La política por encima del derecho internacional

«Tras una detallada revisión de los hechos disponibles, he determinado que la República Popular de China, bajo la dirección y el control del Partido Comunista de China, ha cometido genocidio contra los uigures predominantemente musulmanes y otras etnias y grupos minoritarios religiosos en Xinjiang», señaló el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado dado a conocer el el 19 de enero, el mismo día que abandonaba su cargo.

A partir de esa fecha EEUU inauguró una nueva estación donde será el sistema de gobierno chino y su política de derechos humanos el objetivo preferido de sus ataques.

“Creo que este genocidio continúa y estamos presenciando un intento sistemático de destruir a los uigures por parte del Estado chino de partido único”, agregó el hasta entonces jefe de la diplomacia estadounidense.

Xinjiang es una región autónoma al noroeste de China que representa la sexta parte de su territorio y, por su posición, tiene para Beijing una importancia estratégica para su megaproyecto de la Nueva Ruta de la Seda ya que permite la conexión con Asia central.

Casi la mitad de su población de 25 millones de habitantes pertenece a la etnia uigur, principalmente musulmanes, que en su mayoría hablan una lengua túrquica y escriben en la versión modificada persa del alfabeto árabe, lo que explica su cercanía cultural y religiosos con los países limítrofes.

Su economía esta basada en la agricultura donde la producción de algodón representa casi un cuarto de la oferta mundial, pero también es rica en minerales como carbón, cromo, zinc, hierro, así como petróleo y gas.

«Estos últimos años, Mike Pompeo difundió un número incalculable de mentiras e ideas perniciosas. Esta acusación de un supuesto (genocidio) es solo una de sus mentiras absurdas y descaradas», fue la primera respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y exhortó al nuevo gobierno de Biden a que «perciba a China de forma objetiva y racional» y que «tenga un espíritu de conciliación».

Vale la pena recordar que, caracterizando su gestión como director de la CIA, Pompeo ya había confesado  que su política se basaba en la “mentira, el engaño y el robo”.

Estados Unidos se convirtió así en el primer país occidental en calificar formalmente de «genocidio» la situación de Xinjiang y desde entonces la “cuestión uigur” ha sido, junto Hong Kong y Taiwán, uno de los temás de mayor fricción y confrontación entre Beijing y Washington, lo que políticos y expertos ya reconocen como el escenario de una nueva guerra fría.

En una reciente entrevista, Willian Schabas , profesor de derecho internacional de la Middlesex University de Londres, afirmó que la posición de Estados Unidos y en particular el informe del Departamento deEstado sobre China es “absolutamente inútil porque usan el término genocidio sin ninguna explicación legal que lo justifique”.

“Buena parte del informe se ocupa de cuestiones como la libertad de expresión, la protección de los refugiados y las elecciones libres, pero ninguna de ellas constituyen per se genocidio”, subrayó el jurista canadiense.

La definición de genocidio fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, pero sus alcances han sido objeto de debate entre expertos en derecho internacional, diplomáticos, políticos y académicos.

Según el artículo 2 de esa Convención, el delito de genocidio se sustancia cuando se verifican cualquiera de cinco actos (el primero es la matanza o exterminio del grupo) “perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

Para Schabas, esa definición de genocidio -que amplía la de «crímenes de lesa humanidad» utilizada en Núremberg, porque trata de las atrocidades cometidas en tiempos de paz- es precisamente la aplicada por “los principales tribunales de la ONU, como en los casos de la ex Yugoslavia y Ruanda, que basaron sus sentencias en el alto grado de evidencia de la destrucción física intencional “ perpetrada por los culpables”.

“¿Qué otras pruebas puede haber de un genocidio en China? El informe del Departamento de Estado hace mención del encierro en campos de internación de, tal vez, un millón de uigures. De demostrarse, eso constituiría una grosera violación de los derechos humanos; pero una vez más, no es evidencia, per se, de una intención de exterminio”, escribió también Schabas en un trabajo publicado por la prestigiosa revista Project Syndicate en coautoría con Jeffrey Sachs, director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia y principal asesor de la ONU para los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El gobierno chino ha negado categóricamente las acusaciones de represión y abusos en Xinjiang y ha presentado pruebas y testimonios de que se trata de campos «de reeducación» construidos en la zona donde se brinda «formación vocacional» en el marco de la lucha contra el «terrorismo, extremismo y separatismo”.

