El exjefe de Estado llegó este martes a los tribunales federales de Buenos Aires en el barrio de Retiro sobre las 10.00 y se retiró una hora y media después.
Fernández también apuntó contra la madre de Yáñez, Miriam Verónica Yañez, y contra la esteticista que declaró en la causa, María Florencia Aguirre, a las que acusó de faltar a la verdad en sus respectivos testimonios.
El juez Ercolini tendrá ahora que definir si procesa al expresidente, si dicta su falta de mérito o lo sobresee.
El expresidente peronista se presentó ante el magistrado tras la suspensión de dos convocatorias previas: la primera estaba prevista para el 11 de diciembre, y luego se postergó para el 19 de ese mes.
Fernández había solicitado la remoción del magistrado por supuesta parcialidad, pero un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, rechazó las apelaciones de Fernández y ratificó al juez al frente del caso.
Fernández, acusado de agresiones psicológicas y físicas
En el marco de una disputa judicial que comenzó con la denuncia de Yáñez por violencia de género contra su expareja, un juez argentino, Christian Brandoni, le prohibió a comienzos de enero tener cualquier tipo de comunicación con el exmandatario por un plazo de 90 días, salvo lo referido a la patria potestad de su hijo en común.
El magistrado adoptó esta resolución en el marco de una denuncia por presunto hostigamiento presentada por Fernández contra su expareja en la que también reclama la restitución inmediata de su hijo Francisco, de dos años, que se encuentra en Madrid junto a su madre.
El exjefe de Estado está acusado de infligir a Yáñez agresiones psicológicas y físicas durante al menos ocho años, las cuales le provocaron "secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud", de acuerdo a la resolución judicial.
Desde 2016 y hasta el 6 de agosto de 2024, fecha en que Yáñez interpuso la denuncia contra el expresidente, "el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez", consigna la resolución de Ercolini.
Esa violencia se tradujo en distintas formas de "acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad", consideró el juez.
Una vez fue electo para ser presidente, continuó e incluso escaló la violencia física, "más precisamente después de haber quedado aquella embarazada (hacia fines de julio-principios de agosto del 2021), en forma de agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada".
Pese a que al final de su mandato presidencial Yáñez se había trasladado a la habitación de huéspedes dentro de la residencia presidencial, situada en la localidad bonaerense de Olivos, la violencia se hizo recurrente en la modalidad del golpe a mano abierta, reseña la resolución en sintonía con lo que indicó el fiscal del caso, Ramiro González.
El exmandatario también coaccionó a su entonces pareja para no ser denunciado, fuera de forma directa o a través de terceras personas, bajo la promesa de que no le faltaría nada ni a ella ni a su hijo, y con la amenaza de que caso contrario, la iba a "arruinar y a hacer cualquier cosa en su contra".
El fiscal González había solicitado la indagatoria de Fernández el 4 de noviembre por los delitos de lesiones leves y agravadas y coacciones, que pueden conllevar una pena de hasta 18 años de prisión.
El exjefe de Estado también está imputado en otra causa que investiga las intermediaciones que hubo con la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su gestión.
