A través de la aplicación y del sitio web, los consumidores pueden comparar precios entre diferentes comercios; localizar establecimientos mediante un mapa georreferenciado; conocer el precio de un mismo producto según la cadena o el local; identificar diferencias de precios entre zonas geográficas. La canasta comprende alimentos, bebidas, frutas y verduras, artículos de higiene personal y productos de limpieza del hogar, incorporando las marcas y presentaciones de mayor representatividad en el consumo de los hogares.
Más allá de su utilidad práctica para los consumidores, los sistemas públicos de información de precios cumplen una función económica relevante. Al reducir las asimetrías de información entre compradores y vendedores, favorecen mercados más transparentes y competitivos. Cuando los consumidores pueden conocer fácilmente dónde un producto tiene un menor precio, aumenta la presión competitiva entre los comercios y se generan incentivos para ofrecer mejores condiciones de venta.
En economía, este tipo de instrumentos se consideran políticas de transparencia de mercado, cuyo objetivo no es intervenir directamente sobre los precios sino facilitar el acceso a información confiable para mejorar el funcionamiento de los mercados. Estos sistemas constituyen una fuente de información útil para investigadores, organismos públicos y responsables de diseñar políticas vinculadas al consumo y al costo de vida. En Uruguay, la protección de los consumidores encuentra sustento en la Ley N.º 17.250 de Relaciones de Consumo, que reconoce, entre otros derechos, el acceso a información suficiente, clara y veraz sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado.
Dentro de ese marco, la Unidad de Defensa del Consumidor desarrolla diferentes instrumentos orientados a garantizar esos derechos, entre ellos el Sistema de Información de Precios del Consumidor.
Si bien la ley no establece específicamente la existencia de PreciosUy, sí proporciona el marco jurídico que justifica políticas públicas destinadas a mejorar la información disponible para los consumidores y fortalecer la transparencia comercial.
Una tendencia internacional y Uruguay no es una excepción. Diversos países cuentan con sistemas similares. En Brasil, la plataforma Menor Preço Brasil utiliza la información proveniente de la factura electrónica para mostrar en tiempo real los precios de miles de productos en comercios cercanos. En Chile, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) desarrolla comparadores de precios para distintas categorías de bienes y servicios, especialmente en períodos de alta demanda. En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) administra la herramienta Quién es Quién en los Precios, que permite comparar precios de productos básicos y combustibles. En la Unión Europea, numerosos países impulsan comparadores públicos para mercados específicos, como energía, telecomunicaciones o servicios financieros, promoviendo la competencia mediante una mayor disponibilidad de información. Aunque difieren en su alcance y metodología, todas estas iniciativas responden a un mismo principio: reducir la brecha de información entre consumidores y proveedores.
Es necesario actualizar la canasta los hábitos de consumo cambian con el tiempo. La aparición de nuevos productos, las modificaciones en las preferencias de los hogares, los cambios demográficos y las nuevas formas de comercialización hacen que una canasta diseñada hace algunos años pueda dejar de representar adecuadamente el consumo actual. Precisamente por ello la consulta pública recogió propuestas vinculadas a: alimentos para personas celíacas; productos para personas con diabetes; otros alimentos asociados a restricciones alimentarias; productos para mascotas; artículos de gestión menstrual; mejoras en la navegación y funcionalidades de la aplicación. Actualizar la canasta permite que el sistema continúe siendo representativo de las necesidades reales de la población y mantenga su utilidad para la toma de decisiones de compra.
Surge la interrogante si tiene sentido una consulta pública para definir estos cambios. La realización de consultas públicas se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente en el diseño de políticas públicas. Su objetivo no consiste en sustituir las decisiones técnicas de la administración, sino en incorporar evidencia proveniente de quienes utilizan diariamente los servicios públicos. En este caso, los consumidores pueden aportar información sobre productos que actualmente no están representados, dificultades de uso de la plataforma o nuevas necesidades derivadas de cambios sociales y tecnológicos.
La consulta realizada por Udeco se complementó además con mesas de diálogo en las que participaron representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos, procurando enriquecer el análisis desde distintas perspectivas. Se ha vuelto una herramienta cada vez más utilizada ya que el crecimiento de los procesos participativos responde a una transformación más amplia en la gestión pública. Las políticas de Gobierno Abierto, promovidas internacionalmente por la Open Government Partnership (OGP) y adoptadas por Uruguay desde hace más de una década, impulsan mecanismos de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana como complemento de los procesos tradicionales de formulación de políticas. Las plataformas digitales han facilitado enormemente este tipo de consultas, permitiendo recoger aportes de un número significativo de personas con costos relativamente bajos y en plazos breves.
Naturalmente, estos mecanismos también presentan desafíos. Las respuestas obtenidas no necesariamente representan estadísticamente a toda la población y requieren posteriormente un proceso técnico de análisis y validación antes de traducirse en cambios concretos. Finalizada la consulta, la Unidad de Defensa del Consumidor elaborará un documento de sistematización que integrará tanto los resultados de la encuesta como los aportes surgidos de las mesas de diálogo.
Ese documento servirá como base para definir la actualización de la canasta de productos y las mejoras que se incorporarán a PreciosUy. Más allá de las modificaciones específicas que finalmente se adopten, el proceso pone de manifiesto la importancia creciente que adquieren las herramientas digitales de información pública y la participación ciudadana como insumos para mejorar las políticas públicas. En un contexto de cambios permanentes en los patrones de consumo y en las formas de comercialización, mantener actualizados estos instrumentos resulta clave para que continúen cumpliendo su objetivo principal: ofrecer información útil, transparente y accesible para los consumidores.