El Movimiento Islámico de Turkestán Oriental (ETIM por sus siglas en inglés) ha utilizado sistemáticamente la violencia armada y actos terroristas para promover su objetivo de establecer un denominado «Turkestán Oriental» independiente dentro de China.

Según un informe publicado por Naciones Unidas en 2011, el ETIM «ha establecido bases fuera de China para entrenar terroristas y ha enviado a sus miembros fuera del país para planear y ejecutar actos terroristas, incluidos bombardeos de autobuses, cines, grandes almacenes, mercados y hoteles». La misma fuente afirma que el ETIM también ha llevado a cabo asesinatos, ataques incendiarios y ataques terroristas contra objetivos chinos en el extranjero.

Las acusaciones de esterilizaciones forzosas contra los uigures, además del boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de inviernos celebrarse en Beijing a principios del més próximo, fueron el tema principal de una conferencia de tres días en la Universidad de Newcastle en Reino Unido.

Una de las principales ponencias fue la del académico Adrian Zenz, que presentó los resultados de una investigación que concluyen que el gobierno chino quiere reducir por la fuerza la población uigur, el cuarto de los cinco casos de genocidio prescritos por las Naciones Unidas.

La respuesta de Schabas también fue categórica: “Las evidencias presentadas por Zenz son el resultado del objetivo de China de reducir la tasa de natalidad de los uigures para que sea una tasa de natalidad comparable a la de otros en la República Popular y no son una fuerte prueba de una intención de destruir al grupo”.

Sabemos que China durante los últimos 40 años ha mantenido la política de hijo único dirigida a limitar el número de nacimientos en el país. Y tenemos que entender medidas como esa dentro de ese contexto”, agregó el autor del elogiado libro Genocide in International Law: The Crime of Crimes (Cambridge University Press, 2009; Genocidio el el derecho internacional: el crimen de los crímenes).

La política de hijo único, que hasta hace poco se aplicaba en forma estricta a la mayoría de la población china, fue siempre más flexible en el caso de las minorías étnicas (incluidos los uigures) y aun hoy Xinjiang registra una tasa general de crecimiento poblacional positiva y, según todos los estudios demográficos, su población uigur creció más rápido que las otras etnias en el período 2010‑18.

Ya en su trabajo con Jeffrey Sachs, Schabas había recomendado que si Estados Unidos “no puede presentar pruebas en respaldo de la acusación de genocidio, debe retirarla. En tanto, debe apoyar una investigación de la situación en Xinjiang, bajo patrocinio de la ONU”. La actuación de la ONU, y en particular de sus relatores especiales sobre derechos humanos, es esencial para promover la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

En la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tuvo lugar en Ginebra, el gobierno de Xi Jinping invitó oficialmente a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a realizar una visita a la región autónoma y afirmó que también recibirá una misión de expertos de la ONU a Xinjiang que se base en “el intercambio y la cooperación”, no en una “condena anticipada”.

Por su parte, en la sesión 47 del mismo organismo del pasado mes de junio, más de 90 países expresaron su apoyo a la postura de China y 65 de ellos se opusieron claramente a una declaración de condena promovida por Canadá sobre la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, por considerar “las acusaciones infundas y una inaceptable interferencia en los asuntos internos de China”.

Desde que un grupo de países occidentales, liderados por EstadosUnidos, apuntó sus baterías contra Beijing por el “caso uigur”, el gigante asiático ha respondido todas y cada uno de las acusaciones y exigido que se trate en el marco del derecho internacional y en la sede de los organismos competentes de las Naciones Unidas.

En cambio, Biden, ante las debilidades jurídicas de sus acusaciones, optó por subordinar el derecho y la jurisprudencia internacional a su estrategia política y el supuesto genocidio en Xinjiang es hoy la punta de diamante utilizada por EEUU para aislar a China y frenar su creciente influencia en el concierto mundial.

Sachs y Schabas en el citado trabajo alertan sobre los peligros que comporta la política estadounidense: “La acusación de genocidio no es para hacerla a la ligera. Un uso inadecuado del término puede intensificar tensiones geopolíticas y militares y devaluar la memoria histórica de genocidios como el Holocausto, lo que dificultará su prevención futura. Es deber del gobierno de Estados Unidos actuar con responsabilidad a la hora de formular una acusación por genocidio, algo que no ha hecho en este caso”.