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La Revista | Maldonado | Graziuso | clientelismo

Blancos pillos

Jerarcas de Maldonado acusados por "clientelismo político"

El Frente Amplio reclamó la destitución de la directora de Jurídica y el diputado Eduardo Antonini (MPP) cursó un pedido de informes sobre el presidente del CFE

El pasado miércoles 20 de abril, Graziuso y su esposo Martín Clavijo, periodista perito en tránsito, ingresaron al Instituto de Formación Docente de Maldonado, ubicado en Rafael Pérez del Puerto casi Sarandí, para hablar con la directora, profesora Nathalia Weigle.

“Se les veía alterados”, dijo un docente que fue testigo de lo que ocurrió después.

Una hija mayor de edad del matrimonio está inscripta en la carrera de Maestra de Educación Común y pretendía ingresar a la de Maestra de Primera Infancia. Pero para este curso había un cupo de 40 inscripciones, cosa que le fue informada, y si se superaba la cantidad, se realizaría un sorteo ante escribano.

En total se anotaron 70 personas. Realizado el sorteo, la chica quedó fuera. Aún así decidió concurrir a los cursos, algo que fue advertido por los docentes y por la dirección.

La alumna informó a sus padres que un docente le había hecho firmar un documento de renuncia de su cursado del primer año de Maestra de Educación Común, algo que desmienten en el instituto. Tanto que la joven continúa inscripta en el curso.

Seguramente alentados por esa versión es que los padres se presentan ante la directora de la institución para reclamar la inscripción de su hija en el curso de Maestra de Primera Infancia.

Weigle les explicó cómo había sido el mecanismo de selección de ingresos. Pero en ese momento Graziuso y Clavijo comenzaron a insultarla a los gritos. Le dijeron que la denunciarían ante el Consejo de Formación en Educación (CFE) y que “políticamente” solucionarían el ingreso de su hija en el curso.

Con el mismo ímpetu le reclamaron a la directora la dirección del docente que, según su hija, le había hecho firmar la renuncia al curso, algo que se les negó.

A consecuencia de estos actos la directora, que cursa su octavo mes de embarazo, se descompensó sufriendo un pico de presión por lo que tuvieron que llamar a una emergencia para ser atendida.

Poco después Weigle recibió una llamada de Pizzichillo, presidente del CFE, exigiendo la incorporación de esa alumna en el listado de quienes cursan el primer año de Maestro de Primera Infancia “por resolución directa” y que además se disculpara con los padres de la joven.

De todas estas circunstancias fueron testigos funcionarios y docentes.

Inmediatamente la directora solicitó licencia por razones de salud.

Los docentes hicieron público lo acontecido

El jueves pasado los profesores integrantes del núcleo sindical del Instituto de Formación Docente emitieron un comunicado haciendo conocer lo ocurrido por primera vez.

Después de relatar los hechos de los que fueron testigos, expresaron:

1.- El total repudio a los agravios e insultos recibidos por la directora de la institución, máxime su situación de embarazo actual.

2.- No corresponde en una institución de enseñanza terciaria el reclamo de los padres de los alumnos.

3.- La vulneración de los derechos de los estudiantes que no fueron sorteados tanto para este año como en años anteriores.

4.- La injerencia inapropiada por parte del presidente del CFE, Prof. Víctor Pizzichillo, que sin interesarse en cómo se realizaba la gestión del ingreso a MPI decide autorizar la inscripción de dicha alumna, desconociendo el correcto desempeño de los funcionarios de nuestra institución durante los años en los que se desarrolla esa carrera.

5.- La institución siempre ha tenido las puertas abiertas a todos los estudiantes y los ha acompañado en todos los aspectos posibles para hacer efectivos sus derechos a formarse como profesionales de la educación. Incluso se ha ido completando el cupo de 40 estudiantes para el curso lectivo llegando al número 5 de suplentes.

Caras y Caretas fue el primer medio en difundir este comunicado, el viernes pasado.

¿Qué dicen los involucrados?

Graziuso se limitó a decir a la diaria que “hablará cuando crea oportuno y necesario”. Pero a FM Gente negó las acusaciones, se refirió a ellas como "acciones políticas" y que estudiaba la posibilidad de algún tipo de acción ante la situación. Su esposo Martín Clavijo, padre de la alumna, dijo que "es todo mentira, hay cuestiones políticas que en definitiva perjudican a la estudiante pero eso no les interesa".

