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La Revista | delincuentes |

Uruguay y el lavado de dinero

El camino del éxito está plagado de elegantes delincuentes

Desde 1976 nuestro país ha sido uno de los lugares preferidos por quienes quieren esconder dinero generado en operaciones ilegales.

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Que eso es “lavar”, legalizar dinero sucio. Acá encontraron una red de estudios jurídicos dispuestos a asesorarlos y un sistema bancario dispuesto a ocultar ese dinero. Pero también encontraron un país que aceptaba cualquier inversión sin preguntar mucho.

Empleando legislación existente desde 1948, pero potenciada en los 90, las SAFI fueron el instrumento preferido por los lavadores asesorados por importantes estudios jurídicos.

El 31 de mayo de 1999 la revista Noticias (Argentina) publicó una extensa entrevista a Abel Reynoso, entonces jefe regional de la DEA, quién afirmó que "investigaba una red delictiva que lavó unos 1.300 millones de dólares provenientes de coimas por privatizaciones, venta ilegal de armas y narcotráfico. En su agenda figuran 3 bancos, 14 sociedades fantasmas y los nombres de importantes políticos de Argentina, Uruguay, Brasil y México".

El agente especial explicó que "en esa investigación participaron el FBI y la US Securities Exchanges Commission (SEC) y desemboca en un estudio jurídico uruguayo con fuertes lazos con el expresidente Luis Alberto Lacalle".

Reynoso se refería a Ignacio De Posadas, principal del estudio Posadas, Posadas & Vecino y exministro de Economía del gobierno herrerista.

El agente explicó detalladamente lo que todos los uruguayos sabían: cómo y dónde se arma una sociedad anónima. Los nombres que expuso son los de: "Ignacio de Posadas, Alcides Diniz, Emir Yoma, Carlos Salinas de Gortari, Fernando Collor de Mello, Carlos Menen y Luis Alberto Lacalle".

De Posadas calificó como “bobadas” estas acusaciones. Pero Lacalle Herrera dijo más: “No sé de ninguna investigación sobre lavado de dinero en Uruguay. El país tiene leyes especiales, eso es cierto. Pero eso es una acusación infundada. El estudio Posadas se dedica a la confección de holdings. No quiero hablar por el doctor Posadas, pero le aclaro que él vende una sociedad.

La atención privilegiada que la DEA daba al estudio jurídico del exministro de Economía comenzó en 1992 cuando la firma otorgó al entonces presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, una "coartada" de 5 millones de dólares para justificar los fondos provenientes de la venta de influencias que realizaba su jefe de campaña, Paulo César Farías. En su momento, Brecha reveló que el "favor" de Posadas, Posadas y Vecino al presidente de Brasil fue posible gracias a la fluida relación del estudio jurídico con el empresario Alcides Diniz, amigo de Collor, que como otros tantos empresarios subfacturaba y sobrefacturaba utilizando sociedades anónimas uruguayas administradas por el estudio.

También en 1999, Stanley Morris, director de la Red contra los delitos financieros (Fincen), organismo del Departamento de Hacienda de EEUU, decía: "El dinero sucio aleja al dinero limpio, y si esto sucede, el poder económico pasará a manos del crimen organizado. El poder económico, por supuesto, se puede transformar en poder político en las democracias frágiles que de repente se encuentran controladas por organizaciones delictivas".

En el año 2009, por decreto, el gobierno de Tabaré Vázquez creó la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y a fines del 2017 por ley nació la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y se aprobó la ley antilavado. Hasta entonces Uruguay era un “paraíso fiscal”. Pero hasta hoy no logró evitarse el lavado de dinero.

La pareja del ministro

El caso más trascendente de los últimos tiempos es el de la contadora Maya Cikurell, detenida el 19 de febrero de 2020 en el puerto de Colonia cuando junto a su pareja, Pablo Da Silveira, recién nombrado Ministro de Cultura del gobierno de Luis Lacalle Pou, pretendía viajar a Buenos Aires.

