Los civiles que debe abarcar el revisionismo histórico

Brindar información y formación a una camada de oficiales muy jóvenes que desconocen la magnitud de aquellos hechos, delimitar claramente quienes fueron responsables de las atrocidades en violación de los derechos humanos y desarrollar, desde allí, un acercamiento de confianza hacia toda la sociedad.

En ese proceso que se espera culmine en 2021 y permita ser parte de los contenidos de la nueva currícula de la carrera militar, han informado las autoridades, se prevé contar con la visión de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, como se hizo en las Mesas Temáticas de Defensa cuando se discutió la Ley Marco .

El Centro Militar, a través de su presidente, el excoronel Carlos Silva, planteó su preocupación y calificó de “maniobra” el proceso de revisionismo histórico.

El ministro de Defensa, Javier García, de quien todo el mundo daba por descontado que respaldaba el proceso porque no había emitido declaraciones públicas, invitó este domingo al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros a también realizar un análisis de su papel en los hechos sucedidos previo a la última dictadura cívico militar (1973-1985). “No es momento para mirar para el costado. El MLN es una organización política que vaya que tuvo protagonismo sobre ese momento doloroso. No hay que mirar para el costado ni andar con dedos acusadores. Uruguay necesita integración».

En una visión mas integral y académica, dado su carácter de intelectual, como se le cataloga a Fregossi en el Ejército, este no descarta la posibilidad de que integrantes del MLN, como José Mujica, puedan ser consultados, y que pueda ser usada toda la bibliografía sobre el exmovimiento armado.

Por ejemplo, Fregossi se plantea el estudio de la toma de Pando, como uno de los elementos de estudios y de reciente polémica.

Chiflando para el costado

Desde la recuperación democrática ya en el lejano 1985, desde el “Cambio en Paz” de Julio María Sanguinetti, Las leyes de Pacificación y la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, los plebiscitos, la aplicación del Art. 4º, los militares procesados, los restos hallados, las multitudinarias marchas de los 20 de mayo, desde esa fecha y durante todos estos hechos, los civiles que formaron parte del proceso cívico militar han guardado religioso secreto sobre su participación y responsabilidad.

Cuando se habla de dictadura cívico militar, una síntesis histórica muy primaria recuerda a Juan María Bordaberry (27 de junio de 1973-12 de Junio 1976), el abogado Alberto Demichelli (12 de junio de 1976-10 de setiembre de 1976), el abogado Aparicio Méndez (1º de octubre de 1976-1º de setiembre de 1981) y el abogado Rafael Adiego Bruno (últimos 15 días de la dictadura militar).

Alguien podría argumentar que los procesamientos de Bordaberry y Juan Carlos Blanco fueron la cuota civil de juzgamiento.

Sin embargo, apelando a las investigaciones en su momento de semanarios y publicaciones como Jaque, Zeta, Brecha y El Popular, la lista de implicados es muchísimo más larga.

Son los civiles médicos que orientaron la tortura en varios centros de detención, pero también son los que ocuparon los ministerios y organismos públicos intervenidos, los que se sentaron en las bancas del Consejo de Estado y dictaron una fantochada de ordenamiento jurídico vía Actas Institucionales, los que presidieron e integraron las Juntas de Vecinos, organismos territoriales en los barrios y pueblos dedicados a la delación de los “subversivos”.

La maquinaria brutal de la dictadura no fue solo su cuerpo represivo, sino un conjunto de la sociedad que hizo una suerte de mar territorial para su accionar, y es por esta condición que el proceso se tilda de fascista.

Los identificados hasta el momento

En un ultimo listado actualizado por El Popular y chequeado por nuestras fuentes, esta es la lista de civiles y los puestos que ocuparon.

La Secretaría de Presidencia fue ocupada por Álvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia (integrante de una histórica familia empresarial perteneciente a la rosca oligárquica) y Ángel María Scelza.

El Ministerio del Interior tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, que promovieron la militarización de la Policía y su integración a las Fuerzas Conjuntas.

Los militares que ocuparon el cargo de ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad, y como subsecretarios, Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia y Jorge Amondarain Mendoza.

Los titulares de Defensa Nacional fueron Walter Ravenna y Justo M. Alonso y el subsecretario Armando Chiarino Aguirre.

Los de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso y, como subsecretarios, Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet.

En Economía y Finanzas, estuvieron Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Végh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo y nuevamente Alejandro Végh Villegas: como subsecretarios Ernesto Rosso y Valentín Arismendi.

Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia y como subsecretarios Lázaro Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges.

En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini) y como subsecretarios Alfredo Baeza y Ramón Malvasio.

En Educación y Cultura, Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino y como subsecretarios, Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez.

En Industria y Energía, Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil y como subsecretario Elías Pérez.

En Salud Pública, Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre y como subsecretarios Mario Arcos Pérez, Jogen Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo.

En Transporte y Comunicaciones y Turismo, Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).

En Transporte y Obras Públicas, Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson.

En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio y como subsecretarios José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.

La caja de mármol

En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.

Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.

El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Álvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.

El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Álvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profesora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doctor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Végh Villegas.

Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los tres siguientes se habían incorporado antes de noviembre de 1976 y fueron avalados; los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero solo logró acuerdo para designar a 3, que fueron el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.

Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etcheverry Stirling. Ocuparon esas plazas José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.

El Consejo de la Nación designó 5 suplentes; esta vez se pusieron de acuerdo y fueron distinguidos con el cargo el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.

Cuando el teniente general Gregorio Álvarez asume como dictador, se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años atrás, solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro.

Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y al Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del golpe, como Craviotto y Cersósimo, ambos del Partido Colorado.

La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Álvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani.

En total fueron consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante (r) Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordóñez, Víctor Ortiz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.

Justicia maniatada

Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos del Partido Colorado encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.

Rafael Addiego Bruno dijo, luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (revista Jaque, 26 de junio de 1985).

Durante la dictadura, los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no solo a la Constitución.

En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura; publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.

En 1977 integraban el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverry, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D’Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.

Los intendentes del régimen

La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.

Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín; y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.

Simulacro de Corte Electoral

Una Corte Electoral en una dictadura es un organismo para controlar y, por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre.

Impunes y decidores

Muchos de los apellidos forman parte del abolengo de nuestras clases dominantes, de los que están al frente de importantes empresas en los diversos rubros del país, hasta nuestros días.

Han definido, han gozado y se han acomodado a las épocas de bonanza y de constricción económica, sin perder privilegios.

En época de crisis fruto del intercambio internacional, se han reconvertido en su mundo empresarial.

Pero también son los que han sostenido a lo largo de tiempo y han dejado como herencia el mismo discurso que alentó el golpe de Estado y el terrorismo, la imposición del “nosotros” y la defensa de lo nuestro, ese discurso que hoy aparece rejuvenecido en la mayoría de los dirigentes de Cabildo Abierto, pero tiene ondas raíces desde el fondo de nuestra más triste historia.

Pero, además, ¿por qué descartar que hayan sido protagonistas de delitos penales vinculados a lo financiero o a su rol de servidores públicos o que formen parte de la reserva de información sobre la violación de los derechos humanos?