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La Revista | lavado | narcotráfico | Uruguay

Graciela Bianchi, Gloria Rodríguez y Julio María Sanguinetti

Lavado de dinero, narcotráfico y la memoria

Fue durante los gobiernos frenteamplistas que Uruguay salió de la lista de "paraísos fiscales", ya que se aprobaron muchísimas normas para combatir el lavado

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Caras y Caretas Diario

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Las intervenciones de las senadoras nacionalistas Graciela Bianchi y Gloria Rodríguez durante la convocatoria a Comisión del ministro del Interior, así como posteriores declaraciones del secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, fueron un intento de circunscribir el relato solamente a los gobiernos del Frente Amplio. Pero la historia nos muestra otra realidad.

A una muy extensa sesión parlamentaria realizada el pasado martes 7 para tratar en comisión los problemas de seguridad, fue convocado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quién concurrió acompañado por la plana mayor del ministerio.

Entrada la noche intervino la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Una de sus afirmaciones pasó desapercibida: “En este país el dinero se lava a través de los cambios y en cofres fort”, dijo la legisladora.

Bianchi no aportó otros datos, pero seguramente se refería a los 7 millones de dólares que el empresario argentino Marcelo Balcedo escondía en cofres fort ubicados en Punta del Este y Montevideo y que en el año 2018 fueron encontrados en diversos allanamientos judiciales. Eso motivó la imputación y posterior condena por lavado de dinero.

Sin embargo, es cierto que por lavar dinero el Banco Central cerró dos cambios. Los únicos en 33 años.

Angel María Gianola y Francisco Sanabria

Cuando en febrero de 1989 fue detenido Raúl Vivas, un argentino que operaba el cambio Italia en la avenida Gorlero frente al casino Nogaró, también surgió a la luz pública la existencia de intereses transnacionales dedicados a legalizar las montañas de dinero que produce la venta de drogas ilegales.

Del expediente sustanciado en el juzgado de 4º turno en lo penal de Maldonado, se desprende que el cambio Italia estaba estrechamente relacionado al cambio Dyana -cuya razón social era Ariadna SA- y ambos se dedicaban al tráfico de oro, tarea dirigida por Vivas en Uruguay. Un ciudadano francés de apellido Ducó fue quién vinculó a ambos cambios con un tercero, llamado Victoria, que tenía sucursal en Rivera.

Pero el dato más sorprendente fue que Ángel María Gianola, veterano dirigente nacionalista, era el presidente de Ariadna SA cuando el Banco Central del Uruguay ordenó su clausura por haberse comprobado la vinculación al lavado de dinero para el Cártel de Medellín. En 1994 Gianola fue nombrado ministro del Interior por el presidente Luis Lacalle Herrera y en agosto de ese año tuvo un papel protagónico en la extradición de ciudadanos vascos, miembros de la ETA.

Entre el personal ejecutivo del cambio Dyana también figuraba el mayor de ejército (r) Alberto Casabó, quién fuera durante años Director Nacional de Turismo hasta que se creó el ministerio, y para quién la dictadura armó una embajada uruguaya en Gabón.

Pero al no existir entonces una ley sobre lavado de activos, ninguno de los directivos de Ariadna SA fue sometido a la Justicia.

Raúl Vivas fue detenido en Uruguay a partir de una solicitud judicial proveniente de EEUU, donde un Tribunal Federal de California venía sustanciando una causa por lavado de dinero contra una organización conocida como "La Mina". El 20 de noviembre de 1994 el matutino La Mañana publicó información relativa a una solicitud del juez federal argentino, Juan José Galeano (causa 883-Méndez Sylvia Cristina, infracción Ley 23.737), quien libró una solicitud de exhorto dirigida a la Justicia uruguaya para investigar decenas de cuentas bancarias abiertas en Uruguay por Vivas y su esposa, Ana María Martínez. En esas cuentas habían depositado varios millones de dólares.

Investigar las cuentas y actividades de Vivas lleva de la mano al asesinado empresario Luis Ernesto González, con quien tuvieron negocios comunes en el tráfico y venta de oro. El juez Galeano reclamó además investigar "varias inversiones inmobiliarias a través de 11 sociedades anónimas -algunas situadas en Punta del Este- y a una empresa constructora". El dinero circulaba por el Chase Manhattan y el Citi Bank.

Vivas estuvo detenido en Maldonado y desde allí fue extraditado a EEUU en agosto de 1989. Actualmente debería estar cumpliendo una condena de 555 años de prisión en una cárcel del estado de Colorado. El 22 de octubre de 1989 el diario La República publicó una entrevista a Raúl Vivas en la que este explicó cómo contrabandeaba oro para ingresarlo a EEUU, donde "La Mina" compraba todo. Esta era una fachada del Cártel de Medellín.