El pasado lunes el presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, se presentó en el Instituto de Maldonado para nombrar al nuevo director del centro, ya que la anterior tomó licencia médica. Luego se reunió con los estudiantes, quienes le hicieron llegar sus quejas.

El jerarca dijo a la diaria que “desconocía que la madre de la alumna tenía un cargo en la intendencia de Maldonado. A mí lo que me preocupa es la estudiante. Todos tienen derecho a la educación y formación”, expresó.

Agregó que desconocía las otras situaciones mencionadas. Pero aclaró que “no justificaba ninguna situación de violencia de cualquier naturaleza, ni la agresión verbal ni física, tampoco la simbólica, que a veces es más destructiva que las otras”.

Sobre el cuestionado ingreso de una alumna, dijo que “se trató en el Consejo como se tratan cientos de situaciones”. Pero sostuvo que le “llamó poderosamente la atención que la situación de una sola estudiante genere todo esto”.

“Son situaciones que pasan en todos los institutos. Se tratan y, como no hay elementos por resolver, vuelven a los centros, que es donde corresponde”, afirmó. “Siempre pensamos en los estudiantes y todos son iguales. No es que unos entren por la ventana y otros por otros mecanismos. Eso tiene que quedar claro”, dijo Pizzichillo.

En ningún momento aclaró por qué ingresó solo una estudiante y quedaron fuera otras 29 interesadas que también estaban anotadas para el sorteo.

Pero Rosana Cortazzo, consejera docente de Formación en Educación, dijo a la diaria que la decisión unilateral de Pizzichillo “es una forma de accionar que está acostumbrada a ver, pero ahora tomó estado público de una manera muy significativa”. Agregó que ese accionar “ya lo había denunciado el sindicato”.

Investigaciones y rechazo al “clientelismo”

El martes el Consejo de Formación en Educación decidió, por unanimidad de sus seis integrantes, realizar una investigación administrativa que determine cómo se inscribió a una alumna que no había sido sorteada para ingresar al curso de Maestra en Primera Infancia en el Instituto de Formación Docente de Maldonado.

Además se investigará la denuncia realizada por el sindicato de Docentes quien afirmó que el presidente del CFE presionó a la directora del IFD para que ingresara a la alumna en cuestión.

El Consejo resolvió que no se abriría un segundo grupo que atendiera a los 30 estudiantes que fueron sorteados.

Un día antes la Unión de Funcionarios del Codicen emitió un comunicado público expresando “su enérgico rechazo a la presión realizada por los padres de la estudiante a la directora del IFD, quien atraviesa un embarazo de riesgo en etapa avanzada. La presión alcanzó su cúspide cuando el presidente del consejo, Victor Pizzichillo, llamó para presionar a la directora”, dice el documento.

Agregan que “estos hechos son repudiables y lamentables. No puede ser que se pretenda eludir toda legalidad por la adhesión a una colectividad política. Por momentos el Consejo parece manejarse con parámetros propios de la tradición caudillista del siglo XIX, utilizando el clientelismo y los favores como herramientas de gestión”.

Ningún edil la defendió y dos blancos apoyaron su destitución

El martes a la noche la bancada de ediles del Frente Amplio en la Junta de Maldonado, encabezada por la presidente departamental de la coalición, Silvana Amoroso, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar que “reclamarían la destitución de la directora de Jurídica de la intendencia por ejercer abuso y clientelismo político”. Y que además “llamarían a sala al intendente Antía para que explique si apoya o no lo actuado por esa funcionaria de confianza”. En la sesión de la Junta la edila Beatriz Jaurena explicó las razones del reclamo e ingresó una nota con su moción.

En el debate originado no hubo un solo edil blanco que defendiera a la jerarca cuestionada. Peor. Los ediles Carlos Gasco, integrante del mismo sector de Graziuso, y Nicolás Estela, del sector liderado por Adolfo Varela, votaron junto el FA la solicitud de destitución. Hubo un tercer edil blanco que tendría graves acusaciones contra la directora de Jurídica, al que el resto de los ediles le pidieron que no ingresara a sala.

Finalmente fueron once los votos a favor de la destitución, los dos blancos y los nueve frentistas. Pero como quedó en minoría, el planteo fue rechazado. Luego el FA solicitó llamar a sala al intendente, lo que fue negado por los ediles blancos “ya que lo denunciado ocurrió fuera del ámbito municipal”.

