Por Martín Narbondo
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Hay tres factores principales a considerar en la evaluación de la situación económica nacional al finalizar el año: el crecimiento económico, el déficit fiscal, la deuda, y el nivel de reservas, a las que deben agregarse las consideraciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) –en la Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV de 2019, publicada el 17 de diciembre pasado– que cubren de elogios al Uruguay.
Crecimiento económico. Según el Informe Trimestral de Cuentas Nacionales / Julio-Setiembre 2019, publicado por el Banco Central del Uruguay (BCU): “En el tercer trimestre del año 2019 se registró un aumento de 0,9% en el Producto Interno Bruto (PIB) en términos interanuales. Con relación al trimestre inmediato anterior, en términos desestacionalizados, el PIB creció 0,6%”. Es previsible que ese crecimiento se mantenga o incremente en el cuarto trimestre del año, y para el año 2020 la consultora Cinve, cercana a CPA Ferrere, prevé un crecimiento de 2,5% del PIB (contra 1,7% de América Latina, ver El País del 16 de diciembre), cifra muy realista si tenemos en cuenta algunos precios de nuestra agropecuaria, la puesta en funcionamiento de la construcción de la planta de UPM II y del Ferrocarril Central.
Según el FMI: “El crecimiento se recuperará del 0,5% en 2019 al 2,1% en 2020 y al 2,5% en 2021”.
Ya nadie anuncia recesión, como lo hacía el canciller designado, Ernesto Talvi, ni menta la amenaza de las agencias calificadoras de crédito.
Reservas. Los Activos de Reserva del Banco Central del Uruguay ascendían el miércoles 25 a US$ 14.203 millones. El próximo gobierno llega bien tranquilo.
Déficit Fiscal. Según el informe Resultado del Sector Público No Financiero a octubre 2019, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas a fines de noviembre de 2019: “El resultado fiscal del Sector Público No Financiero se ubicó en -2,7% del PIB en los doce meses móviles cerrados a octubre 2019. Dicha cifra incluye los ingresos del Fideicomiso de la Seguridad Social (el referido a las devoluciones de las AFAPs por el retiro de los ‘cincuentones’), que representaron en el mes de octubre 1,4% del PIB, disminuyendo 0,8% del PIB respecto a lo observado el último mes”.
Vale decir que si consideramos el déficit fiscal, siguiendo los manuales del FMI como se hizo siempre, este se sitúa en 2,7% del PIB, y en 4,1% si descontamos el “efecto cincuentones”.
Como vemos, la situación no es terrible ni mucho menos, y ni compararla con las que viven la Argentina que dejó Mauricio Macri y el Brasil del no menos querido Jair Bolsonaro.
Mención aparte merece el informe del FMI.
El informe de la Misión del FMI
El informe anual del FMI sobre Uruguay, titulado Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV de 2019, publicado el 17 de diciembre pasado señala:
1. Uruguay se encuentra en una posición envidiable en muchos sentidos. El país tiene una democracia que funciona correctamente, estabilidad política, solidez en su gobernanza e instituciones, y un elevado grado de cohesión social. Tras década y media de crecimiento robusto, también goza de un elevado ingreso per cápita y bajas tasas de pobreza, desigualdad e informalidad. Gracias a la supervisión y la regulación prudencial, el sector financiero se mantiene resiliente a pesar de la volatilidad financiera en la región.
2. Pero han surgido desequilibrios y la situación externa sigue siendo un obstáculo. El crecimiento, la inversión y la participación laboral se ubicaron en una tendencia decreciente en los últimos años, y se acumularon desequilibrios internos (mayor déficit fiscal, aumento del desempleo). La deuda se incrementó y la inflación permanece fuera del rango meta. A su vez, la posición externa se ha mantenido robusta con el déficit en la cuenta corriente fluctuando alrededor de cero y con un colchón adecuado de reservas internacionales».
No obstante lo cual:
3. El entorno político y económico interno de los próximos años ofrece una oportunidad para abordar las dificultades económicas de Uruguay. El nuevo gobierno, que asumirá en marzo de 2020, gozará de su mandato electoral y de un impulso al crecimiento resultante de la construcción de la nueva planta de celulosa y de los proyectos de asociaciones público-privadas (APPs) venideros. Además, existe un consenso a lo largo del espectro político respecto de los principales desafíos”.