Su negocio convirtió a Uruguay, que no tenía entonces ni una mina aurífera, en el segundo exportador de oro a nivel mundial solo detrás de Sudáfrica. Según informaron fuentes calificadas, “esa exportación se hacía con el aval del Banco Central”, que según parece nunca sospechó nada raro.

El "lavador" era un vecino conocido en Punta del Este; por sus calles solía caminar junto a su esposa e hijos y cada noche desparramaba una fortuna en el casino del Estado; González está muerto y su crimen aún por aclarar; Vivas debería estar preso; solo el cambio Dyana vendía entonces unos 600 kilos de oro al mes, unas 21.000 onzas, equivalentes entonces a casi 20 millones de dólares.

En su período de actividad, Vivas logró lavar unos mil millones de dólares.

El otro caso es el de cambio Nelson, que si bien hasta el momento no se le vinculó al narcotráfico, sí fue cerrado por el BCU en el año 2017, y su principal, Francisco Sanabria, imputado, entre otros delitos, por lavado de activos.

El mencionado cambio fue adjudicado durante la segunda presidencia de Sanguinetti al padre de Francisco, el senador colorado Wilson Sanabria en el año 1999 por el BCU, presidido por Humberto Capote, quien luego pasó a ser funcionario de cambio Nelson.

“El narco se instaló en Uruguay en los últimos 15 años”

Por su parte, en la misma noche la senadora nacionalista Gloria Rodríguez demostró haber estudiado poco y solamente repetir un argumento ya empleado por su par Jorge Gandini en el año 2020.

“El narco se instaló en Uruguay en los últimos 15 años”, dijo la legisladora. Pero su argumentación no resiste el mínimo análisis porque desde fines de los 80 ya operaba en Maldonado Omar Clavijo y en Carmelo Lillo Martínez. Del primero la Policía sospechó que había asesinado a un hombre que fuera entrenador de la selección de fútbol de Maldonado, pero nunca lo pudieron probar.

En cambio, el segundo fue quien ordenó el asesinato y posterior descuartizamiento de un empresario gastronómico puntaesteño.

Ambos fueron abatidos a balazos. Clavijo en Pedro Juan Caballero y Martínez en Carmelo, su ciudad natal. Ambos tuvieron excelentes relaciones con autoridades políticas de la época.

Desde fines de los 80 fueron detenidos en Punta del Este representantes de varios cárteles colombianos y mexicanos. Siempre a solicitud de organismos extranjeros, nunca por investigaciones uruguayas.

En 1989 cayó Raúl Vivas, que “lavaba” para el Cártel de Medellín. En 1992 detuvieron a Ramón Puentes Patiño, contador del Cártel de Cali. A principios del año 2000 se constató la presencia del Cártel de Juárez, ya que su líder Amado Carrillo Fuentes, a través de testaferros, había adquirido propiedades en San José y en Punta del Este.

El 29 de noviembre de 1997 un ciudadano norteamericano, su esposa y el propietario de la residencia que habitaban en Porto Alegre -ciudad del estado brasileño Río Grande del Sur- sufrieron gravísimas quemaduras al explotar el laboratorio clandestino en el que fabricaban crack; 40 días después escaparon del CTI donde estaban internados. John Michael White (46), estadounidense, y su esposa, Sonia Helena Soares Mello White (44), brasileña, eran los fabricantes de la droga.

En Punta del Este el matrimonio tenía propiedades cuyo valor superaba los dos millones de dólares y planeaban realizar "inversiones" por otros ocho millones. En el “laboratorio” ubicado en el barrio Cristo Rei, de la ciudad de Porto Alegre, la Policía incautó 6.800 piedras de crack.

En el año 2016 fue detenido en Montevideo Gerardo González Valencia, líder del cártel mexicano conocido como “Los Cuinis”, definido entonces como el mayor traficante de drogas sintéticas. González Valencia vivía con su familia en la zona de Beverly Hills, Punta del Este, desde hacía 5 años.

La pasta base, la que más problemas genera, ingreso a nuestro país en el año 2000. Pero fue a partir de 2002, después de la crisis financiera, que se consolidó como la droga más usada por los pobres.

En 1999 Abel Reynoso, jefe de la DEA para el Río de la Plata, en declaraciones realizadas a la revista Noticias, señaló a Uruguay “como un importante centro de lavado de dinero del narcotráfico”.

Y afirmó que “instrumentos jurídicos como las SAFI facilitaban el lavado. Estas sociedades existentes desde 1948, fueron ampliadas por Ignacio De Posadas, ministro de Economía en el gobierno de Lacalle Herrera. Y justamente su Estudio. Posadas, Posadas & Vecino, quién más SAFI había construido entonces.

