso, que esta forma de legislar no va con la manera republicana e histórica de este país, imponiendo una ley de casi 500 artículos para aprobar en 90 días, mientras la gente estaba con la preocupacion de la pandemia, de perder el trabajo e incluso la vida, sin posibilidad para la gente de apelar a la protesta, de expresar las organizaciones sociales su rechazo a algunos contenidos ya que estaba prohibido el derecho a reunión. Esa no es la forma a que los uruguayos aspiramos a que se haga política para cambiar institucionalidad.

Las 800.000 firmas presentadas en principio dijeron de alguna manera “no a esta forma de gobernar”. El debate permite discutir a fondo y es lo que hizo falta, pero no es un palo en la rueda al gobierno, es que con todos los elementos a favor y en contra la gente resuelva.

En los primeros debates a nivel público figuran dirigentes del oficialismo y de la oposición a favor y en contra de la derogación. ¿No hay riesgo de que la discusión se polarice entre la coalición y el Frente Amplio?

La que está llevando adelante la derogación es la Comisión Nacional Por el Sí, que integra el Frente Amplio, proceso de unidad donde todos, tanto el Frente Amplio como las organizaciones sociales que promovíamos la derogación total debimos ceder posiciones, el Frente incluso llegó a integrar a los 135 artículos cuatro que había votado en el Parlamento. El tema es que la prensa sale a buscar la opinión de los legisladores o dirigentes destacados del Frente que tienen un manejo general de los temas de la LUC y creo que debería cuidarse de que no sea el oficialismo el que aliente su constante participación. Yo creo que por ejemplo en los debates sobre Portabilidad Numérica, todo lo relativo a Ancap, en los temas de Educación, de Vivienda, por nombrar algunos hay compañeros de las organizaciones sociales y sindicales que pueden debatir en profundidad y el debate no queda centrado entre oposición y oficialismo.

¿Hay un manejo político del PPI?

La nueva metodología de cálculo del precio de los combustibles es un fracaso rotundo. Desde que se está llevando adelante la nafta aumentó un 30% y el gasoil casi un 25% y si no aumentó más es porque el gobierno a partir de las firmas decidió no utilizar el mecanismo, si no, el precio sería mucho mas alto. Si contextualizamos, vamos a ver que el gobierno dice que los combustibles aumentan porque aumenta el precio del crudo, verdad a medias porque si lo comparamos con el año 2020, está aumentando, pero en el año 2019 el precio del petroleo Brent, que es la referencia que usa Ancap, estaba en un promedio de US$ 65, en abril y mayo estuvo a US$ 71. Lo que paso es que la economía mundial se desplomó por la pandemia en 2020 y el precio del crudo se desbarrancó y llegó un momento que casi lo regalaban.

La LUC se votó el 8 de julio y se promulgó al otro día y se encomendó a la Ursea crear un nuevo mecanismo de calculo del PPI y se vota la propuesta el 21 de setiembre. ¿Por qué no aplicaron la LUC el 1º de octubre de 2020? El crudo en esa fecha estaba a US$ 39,75 y ahí podían haber bajado los combustibles, pero hubo una decisión política de no hacerlo.

¿Por qué no aplicaron el PPI en el primer semestre de 2021? Porque el presidente fue a la siembra de arroz y prometió no aumentar el precio del gasoil durante las siembras y cosechas de arroz, maíz y soja. Por esa decisión política Ancap dejó de percibir US$ 117 millones. No se subsidió el supergás, se subsidió a los malla oro.

Hay una manipulación política en la herramienta que se crea quitándole lo que habían prometido sobre la transparencia del mecanismo.

¿Ustedes dicen que el rol social de Ancap está en peligro?

Con esta modificación en la paramétrica el gobierno en 4 artículos de la LUC crea el Factor X y le asigna algo muy simbólico que es la “ineficiencia por sobre costos”, y esos sobrecostos para el gobierno que tiene un fuerte factor ideológico son las políticas sociales. Si la mitad del sobrecosto de ese Factor X es el subsidio al supergás que es una politica social destinada a favorecer a los sectores mas vulnerables desde la creación de Ancap, de la concepción batllista del Estado como escudo de los débiles, no es sobre costo ni ineficiencia, es una política social.

En ese Factor X esta el subsidio al flete, un subsidio de US$ 30 millones para que todos los uruguayos y uruguayas paguen el mismo precio de combustible incluido el supergás en cualquier punto del país. Que pague lo mismo el que vive al lado de la refinería que el que vive en Artigas. Eso es una política social que garantiza el acceso universal a un servicio público.

¿Quién se hace cargo cuando se deje ese subsidio?

La LUC dice que a partir del 1º de enero de 2022 se deben hacer cargo las distribuidoras, ¿pero alguien cree que una multinacional va a sacar esa plata de su bolsillo para que los uruguayos y las uruguayas tengamos el combustible al mismo precio? Nosotros creemos que no y que más temprano que tarde ese subsidio de US$ 30 millones lo van a trasladar al precio para que lo pague la gente y el costo se le va a calcular a la distancia que viva del punto de distribución.

Pero ya anunciaron que esa medida la están analizando y la pasen para después de conocer el resultado del referéndum.

Esas medidas abarcan a los biocombustibles.

Hay un subsidio de cerca de US$ 90 millones en función del precio del crudo; si este sube, el subsidio baja y viceversa; no se puede pensar la producción de biocombustibles en función de la ganancia, es un proyecto social que tiene una inversión económica y un retorno social.

Si se mide por rentabilidad, se van a encontrar justificaciones por todos lados para dejar de hacerlo, pero es una política social que devuelve dignidad a cientos de familias que no tenían para comer, que el Estado se hace presente y les otorga el derecho al trabajo incentivando la producción.

Sobre todo en el contexto de la pandemia y sus secuelas. El gobierno prefirió ahorrar US$ 600 millones y evitar que el Estado no llegue a donde tampoco llega el mercado.

Hay un reclamo generalizado de que tenemos los combustible más caros de la región.

Es otra verdad a medias. Tenemos el combustible más caro de la región, pero tenemos el supergás más barato de la región y en este caso no obedece a un proceso productivo, sino a una decisión política de favorecer a los que menos tienen.

Cuando se habla de la región se omite decir que Brasil y Argentina son países productores de petróleo, pero  sin embargo no tienen capacidad de refinar el 100% y deben salir a comprar al mercado externo algunos productos.

Si nosotros dejáramos de refinar y le compramos a Argentina, ellos no nos van a vender al precio que le venden a los argentinos, sino al precio que obtienen en el mercado internacional.

Abastecer un país no es pasar un camioncito por la frontera.

Están vaciando a Ancap de contenido abriendo el camino a las multinacionales para sus ganancias.