En realidad desde tiempo antes Interpol tenía una “alerta roja” para detener a Cikurell y extraditarla a Panamá, donde es investigada por su papel en el pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht al expresidente de ese país Ricardo Martinelli. Pero como su nombre estaba mal escrito no pudo ser detenida antes.

Según informó Caras y Caretas el 12 de junio de 2020 (ver: https://www.carasycaretas.com.uy/lo-que-se-sabe-de-maya-cikurel), desde un estudio que funcionaba en la zona franca de Aguada Park, MVD Group Servicios Fiduciarios, con domicilio en Paraguay 2141, apto. 407, Cikurell administró la empresa Arcadex Corporation, por donde pasaron millones de dólares a diferentes cuentas en Suiza.

Cikurell, que al mismo tiempo era perito del Poder Judicial, figuraba en ese bufete como Maia Oliva.

El estudio es propiedad del ingeniero brasileño Octavio Fernandes de Oliveira y está especializado en planificación fiscal internacional y en estructuras financieras en materia de comercio internacional. Allí era socio Francisco Martinelli Patton, primo del expresidente panameño investigado por corrupción.

En mayo de 2016, la Fiscalía Federal de Suiza solicitó a Panamá información sobre Ricardo Martinelli Linares y sus hijos por el caso Lava Jato en relación con la investigación a la constructora Norberto Odebrecht.

La fiscalía de Suiza investiga a la compañía brasileña Odebrecht por el supuesto pago de sobornos a la estatal brasileña Petrobras y funcionarios de al menos 39 países, con el propósito de obtener contratos de obras públicas. El pago de coimas se hizo desde cuentas bancarias que tenía Odebrecht en Suiza, país que congeló más de US$ 800 millones que mantenía la empresa brasileña en ese país.

Cikurell está citada en la investigación en relación con la empresa Arcadex Corporation, con sede en Belice y usada en el pago de sobornos en Panamá y que involucra al expresidente Martinelli.

Entre el 15 y el 24 de diciembre de 2009, Odebrecht transfirió a Arcadex US$ 20.080.724,39, según la Justicia suiza. Entre los documentos presentados se verificó que Odebrecht también mantuvo una cuenta a nombre de Arcadex en el Commerzbank, por donde pasaron US$ 1.724.706,51, entre el 23 de junio y el 24 de diciembre de 2009.

A su vez, el periodista Fabián Werner publicó en Sudestada que “los documentos judiciales señalan que la empresa Havinsur utilizó la cuenta número 1154894, del banco PKB Privatbank AG, en Suiza”, mientras mantenía la dirección en la calle Soriano 1140 bis, apartamento 102, de Montevideo.

En ese pequeño escritorio funciona una verdadera fábrica de sociedades de papel, nombrada hasta el cansancio en innumerables investigaciones internacionales sobre blanqueo de capitales. Daniel Pérez Blanco es quien figura como el responsable del estudio, pero quien aparece como presidente de Havinsur desde 2 de agosto de 2007 es el uruguayo Gastón María Giovannone Martin.

Havinsur también tenía como beneficiaria económica a la constructora Norberto Odebrecht, según la investigación del Ministerio Público de Brasil, pero la firma autorizada a realizar los movimientos de dinero era de la contadora uruguaya Maya Cikurell Spiller.

Esta mujer nacida en 1973 tiene antecedentes vinculados a empresas offshore, denuncias de lavado y asesoramiento a empresas que aparecen en la trama del Lava Jato”.

El 20 de febrero de 2020, la jueza uruguaya María Helena Mainard dictó prisión domiciliaria por 60 días para Cikurell por un «presunto delito de lavado de activos» en el caso Odebrecht. Se aguardaba el pedido de extradición desde Panamá.

