Monedas en la cartera de la ministra de vivienda

La judicialización sobre estos asentamientos, puso de nuevo el tema en el tapete de la opinión pública.

Sobre fines de junio los vecinos de ambos asentamientos se movilizaron frente a Torre Ejecutiva y el presidente Lacalle recibió en plena plaza Independencia una carta con las reivindicaciones. Dos días después llamó telefónicamente a una de las voceras de los vecinos del barrio Nuevo Comienzo y pocas horas después comunicó vía Twitter la propuesta de incluir un fideicomiso para realojo y regularización de asentamientos en el proyecto de Rendición de Cuentas.

De no ser por que no hay pruebas que demuestren que los vecinos se movilizaron a solicitud del presidente, la sucesión de hechos parece responder a un guion previamente escrito.

De más esta decir que los vecinos de Nuevo Comienzo quedaron llenos de esperanzas y expectativas; por un lado disfrutan del aplazamiento de los procesos judiciales que implicaban procesamientos y desalojos y, aunque no está tan claro, se imaginan entre los beneficiarios del fideicomiso.

Un dato al margen, si la solución para estos vecinos se concreta mediante esa propuesta, es el papel que juega el dueño de los terrenos, el empresario de logística portuaria Eduardo Napoli, que tiene un proyecto de una playa de contenedores cerca del puerto Puntas de Sayago y sus vínculos con el gobierno. En ese caso la solución pasaría por un realojo, con todo lo complejo que ese proceso representa, romper la red social que se establece en la comunidad.

 

La guiñada a Cabildo Abierto

Para muchos referentes de la oposición y algunas voces susurrantes de la coalición que Caras y Caretas consultó, la propuesta de fideicomiso tiene el objetivo de “tirarle un hueso” a la ministra de vivienda que viene remando en una cartera desfinanciada en el medio de un malestar social generalizado y creciente con la situación de los asentamientos nuevos que surgen, los barrios que siguen sin ser regularizados y la no adjudicación de préstamos para las cooperativas de vivienda.

Solo en Montevideo 928 familias siguen esperando por los realojos prometidos por el Ministerio de la cabildante Irene Moreira, que en coejecución con la Intendencia de Montevideo ya deberían haber sido realizados. Al tiempo que estas familias se sienten olvidadas por las autoridades, la suspensión de los proyectos puede traer consecuencias legales a la comuna

Las obras detenidas, además, tienen otro efecto complejo; muchas de las empresas que vieron detenidos los trabajos por falta de financiación, se retiraron de las obras y algunas iniciarán acciones legales por el no cumplimiento de los plazos. Muchas además empezaron a licitar fuera del país, con lo cual los costos para volver a contratarlas es de esperar sea bastante importante como para colmar sus expectativas.

A principio de la gestión, por los recortes presupuestales el ministerio debió no actualizar el contrato del 40% de sus técnicos del Programa Mejoramiento de Barrios, que fue incluso motivo de tensión entre Cabildo Abierto y el herrerismo.

En la votación del presupuesto quinquenal, Luis Lacalle Pou se reunió con el senador Guido Manini Ríos y discutieron el destino que tendría el Programa de Mejoramiento de los Barrios (PMB).

El presidente pretendía que ese programa, que existe desde hace años y apunta a regularizar los asentamientos, estuviera en Presidencia. Cabildo Abierto, por su parte, insistió y logró que siga bajo la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que conduce Irene Moreira.

Mas acá en el tiempo, Lacalle designa como nueva directora de la Dirección Nacional de Integración social y Urbana (Dinisu) a Florencia Arbeleche, arquitecta de 45 años, hermana de la ministra de Economía y persona de confianza de Lacalle Pou.

En el momento en que se discutió la creación de la Dinisu no solo CA se mostró disconforme, el Partido Colorado también presentó sus críticas. Adrián Peña, actual ministro de Medio Ambiente, dijo que la nueva dirección tenía muchas competencias y que de esa forma se “vaciaba” al MVOT.

Sin embargo, apagando las brasas, el diputado Raúl Lozano dijo a radio Sarandí que se espera que con esta designación se mejore el relacionamiento con el gobierno, “en el sentido de ir más rápido encontrando soluciones de vivienda y que los recursos aparezcan en la medida que la ministra y su equipo lo están necesitando”.

