No es cierto que los tupamaros (entre otros grupos subversivos de la década de los 60) se alzaron en armas contra una dictadura; pero tampoco es cierto que se hubieran alzado contra una democracia, a menos que, para considerar democrático un régimen, alcance con que permita elecciones cada pocos años.
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El huevo de la serpiente
Los gobiernos blanquicolorados de aquella época tenían a la mayoría de la sociedad sumergida en la pobreza, mientras los corruptos políticos vivían en la opulencia. La oligarquía uruguaya dominaba, cual maquiavélico titiritero, a los medios de comunicación más poderosos y a la mayoría de senadores, diputados y ministros. Mientras los integrantes de aquel sistema delictivo se hacían millonarios, a los niños huérfanos los tiraban en el Consejo del Niño, a veces con adolescentes violadores; la Policía picaneaba sin problema y las comisarías eran verdaderos centros de tortura, no clandestinos, sino públicos. 500 familias eran las dueñas del país. Los trabajadores rurales eran explotados descaradamente y, aun en las ciudades, era común pagar por debajo del salario mínimo nacional. Quienes querían acceder a una jubilación, pensión o empleo público, tenían que arrodillarse ante algún político blanco o colorado y comprometer militancia y voto, prostituyendo su conciencia cívica.
Difícilmente los hijos de un trabajador pisaban una universidad, situación que fue revertida radicalmente entre 2005 y 2020. Con Lacalle II, hay un fuerte intento de volver a aquella época. Se recortan horas docentes, grupos y cursos. Como indica el diputado Sebastián Sabini, hay centros educativos privados en que los estudiantes concurren todos los días, mientras que la mayoría de los estudiantes de educación pública están concurriendo dos o tres veces por semana, lo cual amplía la brecha.
En aquella época dorada para la derecha, no existían figuras como las del acoso sexual y laboral ni de responsabilidad empresarial. Los patrones gritaban, humillaban, basureaban y despedían a gusto, y en esto, las mujeres se llevaban la peor parte.
Lavar dinero y evadir era muy sencillo; pero el Frente Amplio se los complicó. La coalición multicolor ya está revirtiendo eso rápidamente. Por un lado, el BPS resolvió el 5 de agosto que “no es su competencia asegurar de oficio el cumplimiento de los laudos de los Consejos de Salarios vigentes”. El próximo paso es eliminar controles bancarios.
El suprapoder perdió el control del país desde 2005 a marzo de 2020. Fuera de ese lapso, y dejando de lado los dos gobiernos de José Batlle y Ordóñez, los gobernantes de turno son solo alfiles de la oligarquía.
El candidato, para ganar, necesita dinero. Quien se lo dé, será su dueño, amo y señor. Ya será devuelto el favor, cuando acceda al cargo, de múltiples maneras: licitaciones amañadas, compras directas, acomodo de sus familiares en el gobierno, rebaja del salario real de los funcionarios públicos (lo cual termina afectando, por la ley del mercado, el salario de los privados), rebaja de impuestos para el sector de quien invirtió en el candidato, poner a los policías en contra de los trabajadores, reprimir protestas, etcétera.
Los grupos subversivos, que tal podredumbre política generó en aquella década, fueron la excusa ideal para aumentar la represión derechista y justificar el golpe de Estado de 1973 protagonizado por Juan María Bordaberry con la autoría moral de la Casa Blanca, que con el cuento de salvarnos de una dictadura comunista plagó de dictaduras derechistas a casi toda América Latina.
Los oficiales de las Fuerzas Armadas le dieron una patada en el trasero al presidente colorado (12 de junio de 1976) y tomaron el poder total con civiles títeres como el también colorado Alberto Demichelli y el blanco Aparicio Méndez.
Lo que tuvimos fue una dictadura militar-blanquicolorada.
Las Fuerzas Armadas traicionaron a la patria y usaron su poder para torturar salvajemente, asesinar, violar, secuestrar niños y robar, entre muchos otros crímenes. La Policía nacional se puso de rodillas ante el poder militar y colaboró con crudeza en la tarea de represión. Con la excusa de combatir a la subversión, destruyeron la vida a miles de compatriotas que nada tenían que ver con aquella. Se torturaba hasta por las dudas y por placer. Ser sindicalista, frenteamplista, manifestar a favor de la democracia o criticar al gobierno era más que suficiente para ser considerado un terrorista. Si un militar o policía te trataba mal y protestabas, terminabas en un calabozo, algo que la LUC de Lacalle II acaba de legitimar. Hace pocas semanas vimos cómo unos policías se llevaban detenida a una joven por filmar mientras pateaban a un indigente. La detención arbitraria ameritaría que los policías fueran dados de baja y el ministro destituido; pero estamos bajo un régimen herrerista.
La revisión propuesta por el general Fregossi parece honesta; pero la versión que pretende imponer el ministro de Defensa la transforma en restauración. Javier García, al invitar a los tupamaros a hacer su mea culpa, intenta imponer la teoría de los dos demonios: la dictadura vino porque los tupamaros tiraron la primera piedra; fue un problema generado por ambos bandos… y los blancos y colorados no tuvimos nada que ver.