En junio de ese año, la magistrada negó la extradición por “problemas formales en la solicitud”, según confirmó su abogado defensor, Gonzalo Fernández. Pero el fiscal Ricardo Lackner, a cargo de Delitos Complejos, cuestionó la decisión de la jueza señalando que “la negativa de cooperación, cuando no está fundada en razones de una grave violación a los derechos humanos o de falta de garantías, es una mala señal”.

En tanto la fiscalía suiza da por probado el papel de Cikurel en la trama Odebrecht.

La contadora uruguaya debe presentarse en Panamá en setiembre para declarar como imputada. En caso contrario será nuevamente requerida.

El hermano de Julio María

Andorra es un principado ubicado en los Pirineos, entre España y Francia. Su territorio es el doble que el departamento de Montevideo pero tiene 77.000 habitantes. La principal institución bancaria es la Banca Privada de Andorra (BPA) con sedes en España, Luxemburgo, Suiza, Panamá y Uruguay.

En nuestro país funcionaba desde el año 2003 en la oficina 1909 de la torre B del World Trade Center de Montevideo. Su presidente era Eduardo Ache, quien a la vez se desempeñaba como presidente del Club Nacional de Football.

El 21 de febrero del 2013 el Banco Central decretó la liquidación del BPA por falta de controles sobre el lavado de dinero” […] Y le aplicó una multa de 30.000 UI “por las deficiencias e incumplimientos constatados en relación con las normas de prevención del uso de las instituciones financieras para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

En esos 10 años el BPA se convirtió en un actor fundamental en el lavado de las coimas pagadas por Odebrecht en varios países latinoamericanos.

El principal “ejecutivo de cuentas” y vicepresidente era entonces Andrés Betingo” Sanguinetti, medio hermano del ex presidente Julio María Sanguinetti y dirigente del Club Atlético Peñarol.

De acuerdo a la información difundida por Sudestada “la jueza andorrana Canòlich Mingorance reunió un cúmulo de pruebas que muestran cómo Betingo movió sus influencias personales con el exdirectivo de la empresa Odebrecht Luis Eduardo da Rocha Soares, alias Luisinho, para conseguir que la constructora se convirtiera en cliente del banco y utilizara la sucursal uruguaya como vehículo para el lavado de cientos de millones de dólares entre los años 2006 y 2015.

Su nombre aparecía en los intercambios del sistema Drousys , que Odebrecht montó para garantizar el anonimato de sus transacciones ilícitas, directamente con su correo electrónico de BPA (a.sanguinetti@bpa.ad) y con su nombre completo. No cabían dudas sobre su participación e importancia en el esquema, escribió el periodista Werner.

“Andrés Sanguinetti es un uruguayo, amigo mío, conocido de mi familia. Él trabajó en el [banco suizo PKB también en Uruguay y trabajó en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue para la Banca Privada de Andorra, me buscó, y comenzamos a tener una relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar”, explicó Da Rocha Soares en una de sus declaraciones ante la Justicia de Brasil.

“Indicábamos al BPA, en la persona de Andrés Sanguinetti, para la apertura de cuentas a nombre de testaferros. Entretanto, los reales beneficiarios eran personas políticamente expuestas. Uno de ellos era el hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli”, relató Luisinho en otra de sus comparecencias judiciales.

En 2018 fue extraditado a Andorra y procesado por el delito de lavado de activos por la jueza Mingorance. Permaneció detenido dos meses en una lujosa cárcel y pudo volver a Uruguay gracias a un acuerdo que le permite cumplir su condena en libertad.

En el año 2019 la Fiscalía colombiana solicitó una circular azul de Interpol para ubicarlo y detenerlo por los mismas delitos cometidos en ese país. Está acusado de haber participado en el trámite del soborno de 6.500.000 dólares que la constructora brasilera le dio al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales para quedarse con la Ruta del Sol II.

Hoy tiene otras tareas en Uruguay. (Ver nota “El gran hermano” en esta misma edición).

En Uruguay no hubo, ni hay, ninguna investigación judicial por las actividades ilícitas de Maya Cikurell y Betingo Sanguinetti.