“Hoy por hoy los recursos no sobran, por lo tanto la administración de los mismos es muy importante”, indicó. “Este nombramiento quiere decir que se le da prioridad a la vivienda”.

Para completar el panorama, el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, había declarado al El Observador, que erradicar los 600 asentamientos implicaría una inversión de 2.000 millones de dólares y eso supera a cualquier gobierno.

La señal desde Torre Ejecutiva no podía ser más oportuna y los intentos frustrados por parte de Caras y Caretas de recibir los comentarios de la diputada Elsa Capillera, presidenta de la Comisión de Vivienda de Diputados e integrante de Cabildo Abierto y la ministra Irene Moreira de su mismo sector, llamadas a silencio al menos con este medio, permiten abonar la teoría del mensaje político.

 

Moneditas

El fideicomiso propuesto implicaría, aunque falta definir aspectos del mismo, que se financia con parte del presupuesto del Instituto Nacional de Colonización, unos 20 millones de dólares.

La exdirectora del PIAI y actual diputada integrante de la Comisión de Vivienda de Diputados, Susana Pereyra, en diálogo con Caras y Caretas expresó que por ejemplo “regularizar el asentamiento El tobogán en el oeste de Montevideo lleva esa plata [20 millones de dólares], o que hace 14 años, regularizar Cerro Norte supuso 9 millones de dólares”.

Planteó su preocupación porque los fondos obtenidos para el fideicomiso impliquen desfinanciar al Instituto Nacional de Colonización (INC) y que en el mensaje de Rendición de Cuentas se agregue un artículo en el inciso vivienda que reduce la superficie habitacional de 32 metros cuadrados a 25 metros cuadrados.

Recordó que en la votación del presupuesto quinquenal se votó un fideicomiso que apuntaba a sectores de clase media que nunca se ejecutó por que las AFAP, además, mostraron sus temores a embarcarse en el proyecto.

En el mismo sentido se expresó la diputada Lucía Etcheverry, exdirectora nacional de Vivienda entre 2010 y 2016; haciendo un cálculo basado en el Reglamento Operativo del Programa de Mejoramiento de Barrios, que en 2019 implicaba calcular unos 570.000 pesos por lote, se podría hablar de un costo de 8 millones de dólares en asentamientos que reunieran esas condiciones, por lo que con suerte podrían entrar tres asentamientos.

“El proceso de regularización y aún de realojo es un proceso complejo”, explicó a Caras y Caretas. “Llevando el proceso de licitación lo más aceitado posible, el mismo implica un mínimo de 18 meses por lo cual los asentamientos seleccionados podrían aspirar a que las obras comenzaran en febrero de 2023 si fueran seleccionados en julio de este año. Pero lo otro complejo es que para no todas las empresas construir barrios en asentamientos es tentador. Además los asentamientos tienen vida dinámica, cambian sus integrantes, se mueven los lotes y eso hay que imaginarlo solo en el proceso del llamado a licitación de 18 meses”. Cuando conoció la propuesta tuiteó desde su cuenta : “Avanzar más rápidamente, asumieron y pararon obras por falta de recursos. Crearon cargos y una nueva dirección nacional que en un año y medio no existió. ¿La razón era el financiamiento? ¿Tanto tiempo sin hacer nada y esta es la explicación? ¡Desidia y poco apego a la gestión!”.

El diputado Daniel Caggiani a minutos de conocerse el anuncio se refirió al tema: “El acceso a la tierra y la vivienda es un problema serio y estructural de nuestro país que no se soluciona con curitas ni vistiendo un santo para desvestir a otro. Menos enfrentando a pobres del campo con la ciudad. ¿Cuándo y con cuánto aportan los ricos del Uruguay para esto?”.

Fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda expresaron a Caras y Caretas que es “difícil promediar porque hay muchas variables (propiedad de la tierra, infraestructura, acompañamiento social, etc.). Como dato, un realojo recién firmado en Soriano para 110 familias tiene un costo aproximado de seis millones de dólares”.

