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Política

Policía vieja

Megaoperativo “me hago cargo”: lo que el viento va a llevarse

El pasado martes 3 de marzo quedará como un día a ser recordado en la historia que algún día se escribirá sobre la gestión del nuevo ministro del Interior, Dr. Jorge Larrañaga.

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Se anunciaban “a viva voz” las nuevas medidas que se ejecutarían de forma inmediata para atender los problemas relacionados con los delitos.

Los titulares y portadas de los diarios citadinos brindaron ese día un insólito homenaje a los otrora “canillitas”, a los cuales sustituyeron con los “gritos y llamados” de sus tapas y titulares.

En dicha jornada se hizo público, además, el pedido del nuevo ministro del Interior al presidente Lacalle Pou con vistas a recibir los recursos financieros necesarios para incorporar cerca de 2.000 efectivos a la Guardia Republicana y 600 al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Una digresión: no atendamos a la chicana que el pedido esconde, tan solo recordemos que el número de efectivos para la Guardia Republicana se ajusta de la “a” a la “z” con las aspiraciones de Larrañaga durante su campaña “Vivir sin Miedo”.

Junto a esto se anunció, además, la denominada descentralización del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), generándose con dicho anuncio la falsa idea de que hasta entonces el PADO no estaba presente en otros departamentos además de Montevideo.

El argumento de la “descentralización” y la decisión de adjudicar a cada jefe departamental de Policía las potestades para un despliegue territorial y operativo del PADO, escondía además otra falsedad, la de la idea de que, en la gestión anterior, todas las decisiones con respecto al PADO se tomaban sin una clara y certera acción coordinada con los jefes de Policía de los diferentes departamentos del país.

El PADO, al concluir el período de gestión de Eduardo Bonomi, se encontraba presente en 11 departamentos del territorio nacional y su conducción estratégica, desde la Dirección Nacional de Policía, cargo que ocupaba Mario Layera luego del fallecimiento prematuro de Julio Guarteche; obedecía, en primer término, a una planificación estratégica nacional de las acciones policiales que, por primera vez en la historia de la Policía Nacional, concebían al país como un territorio íntegro e integrado a los análisis que se realizaban a nivel de Estado Mayor Policial.

Esta concepción de integralidad territorial significaba asimismo poner fin a la vieja concepción de un país concebido policialmente como si fueran “19 repúblicas policiales”.

Algo similar ocurría en el sistema penitenciario uruguayo, que solo pudo ser pensado como nacional el día en que se culminó la centralización del mismo en el INR, una vieja aspiración siempre postergada y que tuvo como primer exponente a Juan Carlos Gómez Folle.

La centralización del PADO obedecía en segundo lugar a la necesidad de asegurar efectividad en el uso y empleo de los recursos asignados para sus misiones, así como limitar, vía cadena de mando policial, cualesquiera de las múltiples discrecionalidades que alguna vez marcaron la pauta y el accionar de las acciones policiales en el interior del país.

Pero el 3 de marzo, junto a la avalancha de anuncios, claramente replicados por la prensa, se realizó el primer “megaoperativo” de la gestión del actual ministro.

Ese día, el recientemente nombrado jefe de Policía de Canelones, mediante un comunicado de prensa, anunciaba la “buena nueva”.

El comisario general (r) Victor Trezza, titular de la jefatura departamental de Policía en Canelones (había revistado antes en Maldonado, donde se produjo su retiro en 2017) calificó al operativo como “de alto impacto”, enfatizando esto al señalar la participación de 80 motos para el trabajo que se desplegaría por la Policía.

 

La situación delictiva en Canelones

Evitemos las especulaciones sobre por qué se elige Canelones como el territorio donde no solo se realiza el llamado “primer megaoperativo”, sino que además se le da amplia publicidad.

Concentrémonos en dos puntos, el primero y probablemente el más relevante es el de los datos existentes sobre lo que ocurre en materia delictiva en dicho departamento.

El segundo y menos relevante es el por qué se lo anuncia “con bombos y platillos”.

Con respecto al primero, veamos un resumen de los datos recientemente publicados por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.

Comencemos con los homicidios, en el año 2019, en Canelones, se produjeron 39 homicidios que representan casi el 10% de los homicidios cometidos en el país.

Con relación al año 2018, el departamento experimentó una variación porcentual de los homicidios de -23,52%, lo que indica una clara disminución de los mismos.

En siete años, 2013-2019, la media de homicidios del departamento fue de 34,42 homicidios por año, esta cifra sólo fue superada en 2018 y 2019, sin embargo no puede soslayarse el dato del importante decrecimiento de dicho delito en 2019 respecto a 2018 (-23,52%).

Las denuncias de rapiñas en Canelones disminuyeron en 2019 un 9,1% respecto a 2018 y representan el 12,4% del total de rapiñas denunciadas en todo el país.

Esta disminución de las rapiñas es compartida, además de Canelones, por Artigas, Colonia, Flores, San José, Soriano y Tacuarembó.

Un dato no menor, en tanto reafirma el carácter específico de las rapiñas en aquellos departamentos con características de alta urbanización similares a Montevideo y Maldonado, por ejemplo.

Las rapiñas en el departamento de Canelones efectuadas con armas de fuego tienen un comportamiento similar a las de Montevideo: 64% de las rapiñas en Canelones se realizan con armas de fuego y en Montevideo el guarismo es de 68%.

Con relación a los hurtos, los datos indican que en Canelones se concentran el 15,6% de los hurtos cometidos en el país.

EL comportamiento de los hurtos en 2019 respecto a 2018 verifica un decrecimiento del 7,6%.

Esta disminución se produce además en los departamentos siguientes: Montevideo, Artigas, Colonia, Durazno, Flores, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rocha, Salto, Soriano y Treinta y Tres.

Es decir, en 14 (73,68%) de 19 departamentos, los delitos de hurto disminuyeron en 2019 respecto a 2018.

Con relación a los robos de vehículos (motos, autos y otros) los datos del departamento señalan: en 2019 el 58% de los robos de vehículos corresponde a motos, el 29% a autos y un 13% a otros tipos de vehículos, datos que de alguna forma “espejan” en sentido inverso lo que sucede en Montevideo, donde el mayor porcentaje se localiza en autos (51%), seguido del robo de motos (31%)

Las motos hurtadas en el departamento de Canelones decrecieron un 5.9% en 2019 respecto a 2018 y hubo un ligero crecimiento (1,5%) del robo de autos.

Hasta acá los datos que describen la situación delictiva del departamento.

Las preguntas que se imponen son: ¿cuál es el objetivo de iniciar estos “megaoperativos” en un departamento cuyos resultados de trabajo se vienen caracterizando como positivos? ¿Para atender qué situaciones delictivas “urgentes” se eligió el departamento de Canelones?

Cuando se observa el modo en que se anuncia, y el silencio que siguió a la no proclamación de resultados, como era informado anteriormente en la gestión de Bonomi, la única conclusión posible es que este “megaoperativo” es de todo, menos policial.

Es un “megaoperativo” que debería llevar por nombre “vean que me hago cargo”.

La interrogante es de qué “me hago cargo” y la respuesta está a la vista: “Me hago cargo de responder al grito, no a lo que acontece”.

Pura cortina de humo ¿o debería decirse pura cortina de palabras? No importa, a ambas se las lleva el viento.