El fabricante cuchillos

Durante los últimos 30 años el estudio Posadas, Posadas & Vecino ha sido mencionado en diferentes causas por lavado de dinero en Brasil, Argentina y Uruguay. Ha sobrevivido a todos los gobiernos aun cuando el Senado de EEUU y la DEA lo habían investigado y acusado.

“Nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillos por los crímenes que se pudieran cometer con ellas”, dijo en 1999 Ignacio De Posadas, ahora retirado del estudio que dirigió.

El estudio Posadas, Posadas & Vecino cumplirá pronto 100 años de actividad. Creado por una de las familias más ricas de Uruguay y Argentina, tuvo en el doctor Ignacio De Posadas a uno de sus miembros más destacados, ya que en 1990 fue elegido senador y dos años después nombrado ministro de Economía y Finanzas por el entonces presidente Luis Lacalle Herrera.

Se define como “uno de los estudios de mayor tamaño y con más prestigio de Uruguay. Somos una firma de servicio completo, que desde el inicio ha comprendido que nuestros clientes precisan de soluciones únicas e integrales, convencidos de que a sus objetivos no se llega con fórmulas predefinidas, sino con involucramiento, creatividad y profesionalismo”.

El exministro de Economía afirmó que la plaza financiera uruguaya “no da para lavar dinero”, por lo que consideró que son “macanas” las acusaciones realizadas por la diputada argentina Elisa Carrió en el año 2000.

Pero no era Carrió quién lo acusaba sino que las mismas estaban documentadas por una investigación del Senado de EEUU sobre lavado de dinero en América Latina y especialmente sobre el Citibank.

El conocido como “informe Carrió” recogía toda esa documentación más toda la información obtenida por la comisión parlamentaria argentina. Y allí había datos concretos.

Por ejemplo, un subcapítulo vincula a De Posadas con Gaith Pharaon (definido por el FBI en los años 90 como el mayor lavador de dinero del mundo) y con el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, también vinculado a Carlos Menem.

“El acta de constitución de Funds SA (empresa propiedad de Al Kassar) fue suscripta por los mencionados Francisco Obes Secco y Tomás Guerrero Costa, Ignacio De Posadas Montero (Casado Con María Magdalena Secco De Souza), constando también la dirección: Juncal 1305, piso 21, Montevideo”.

El documento agrega que “Tomás Guerrero Costa suscribió también el acta de constitución de Quantum Trade SA, nuevamente con domicilio en Juncal 1305, piso 21, Montevideo. Los abogados de Merril Lynch Group, Tomás Guerrero Costa y Juan C. Oreggia Carrau, pertenecían al estudio que corre con la denominación ‘Posadas, Posadas & Vecino’, ubicado en la calle Juncal 1305, piso 21 (Montevideo, Uruguay); precisamente el mismo domicilio de la empresa Comeral SA, una empresa de servicios del grupo Pharaon, cuyo único accionista (100%) era la empresa Concorde International Trading (grupo Pharaon), siendo director de Comeral SA una persona llamada Antonio C.L. de Souza Bandeira (no identificado hasta el momento)”.

En mayo de 1994 la jueza federal argentina María Servini de Cubrini, acompañada por la fiscal Alejandra Perroud, junto a jerarquías del Banco Central de ese país y de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, allanó la sucursal uruguaya de Merril Lynch buscando documentación sobre Gaith Pharaon, quien estaba prófugo acusado por lavado de dinero. El allanamiento se hizo con anuencia de la Justicia uruguaya.

A la hora y media de estar allanando las oficinas y cuando habían obtenido muchísima documentación demostrativa de que las empresas de Pharaon eran manejadas por el estudio Posadas, Posadas & Vecino, abogados de este estudio interrumpieron el allanamiento aduciendo el secreto bancario, aunque Merril Lynch no era todavía una institución financiera. Una semana después el gobierno que De Posadas integraba la declaró casa bancaria.