Las mismas fuentes expresaron que reconociendo que la partida financiera aún no definida del todo es insuficiente para la realidad que el organismo debe enfrentar solo en el tema asentamientos, es más dinero que lo que se le había asignado antes.

 

Pobres contra pobres

Desde el INC las voces que plantearon su preocupación por la forma de financiamiento también se han expresado.

Los funcionarios del instituto, organizados sindicalmente en Afinco, mediante comunicado público manifestaron que “sin dudas la situación de los miles de compatriotas que viven en los asentamientos es una circunstancia que debe ser atendida sin más demora. Pero hacerlo a costa de la política de tierras es atacar las consecuencias del problema agravando las causas. De esta manera el costo del mejoramiento en las condiciones de vida de los uruguayos y uruguayas que viven en los asentamientos será a costa de los trabajadores y trabajadoras rurales que, al no conseguir oportunidades en el medio rural, deberán migrar a las ciudades reproduciendo el problema”.

El director frenteamplista del INC Andrés Berterreche expresó que el instituto “se va a quedar sin recursos para comprar tierras, lo que significa que no va a atender la demanda de tierra de los productores familiares que aún siguen necesitando ni para las familias que necesitan aumentar su superficie para mejorar sus ingresos y mantenerse en el campo. A los llamados del INC se presentan más de 1.000 familias por año”.

La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) también se refirió al respeto. “Nuestra más profunda solidaridad por el proceso de marginación que viven pobladores de asentamientos, problemática social dolorosa que debe resolverse, compuesta por vecinos provenientes, muchos de ellos, del propio éxodo rural que, expulsados de su territorio, van a engrosar sin más remedio los cinturones de las ciudades. Se pretende convertir una política social justa en una guerra por migajas entre pobres de la ciudad que no tienen techo contra pobres del campo que no tienen tierra para trabajar, enfrentando vecinos contra paisanos de a pie, pero resguardando las grandes fortunas del país, a los “mallas oro”, sin afectar el capital para solucionar los problemas de nuestro pueblo”.

También la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) rechazó la propuesta considerándola “fuegos de artificio”.

Artículos en la Rendición de cuentas

ARTÍCULO 208.- Autorízase al Poder Ejecutivo a constituir un Fideicomiso de Administración, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003 y su respectiva reglamentación, así como la celebración del correspondiente Contrato de Fideicomiso a otorgarse (en adelante, «el Fideicomiso»), el cual se denominará «Fideicomiso Integración Social y Urbana», y tendrá como objeto el financiamiento de los programas de integración social y urbana de los barrios en situación de vulnerabilidad con especial énfasis en el acceso a una vivienda digna de personas en situación de contexto crítico. Estos programas, así como cualquier otro de similares características que se procure llevar adelante, serán diseñados y ejecutados por parte de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

El «Fideicomiso Integración Social y Urbana» tendrá por fideicomitentes al Poder Ejecutivo, actuando a través de los Ministerios de Economía y Finanzas (MEF), de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), mientras que el Beneficiario Final será el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El «Fideicomiso Integración Social y Urbana» será administrado por un fiduciario financiero profesional, el cual será seleccionado de acuerdo con lo previsto en los numerales 1) y 35) del literal D) del artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 314 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020.

Autorízase a los Ministros de Economía y Finanzas (MEF), de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), a otorgar en representación del Estado el Contrato de Fideicomiso, conjuntamente con el fiduciario a contratar.

ARTÍCULO 209.- El «Fideicomiso Integración Social y Urbana» se financiará con la transferencia del 100% (cien por ciento) de lo recaudado por el Impuesto Adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales sobre los inmuebles rurales, creado por el artículo 1º de la Ley Nº 18.064, de 27 de noviembre de 2006, y la Sobretasa del Impuesto al Patrimonio, dispuesta por el 108 artículo 54 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el artículo 17 de la Ley Nº 19.088, de 14 de junio de 2013.

Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las transferencias mensuales correspondientes al «Fideicomiso Integración Social y Urbana», de la totalidad de los importes indicados en el inciso anterior.

El Poder Ejecutivo también podrá disponer otros eventuales nuevos aportes al referido Fideicomiso.