Por su parte el diputado frenteamplista por Maldonado, Eduardo Antonini, cursó un pedido de informes al MEC y por su intermedio al CFE para que se explique lo ocurrido. (Ver: https://www.carasycaretas.com.uy/politica/piden-informe-presiones-directora-formacion-docente-n52101)

Adriana Graziuso, una exjueza controvertida

Adriana Graziuso es abogada y escribana. Ingresó al Poder Judicial en 1991. Fue actuaria en el juzgado penal de 4º turno, entonces a cargo de la magistrada Fanny Canessa. Luego desarrolló su carrera como jueza en San José, Chuy, Maldonado y Ciudad de la Costa.

Particularmente en Maldonado fue muy controvertida cuando aplicó una ley de los años 40, conocida como “de indeseables o de vagancia”, por la que expulsó del departamento a unas 14 personas que no tenían residencia ni actividad fija. De esos 14 solo 2 contaban con antecedentes penales.

Varios reconocidos juristas rebatieron entonces los argumentos de la jueza.

En el año 2005 el juzgado, que estaba a cargo entonces de Federico Álvarez Petraglia, recibió un expediente enviado desde Montevideo por la fiscal Olga Carballo para que se investigara el posible enriquecimiento ilícito de Enrique Antía y varios exjerarcas de la intendencia. El titular de la sede renunció y Graziuso, que lo sustituyó, apenas asumió, ordenó el archivo del expediente.

En marzo de 2010 una cuadrilla de funcionarios municipales que podaba árboles dañó el muro de su casa con una rama. Martin Clavijo, esposo de la magistrada, denunció el hecho como “daño” y, sin ser funcionario público, también denunció “atentado”. El expediente pasó a la propia Graziuso, que estaba de turno y debió declinar competencia, quien citó a los funcionarios con su jerarca, solicitó relevamientos a la Policía Técnica y elaboró un memorando en el que calificaba “como dolosas” las declaraciones que recabó.

En el año 2015 renunció al Poder Judicial, no sin antes intentar dejar su cargo en reserva con oposición de la Corte, y fue nombrada por Enrique Antía directora de Jurídica-Notarial en la Intendencia de Maldonado.

Cinco años después fue elegida como segunda suplente de Antía y ratificada en el cargo que venía desarrollando.

En febrero del año pasado Graziuso caminaba con su hija por la avenida De la Laguna en el barrio Pinares, cuando una mujer en situación de calle la abordó para pedirle dinero. La jerarca se negó y comenzaron a intercambiar insultos.

“Siempre andás molestando acá, yo los voy a enfrentar” le dijo Graziuso, según el relato de la defensa del imputado en la audiencia, y calificó como “rea”, “ordinaria” y “vieja de mierda” a la mujer, que respondió con otros insultos y la amenazó con robarle.

La jerarca departamental comenzó a filmar cuando la mujer y su pareja ya se estaban yendo, pero continuaban con el intercambio de insultos. En un momento, el hombre corrió hacia ella y le sacó el celular de las manos. En el forcejeo la mujer sufrió lesiones leves en el antebrazo que le provocaron inhabilitación para tareas ordinarias por diez días.

La exjueza denunció un intento de rapiña y dijo que había sufrido lesiones en el cuello y en el tórax aunque el certificado médico constató únicamente lesiones en el antebrazo de la mano en la que llevaba el celular, y la fiscalía descartó la tipificación de rapiña dado que el hombre le devolvió el teléfono, luego de sacárselo para tratar de borrar el archivo.

“¿Fue jueza y no sabe lo que es una rapiña?”, preguntó el juez Diego González en la audiencia en la que se condenó al hombre a cuatro meses de libertad a prueba por un delito de violencia privada y otro de lesiones personales.

“Eso que la manoteé del cuello es todo bulla de la señora, en ningún momento la agredí. Le falté el respeto y estoy arrepentido de haber agarrado el celular, pero ella me insultó, y yo en la situación que estaba pasando… ¿qué se imagina?”, le respondió el imputado al juez.

El hombre le dijo al juez que el esposo de Graziuso lo había amenazado con un arma de fuego, pero decidió no hacer la denuncia porque esa amenaza no quedó registrada en la filmación, dado que ocurrió entre el incidente y la llegada de la Policía.

En diálogo con la diaria, la abogada del imputado, Sofía Pereira Huelmo, lamentó lo ocurrido y señaló que le cambiará la vida al hombre porque era primario absoluto y ahora tiene un antecedente, con la vulnerabilidad de estar en situación de calle. Además, la defensa del imputado dijo que la mujer tiene dificultades para moverse porque fue operada del corazón, lo que hace que tenga que ir todos los días al hospital.

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