Vale recordar que De Posadas fue director de Merril Lynch entre 1980 y 1989.

La relación del estudio con la política brasileña viene de finales de la década del 80, “cuando el empresario Alcides dos Santos Diniz utilizó los servicios del ‘señor Ignacio’ para colocar 5 millones de dólares en la campaña electoral de Fernando Collor de Mello a través de una SAFI (Sociedad Anónima Financiera de Inversión). La secretaria de Diniz, Sandra Fernandes de Oliveira, confesó y presentó documentación en la comisión investigadora parlamentaria de Brasil que confirmó el pago de honorarios a De Posadas”, escribió el periodista Gabriel Tenenbaum en Brecha.

Por su parte, el periodista Werner escribió en Sudestada que “el estudio Posadas, Posadas & Vecino recibió al menos 264.000 dólares del exdiputado brasileño Eduardo Cunha, preso por haber cobrado 1,5 millones de dólares de coima debido a su participación decisiva en la ruinosa compra de los derechos de explotación de un pozo petrolero en Benín”.

La coima de 1,5 millones de dólares fue recibida en varias entregas, a través de distintas empresas en diferentes cuentas bancarias. Algunas de esas transacciones se hicieron a través de una cuenta en Ginebra, en la sucursal del banco Merryl Lynch (que luego cambió su denominación a Julius Baer), a nombre de la empresa Netherton Investments PTE Ltd., con sede en Singapur.

Quien abrió la cuenta en Ginebra a nombre de la offshore de Singapur fue el abogado Luis María Piñeyrúa Pittaluga, del estudio de abogados uruguayo Posadas & Vecino.

Junto a Agustín Urtubey y Rosario Medero, Ignacio De Posadas participó activamente en la venta del Banco Comercial a los hermanos Rohm durante el gobierno de Lacalle Herrera.

El estudio De Posadas fue contratado por el gobierno de José Mujica para elaborar la estructura jurídica de Gas Sayago, la empresa que operaría la regasificadora y a la vez encargarse de la auditoría sobre las empresas extranjeras que se presentarían a la licitación. Así llegó la empresa brasilera OAS, la cual luego debió abandonar el proyecto al quedar involucrada en el esquema de pago de coimas denominado Lava Jato.

En relación al caso Odebrecht, Sudestada informó que “Renato de Souza Duque fue director de Servicios de Petrobras. Luego de permanecer un tiempo en prisión, hoy goza de penas alternativas a la privación de libertad, aunque su condena fue duplicada por los delitos de corrupción y lavado de dinero, por haber aceptado millonarias propinas para beneficiar al cártel de empresas constructoras que esquilmó a la petrolera estatal de Brasil”.

Entre las empresas privadas que, según la Justicia, sobornaron a Duque se encuentran la brasileña Odebrecht, la argentina Techint y la italiana Saipem. Y quien fue contactado en 2009 para ayudarlo a montar la estructura de lavado fue el empresario brasileño João Antônio Bernardi, quien colaboró con la Justicia de Brasil para aportar detalles a la historia de corrupción.

Con base en el testimonio de Bernardi y otros colaboradores, la investigación judicial brasileña obtuvo pruebas de que Uruguay jugó otra vez un rol fundamental en el blanqueo de capitales. Ahora es el estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV) el que aparece como asesor y administrador de bienes obtenidos gracias a la corrupción.

En su confesión, Bernardi contó que, a fin de administrar las coimas destinadas a De Souza Duque, contactó al abogado brasileño José Reginaldo Filpi para que lo asesorara en la apertura de una cuenta en el exterior. Así fue que abrió la sociedad anónima uruguaya Hayley (con su correspondiente filial en Brasil, Hayley do Brasil), junto a la cuenta bancaria 0482375100654700001 en el Banque de Commerce et Placement en Ginebra, Suiza. En esa ciudad europea tiene una sucursal el estudio PPV.