Hay que ser muy imbécil para caer en una trampa tan burda. Los blancos y colorados (no todos) tuvieron mucho que ver. En primer lugar, porque la manera en que explotaban a su propio país fue el origen de todo. En segundo lugar, porque varias de sus figuras más emblemáticas colaboraron con la dictadura y, cuando retornó la democracia, aseguraron la impunidad de los violadores de derechos humanos con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, dictada en 1986. Julio María Sanguinetti pagó así el apoyo de las Fuerzas Armadas a su candidatura presidencial, incluso, incumpliendo el artículo 4to. de dicha ley, que exigía el esclarecimiento de detenciones, desapariciones y secuestro de menores en operaciones militares o policiales.
El apoyo castrense se dividió entre el ya senil Jorge Pacheco Areco, con pocas posibilidades, y el verborrágico Sanguinetti. En las escuelas militares y policiales se permitía entrar a voceros colorados para hacer campaña a favor de sus líderes y el civil más militar que ha conocido nuestro país, Pablo Millor, recorría cuarteles haciendo discursos no solo para militares, sino también para los policías que le llevaban en camiones, violando la Constitución. Por supuesto que el tema central era el comunismo. Millor no decía tres palabras sin mencionarlo. Antes de ser diputado y senador, formó parte del Consejo de Estado de la dictadura y usó toda su habilidad como orador para defenderla. En cuanto a su líder supremo, Jorge Pacheco Areco (presidente entre 1967 y 1972), fue embajador de la dictadura en España, Suiza y Estados Unidos).
Invitados con amnesia
La pregunta que le haría al ministro de Defensa es, si aparte de invitar al MLN-T para que reconozca sus errores, va a extender tan gentil invitación al Partido Colorado (y muy especialmente a Julio María Sanguinetti), a su propio partido (y muy especialmente al herrerismo, que detestaba a Wilson Ferreira Aldunate) y al órgano de prensa oficial de la dictadura, el diario El País.
Si ellos no participan, la discusión carece de sentido. Blancos y colorados han sido los que formaron ideológicamente a las Fuerzas Armadas. La doctrina de Seguridad Nacional no fue más que un embarazo no querido, una criatura monstruosa no reconocida por aquellos.
El diario El País (oficialista siempre que no gobierne la izquierda) celebraba cada una de las clausuras de Pacheco Areco a medios opositores, y es que, aunque el medio fuera blanco, apoyaba a aquel hombre de pocas luces, así como apoyó luego a la dictadura. En su editorial del 21 de julio de 1974, quedó grabada para la posteridad su complicidad con el régimen criminal: “El concepto de seguridad y de visión de lo ocurrido entre nosotros a lo largo de muchos años es lo que justifica, jurídica e históricamente, la participación que hoy tienen las Fuerzas Armadas en la vida nacional y sus nobles y elevados objetivos”.
Federico Fasano ha rescatado del olvido otras joyas editoriales de El País: “No compartimos la tendencia a sobreestimar las virtudes de la estricta institucionalidad democrática-republicana.” (11 de junio de 1976).
* “¿Cómo explicar a nuestros jóvenes el proceso que vivimos, la suspensión de algunos principios constitucionales y la decisión de construir una democracia superior a la que fue abatida por la sedición? ¿Cómo convencerlos que las Fuerzas Armadas no salieron a la calle para dar su cuartelazo sino como último recurso, reclamado por la ciudadanía sana del país para salvar la esencia misma de nuestro sistema?” (24 de junio de 1976). * “…abandonaron los cuarteles, no impulsados por bastardas ambiciones de poder, sino cediendo al imperativo de librar a la Nación de la inminente amenaza del caos y de la ruina”. 21 de agosto de 1979.
* “Se explica y justifica que el gobierno del general Videla no haya establecido fecha ni plazo para dar por terminada su misión. No se puede abandonar la tarea emprendida sin antes estar absolutamente seguro de que los profundos males que carcomen a la sociedad han sido radicalmente extirpados. De no actuar así se estaría ante un caso de irresponsabilidad histórica y de pusilanimidad personal. (…) La hora para el descanso no ha llegado todavía”. 27 de agosto de 1976.
* “En caso de que prospere en la Asamblea de la OEA la tendencia a juzgar la pureza, desde el punto de los Derechos Humanos, de los regímenes que más contribuyeron a la proscripción del totalitarismo marxista en América, se habrá consumado una de las mayores sinrazones en la historia de la organización, como instrumento de unidad y de promoción de la democracia en el Continente”. 23 de junio de 1978.
* “De ahí han surgido las versiones de que en el Uruguay soportamos una de las dictaduras más crueles y repugnantes de América Latina, burda especie a la que se procura dar patente de verdad en el exterior por medio de datos estadísticos ridículos sobre uruguayos asesinados, presos, torturados o forzados a abandonar el territorio nacional”. 27 de junio de 1978.
Uno de los directores de este diario integró el Consejo de Estado de la dictadura, con lo cual queda todo dicho; al margen de los créditos multimillonarios y prebendas con que el régimen retribuyó su complicidad.
Por esto y mucho más, lamento ser aguafiestas, pero no me trago esta pastilla. Los milicos seguirán pensando que tenían derecho a pasarles por arriba a sus compatriotas y blancos y colorados continuarán lavándose las manos.
No te creo, Javier. No te creo ni una palabra.