La placa no se mancha

Como es imposible recordar todo de todos, algunas historias pasan al olvido, y es sano que así sea porque la memoria, tanto la personal como la colectiva, necesita de espacios para que se acumule sólo lo que vale la pena. Después está la otra historia, esa que se fija en la memoria de una manera imposible de quitar. Eso sucede en Uruguay con el recuerdo del gobierno cívico militar y aun desde antes de que la dictadura se consolidara con la toma de todas las instituciones del Estado por parte de los militares y su entrada abrupta al Palacio Legislativo. Fueron épocas de terror y de muerte.   No se borra La ley Nº 18.596, Actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, en su artículo 7º, dice textualmente: “El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo. Las mismas tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado ejercido en el período señalado”. En el 8º, se lee: “En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos; podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos”. Cumpliendo esa normativa, son varios los Sitios de la Memoria que ya cuentan con el recordatorio, pero a los efectos de esta nota, se escribirá sobre dos de ellos: el ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (Cgior), que fue un lugar de detención y torturas desde 1968, y el Hospital Militar. En el primero, bajo las medidas prontas de seguridad impuestas por el gobierno de Jorge Pacheco Areco, estuvieron detenidos militantes sociales, sindicales y estudiantiles; el segundo, en la sala 8, destinada a los detenidos políticos, funcionó como centro de tortura y omisión de asistencia. En los últimos días de junio de 2018, a estos dos lugares llegó un coronel retirado y les tiró pintura verde a las placas. Seguramente, fue sin querer que hizo el mayor homenaje a la memoria.   El homenaje del Gallego CADV Conocer un poquito a este militar no está demás. A eso ayuda la dedicatoria en una monografía que presentó al Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), en la que el hombre estampa orgulloso: “Dedico este trabajo a la memoria de don Ramón Vecino Blanco (QEPD), mi abuelo, fuente de inspiración y guía en mi carrera militar; quien al igual que los soldados de la foto fue movilizado un día del mes de julio de 1936 en el Regimiento de Infantería de Zamora Nº 8 para luchar a las órdenes del Generalísimo Francisco Franco Bahamonde contra los enemigos de España”. Como para empezar, diríamos. El 25 de junio de madrugada, el coronel retirado CADV -dicen por ahí que bien puede apellidarse Díaz, y que es una ironía que su segundo apellido tenga la inicial uve, de “Vecino”, habiendo demostrado ser tan mala persona- manoteó una bufanda, se cubrió buena parte del rostro con ella, se subió a su Chevrolet y salió de farra. Sus paradas, confirmadas por las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, fueron cercanas al Cgior y al Hospital Militar; sus objetivos, mediocres: tapar con pintura verde unas letras grabadas sobre unas placas. Parece increíble que tan corto paseo (el hombre vive en La Blanqueada) se traduzca en una pérdida enorme de costo-beneficio: CADV deberá volver para limpiar lo que hizo, recluirse en su casa por seis meses y, como es militar retirado, está aún sujeto a un estatuto disciplinario: el Poder Ejecutivo lo sentenció a ocho días de arresto a rigor. Caras y Caretas dialogó con Daoiz Uriarte, el abogado que representó a colectivos sociales que denunciaron a CADV por el daño, quien explicó que no hubo juicio porque el hombre reconoció la culpabilidad, pidió disculpas e hizo un acuerdo con la fiscal. Uriarte también aclaró otros aspectos: “No tiene libertad vigilada, sino prisión domiciliaria, que está bajo vigilancia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que puede pedir a la comisaría que se dé una vuelta por la casa del hombre. Si se constatara que él no está en su casa, va preso sin más trámite”. Uriarte dice que, igualmente, para él lo más importante es que se le obligó a limpiar el daño: “Creo que es absolutamente personal; tiene que limpiar él, si no, la pena no tendría sentido”, indica. El valor que le da el abogado a la sentencia es que “por primera vez alguien es condenado por un delito de este tipo, sentando un precedente”, concluye. Es cierto: la jueza penal Blanca Rieiro sentó un buen precedente al imputar a CADV “dos delitos de daño especialmente agravados en régimen de reiteración real”, pero no me deja de parecer una lástima que tenga que limpiar su trabajo. CADV tiene 56 años, era apenas un niño cuando el terrorismo de Estado empezó a hacer estragos en la sociedad uruguaya y tenía apenas una década cuando sus referentes dieron un golpe de Estado. Lo que hizo no lo debería limpiar. A 33 años de la restauración democrática, eso debería quedar como otra marca de la Memoria. Las generaciones futuras merecen que CADV resguarde su obra, cubrirla con acrílico para que el tiempo no la desgaste y hacerse cargo de empotrar al lado una nueva, que diga lo que él borró y que aclare que fue vandalizada por un militar que se formó en dictadura. Porque la memoria no borra ciertas cosas, pero hay otras, de seres miserables, que pueden caer en el olvido. Suelen ser esas cosas las que encierran mayores peligros.