En días pasado se conoció, por diferentes medios de prensa de un operativo policial que implicó la detención infraganti de un hombre que estaba intentando robar un auto en la zona de Pocitos.
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De acuerdo a la información disponible sobre las declaraciones de los policías, el ciudadano se habría resistido al arresto con violencia por lo que los funcionarios lo habrían reducido usando una picana.
A partir de esta actuación, la justicia en su intervención, imputó a ambos funcionarios por el delito de abuso de funciones, imponiéndole a ambos, una sanción de arresto domiciliario.
El hecho tomó rápido estado público y sobre el mismo circularon versiones encontradas sobre lo que habría acontecido.
Más allá de la disparidad de las versiones circulantes, lo que generó intensos comentarios y posicionamientos, sobre el hecho fue el uso de una picana eléctrica por parte de los funcionarios policiales, así como, del tiempo que tardaron las autoridades ministeriales en valorar esta acción.
En la jornada de este lunes, el jefe de Policía de Montevideo, Comisario General Erodes Ruíz, habría declarado, según informara La Diaria, que el uso de picanas no se encontraba prohibido y argumentaba en este sentido que las mismas eran objeto de venta pública.
Las declaraciones de este jerarca policial, generaron la percepción popular de que “el fundamento de su venta pública” era el que legitimaría el accionar de los funcionarios policiales, con independencia de lo que al respecto se legisla en la Ley de Procedimiento Policial, sobre el uso de la fuerza y los medios para ello.
Luego de estas controvertidas declaraciones del jefe de Policía de Montevideo, el ministro del Interior Jorge Larrañaga ha declarado que “las picanas no están prohibidas, pero no forman parte del equipamiento policial”, desmarcándose con esta afirmación, de algún modo, con lo afirmado por el Comisario general Erodes Ruíz.
En sus declaraciones el ministro señaló que “la Policía no tiene instrucción para el uso de ese armamento no letal” y afirmó que el caso estaría siendo “investigado a nivel judicial” y lo estaría en el “ámbito de la investigación administrativa”.
Larrañaga recordó que sobre los años 2000-2002, este tipo de instrumento “formaba parte del equipamiento policial, ahora no forma parte del equipamiento policial (…) no hay instrucciones de esa utilización (…) no tiene instrucción la policía para la utilización de este armamento no letal”, enfatizó el ministro del Interior.
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