Al punto, señala el organismo multilateral que: “[Las nuevas autoridades electas] deberían reducir la deuda y llevar la inflación al punto medio del rango meta. También deberían aprovechar las fortalezas institucionales del país para profundizar la mejora de los marcos de la política fiscal y de inflación objetivo y para implementar reformas estructurales”, punto este último que siempre deja la puerta abierta –en los países subdesarrollados como el nuestro, no cuando el FMI informa sobre las potencias desarrolladas– para cambios rechazados por la población, como la privatización abierta o encubierta de las empresas y los bancos públicos, o reformas regresivas en la Seguridad Social.
Sin perjuicio de esta consideración, el FMI señala que: “Al mismo tiempo, las perspectivas han mejorado. El personal técnico del FMI proyecta que el crecimiento se recuperará del 0,5% en 2019 al 2,1 % en 2020 y al 2,5% en 2021, a medida que los proyectos de inversión avancen, lo que permitiría contrarrestar los efectos de contagio provenientes de Argentina. […] Se espera que la inflación se mantenga en torno al 8% el próximo año […] y se proyecta que la deuda (bruta) del SPNF (Sector Público no Financiero) aumente del 67% del PIB en 2019 al 68% del PIB en 2024”.
En función de estas consideraciones, el organismo multilateral de crédito recomienda las habituales políticas contractivas que suele aconsejar, reiteramos, a los países subdesarrollados y no a las potencias desarrolladas y mucho menos a las que forman parte del Directorio Ejecutivo.
En tal sentido, afirma que “es necesario introducir un plan de ajuste creíble a partir de 2020 para ubicar la deuda en una trayectoria firmemente descendente. De continuar las tendencias fiscales, podrían socavar la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los inversionistas. Dados los considerables riesgos a la baja, llevar la deuda en el mediano plazo a los niveles de 2012–14 (aproximadamente 10 puntos porcentuales del PIB por debajo del nivel actual) colocaría a Uruguay cómodamente en el rango de países con grado de inversión y restablecería el espacio requerido para hacer frente a futuros choques negativos sin poner en riesgo la sostenibilidad”.
No hemos visto en ningún Informe del Artículo IV que se recomiende bajar la deuda pública a Estados Unidos, China Popular, Rusia, Reino Unido, Alemania, Japón o Francia.
Así es el mundo definido en los Acuerdos de Bretton Woods en 1944 que dieron origen a estos diseños del FMI y del Banco Mundial: ancho y ajeno a los países en desarrollo. Vamos a ver cómo le va al FMI con Argentina.
Para ese ajuste fiscal, recomienda una combinación de medidas: “a. Un ajuste sostenible exigiría restringir el aumento del gasto corriente […] b. La inversión pública, que se encuentra en niveles bajos, debe preservarse […] c. Existe margen para reducir el gasto tributario –exenciones, tasas reducidas y créditos tributarios– que se estima representan casi el 7% del PIB”.
Pero la verdad siempre resplandece y así llegan consideraciones finales del FMI que hablan por sí solas: “El sector financiero se mantiene resiliente, pero persisten desafíos de mediano plazo. Gracias a la supervisión y regulación prudencial, el sector financiero de Uruguay resistió los episodios de volatilidad financiera de Argentina. Al mismo tiempo, la intermediación financiera en Uruguay es crónicamente baja, con elevados márgenes entre las tasas de captación y colocación. Además, los mercados de crédito se encuentran segmentados para préstamos en dólares y en pesos (con tasas muy elevadas para los segundos), lo que debilita la transmisión de la política monetaria. […] Las autoridades están dando los pasos necesarios para mantener la resiliencia del sector financiero. […] Uruguay tiene claras ventajas estructurales respecto de sus pares. El país goza de sólidas instituciones y gobernanza, una democracia que funciona adecuadamente, un alto grado de cohesión social, un fuerte compromiso con el libre comercio, y bajos índices de pobreza, desigualdad e informalidad. Sus ciudadanos gozan de una adecuada protección social, y sus derechos están debidamente protegidos. En términos generales, Uruguay es uno de los países con mejor desempeño en la mayor parte de los indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) (según el marco de medición de ESG para países del Banco Mundial)”.
Este es el Uruguay que, según el Fondo Monetario Internacional, lega la administración saliente a la administración entrante.
Ojalá se lo mejore o al menos se lo mantenga en sus condiciones actuales.
Como recordaba el contador: “los números no mienten, mienten los que hacen los números”.