Filpi y sus colaboradores tercerizaban servicios tanto en Brasil como en el exterior, dice el informe, que pone el ejemplo de dos países a los que recurría de manera asidua: Uruguay y Panamá. En el primero, la Policía identifica como dirección: Mones Roses 6937, Montevideo, Código Postal 11.500, Uruguay”.

En junio de 2020 la Senaclaft, ahora dirigida por Jorge Chediak, abogado y exministro de la Suprema Corte, archivó una investigación iniciada en el período anterior contra el Estudio De Posadas por “incumplimientos de la normativa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Hoy la familia de Ignacio De Posadas se mueve en otras áreas. María Magdalena Secco de De Posadas fue la creadora de la Fundación a Ganar -hoy ya no está en su dirección- que opera en Maldonado, Rocha y Paysandú. Con generosos fondos públicos se encarga de tercerizar y administrar personal y obras de las respectivas intendencias.

Uno de sus hijos, Francisco Javier, es el propietario del Grupo Magnolio, integrado por las radios El Espectador, Del Sol FM, Radio Disney, Latina FM, Azul FM (en Montevideo y Maldonado), Bohemia FM (Colonia y Maldonado) y acaba de concretar la adquisición del semanario Búsqueda.

¿Cómo llegar a ser lavador?

En los cursos que dictaba a fines de los 90 en Argentina, el exjefe regional de la DEA Abel Reynoso adoptaba el papel de narcotraficante para explicar lo fácil que era establecerse y hacer negocios en el país.

"Si yo soy un narco mexicano o colombiano o un funcionario corrupto, llego a la Argentina, me establezco en el mejor hotel de Buenos Aires y hago saber que quiero invertir 100 millones de dólares en un shopping o un negocio de exportación de vacas. Abro una cuenta en el banco más importante de Argentina. Pongo 4 o 5 millones para empezar a operar. A los 10 minutos me llamaron todos los tipos grandes del mundo de los negocios. A la semana, ya me estoy codeando con ministros, porque me invitaron al hotel Alvear a una recepción, voy al club de golf de San Isidro, salgo a navegar, porque tengo plata, no me muevo con cualquiera.

Al rato ya estoy almorzando en la Casa Rosada. No digo nada de lo que hago. Digo que me interesaría hacer un centro comercial, a lo mejor un restaurante. Entonces un secretario de un secretario hace unas llamadas y dice mirá, está fulano de tal, quiere invertir. Y se abren todas las puertas. Apenas pasó un mes.

"La prensa no sabe nada, a este nivel mi cara no existe. Entonces me establezco y llego cada tanto con millones de dólares e invierto. ¿Quién sabe de esto? El presidente, el ministro y nadie más. Te estoy hablando del Polo Lounge, del golf en San Isidro, del hotel Alvear, de las embajadas. Son lugares privilegiados. No entra cualquier ganso.

"Entonces supongamos que un miembro de mi organización se manda una macana y lo agarran. ¿A dónde va dirigida mi primera llamada? Che, fulanito, estoy preocupado, yo tengo mucho dinero invertido en el país. No te preocupés Abel, yo te lo arreglo. Entonces, ¿a quién llama? ¿quién es el juez que lleva la causa, o el fiscal, o el ministro? Entonces a la media hora se acaba la causa.

"Vaya a tocar alguno de los grandes. ¿Quién lo toca? ¿Te crees que la Policía los conoce? No tiene idea. El jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal no tiene idea. Sabrá algo que le pasa algún buche, pero nada más. Está limitado. Lo llama el ministro del Interior, lo llama el jefe de Policía y mañana ese jefe policial está cuidando la puerta del casino. Así funciona la estructura en Argentina”.

Hoy sabemos que Reynoso tenía razón, así lograron instalarse en el hermano país los narcos mexicanos y colombianos. Así funciona el Crimen Organizado.

Cualquier similitud con otras realidades no es casualidad.

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