Edl secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a la decisión adoptada por el astillero Cardama de iniciar acciones contra Uruguay a través de un arbitraje internacional, luego de que el Ejecutivo denunciara penalmente a la empresa por posible estafa tras la compra de dos patrullas oceánicas.
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El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
Foto: Gastón Britos / FocoUyCaras y Caretas Diario
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La compañía aseguró que la decisión fue tomada desde hace dos semanas y la pasada se decidió formalizar la determinación ante el tribunal de la Cámara Internacional de Comercio.
En diálogo con Subrayado, el jerarca afirmó: “Estamos con mucha tranquilidad, porque el camino que recorrió el gobierno fue el camino apegado al derecho. Tanto es así, que la decisión de rescindir el contrato, después de la evidencia de que había incumplimientos fragantes con la ausencia de las garantías, Cardama decidió no recurrir esa decisión de la Justicia Uruguaya”.
Además, tildó de “bastante débil” la actitud del astillero español, porque —según explicó— primero hay que agotar la vía judicial nacional.
“La preocupación que tuvo este gobierno es la que no tuvo la administración anterior, que nos llevó a no tener los controles suficientes para analizar si efectivamente tenía solvencia la empresa”, agregó.
La denuncia de Cardama
El astillero español Cardama Shipyard inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato que había firmado la administración anterior, del presidente Luis Lacalle Pou, con la empresa española para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional. Cardama presentó un escrito ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, pero todavía no precisó el monto del resarcimiento económico que solicitará en caso de ganar el diferendo. El Poder Ejecutivo fue notificado sobre la solicitud de arbitraje este lunes.
En el contrato, firmado el 15 de diciembre de 2023 por el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, se establece que los diferendos que tengan las partes sobre “asuntos técnicos” se resolverán, en última instancia, en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Para cualquier otro caso, en el contrato se establece que “las partes intervinientes en el presente contrato se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo, Uruguay, para la resolución de cuantos litigios y controversias se deriven de la interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato”.
En marzo de este año, el astillero español optó por retirarse de la audiencia de conciliación que tenía fijada con el Estado uruguayo, como paso previo a entablar una demanda civil. Esto ocurrió después de que, en febrero, el presidente Yamandú Orsi confirmara en una conferencia de prensa la rescisión del contrato y, al mismo tiempo, anunciara que el gobierno iniciaría “acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”.
“Nosotros también tenemos que ver cómo nos resarcimos, tenemos que ver, por supuesto, cómo conseguimos las patrulleras y, a su vez, el privado que estuvo [por Cardama] tiene que también elegir su camino para no salir más perjudicado de lo que está. Son cosas normales”, expresó el presidente días después.
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