“Él la buscó. Tensó tanto la piola que el presidente tomó la decisión más acertada”. Así graficó para Caras y Caretas un destacado senador del Frente Amplio (FA) el cese del excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos por parte del mandatario Tabaré Vázquez, el pasado martes 12, en la residencia de Suárez y Reyes. La fuente, especializada en temas de Defensa Nacional, añadió: “Esto no fue un desliz inocente [por parte del otrora jerarca castrense]. Forma parte de un plan específico con el objetivo de trabajar políticamente”.
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De hecho, horas antes de la reunión con el presidente de la República, Manini no descartó, en el programa Todo pasa de Océano FM, dedicarse a la política por “justicia” y para “defender” al Ejército. En ese sentido, los informantes señalan que lo que quería y perseguía era “victimizarse por enfrentar a uno de los poderes del Estado”. “La victimización es redituable políticamente”, sostuvo la fuente.
Agregó que en círculos frenteamplistas se sabía días previos al martes que Vázquez tenía adoptada la firme decisión de echarlo por los fulminantes cuestionamientos al Poder Judicial. El presidente aprovechó el pedido de entrevista realizado por Manini para ponerle punto final a su titularidad al frente del Comando del Ejército. De hecho, cuentan que el primero en tomar la palabra fue el mandatario, quien le comunicó la determinación del Ejecutivo sin pedir explicaciones. “Tabaré no quería discusiones”, comentaron las fuentes. La reunión en la residencia de Suárez y Reyes no duró más de 20 minutos.
¿Cuál fue la gota que derramó el vaso?
Manini salió en defensa de militares retirados vinculados a la violación de los derechos humanos. En ese sentido, dijo que “la Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del derecho, no dando garantías a los acusados”. “En definitiva, aplicó una suerte de derecho para el enemigo”, afirmó. También sostuvo que “el militar que es citado como indagado por la Justicia muchas veces es considerado culpable aun antes de ser juzgado, no tiene las garantías del debido proceso y es condenado con base en conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes y, en muchos casos, fraguadas o inventadas.”
Además, dijo que “no ha habido juicios imparciales cuando los acusados fueron militares”. A su vez, manifestó que “muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas y sin las garantías del debido proceso”.
El antecedente
Manini Ríos criticó fuertemente, el 18 de mayo de 2017, el proyecto de reforma de la caja militar que preparaba el Poder Ejecutivo para enviar al Parlamento. En el acto de un nuevo aniversario del Ejército, el entonces jerarca castrense aprovechó para sostener ante las máximas autoridades nacionales que existían “falsedades” y “tergiversaciones malintencionadas” entre quienes promovían la iniciativa. Estos, entre otros asuntos, argumentaban que existían jubilaciones de privilegio en el área militar, en el marco de la situación general que atraviesan los pasivos.
Entonces, Manini Ríos ironizó: “Los 15.000 hombres y mujeres que integran el Ejército Nacional son unos verdaderos privilegiados. Tuvieron el privilegio de evacuar la madrugada de un 23 de diciembre a miles de vecinos de la ciudad de Artigas, sorprendidos por la creciente más grande de su historia. Tienen el privilegio de estar a toda hora los 365 días del año al servicio de la sociedad de la que provienen y no reclaman por ello compensación ni trato especial alguno”.
Pero Manini Ríos fue a más y redobló la apuesta. Acusó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, de no actuar con honestidad respecto a los números de las jubilaciones militares. Asimismo, dijo que el secretario de Estado estaba “mal informado”. Tras estas manifestaciones, el Poder Ejecutivo le impuso 30 días de arresto a rigor por formular “comentarios políticos”, lo cual tiene prohibido.
Vázquez dijo entonces que la sanción fue a causa de “múltiples situaciones que merecieron en su momento algún tipo de apercibimiento y que coliden con reglamentaciones, algunas, y con artículos constitucionales, otras”.
También Manini Ríos tuvo cuestionamientos a la ley orgánica militar.
Esta suma de posiciones fuera de las reglas de juego habituales que rigen entre los mandos militares y el resto de los poderes del Estado determinó la decisión del presidente de la República. Esa actitud tuvo el total respaldo del FA y algunos sectores de la oposición, en el entendido que implicó una auténtica y fuerte defensa de las instituciones democráticas.