El ex ministro dijo entonces que “nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ella no es nuestro problema. Es como acusar a un herrero que fabrique cuchillos por los crímenes que se puedan cometer con ellos”.

Menos metafórico fue Reynoso. “A través de sociedades anónima uruguayas se lava muchísimo dinero del narcotráfico”. Advirtió además que “los grandes cárteles ya operaban en Uruguay”. Y tenía razón.

Durante el gobierno de Lacalle padre no se incautó un gramo de drogas. Si bien durante el segundo gobierno de Sanguinetti se realizaron operativos en los que se incautaron cifras importantes, no fue sino hasta el gobierno de Jorge Batlle y los tres del Frente Amplio cuando las incautaciones comenzaron a medirse en centenares y hasta miles de kilos.

En 1998 se aprobó una ley antilavado, pero recién hubo un procesamiento en 2005 y catorce en 2006. Desde ahí en adelante los procesamientos fueron más frecuentes y las leyes más duras. Pero nunca se dejó de lavar. Daniel Espinosa, extitular de la Secretaría Antilavado ya había advertido, y con razón, que “los fondos delictivos del exterior son la principal amenaza para Uruguay”.

Fue durante los gobiernos frenteamplistas que Uruguay salió de la lista de “paraísos fiscales”, ya que se aprobaron muchísimas normas para combatir el lavado y adaptarse a los requerimientos del GAFI.

Quién considere que solo los traficantes son el problema se equivoca. Porque parte fundamental son los fabricantes, los que ingresan grandes cantidades, los que lavan los millones que genera y los que les construyen sociedades para que puedan lavar tranquilos.

De todos estos solo un puñado vive en barrios pobres. En cambio los otros son ricos y famosos. Pero todos sin excepciones son parte del narcotráfico.

“Entregaron el país a los narcotraficantes”

Por su parte, en declaraciones posteriores a la convocatoria parlamentaria, Julio María Sanguinetti actual secretario general del Partido Colorado y dos veces presidente, afirmó en su columna de Correo de los viernes que “el Frente Amplio entregó el país a los narcotraficantes”. Agregó que “Uruguay está marcado en el mapa mundial del crimen organizado”.

Al final escribió algo referido al Frente Amplio pero que le cabe exactamente a él.

“El Frente Amplio sobre política de seguridad es una expresión acabada de su manejo -bastante eficaz normalmente- de lo que suele llamarse posverdad, porque sin decir algo claramente falso, se esconde todo lo molesto y machaconamente se instala en un territorio de ficción para construir un relato imaginario”.

¿Se habrá acordado Sanguinetti de que el 28 de octubre de 1994, gobierno de Lacalle Herrera, dijo al diario La Mañana: “El país tocó fondo en materia de seguridad pública”?

En 1994 acusaba a Lacalle padre, ahora acusa al Frente Amplio, siempre como si él nada tuviera que ver con las tragedias humanas que provoca la inseguridad.

Se olvidó que durante sus gobiernos la Brigada Antidrogas era un antro de corrupción que solo saneó el inspector principal Roberto Rivero, hombre de filiación colorada, quien construyera un modelo de combate al narcotráfico y fuera el promotor del inspector Julio Guarteche. Apenas asumió, Batlle llevó a Rivero al máximo cargo al que puede aspirar un policía, director nacional.

Pero tres meses después, cuando Rivero investigaba la presencia del Cártel de Juárez en Punta del Este, se cruzó con un poderoso amigo del vicepresidente Luis Hierro López, hombre muy cercano a Sanguinetti, y Rivero fue destituido acusado de “terrorista” por otro sanguinettista, el entonces ministro del Interior, Guillermo Stirling.

Tal vez olvidó Sanguinetti que en 1989, durante su primera presidencia y solo en un año, se produjeron en Maldonado 7 crímenes horribles: tres ajusticiados a tiros en el chalet Alos; el jardinero de esa casa quemado en un bosque de parada 8; un sereno con la cabeza rota sobre Piedras del Chileno; una mujer descuartizada en Playa Brava, un deportista asesinado a puñaladas en su casa, además de varias mujeres desaparecidas que -salvo un caso- nunca fueron encontradas.

Se olvidó de Marchesano y el negocio con la cárcel de Punta Carretas, se olvidó de los negociados de su secretario privado Ernesto Laguardia, se olvidó de que a su senador preferido, Wilson Sanabria, le firmó la autorización para hacerse de 5 radios FM en Maldonado.

Se olvidó de todas las denuncias que motorizó contra Lacalle padre.

Pero Sanguinetti no es olvidadizo, solo es el más vivo ejemplo del uso malintencionado de la política para dividir y reinar. Así como también de la construcción de un relato donde solo los otros son culpables de las desgracias, mientras él es símbolo de “paz y tranquilidad”.

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