Trabajadores desconfían
La respuesta del gobierno fue anunciar la abrogación “derogación” de la ley de tierras, lo que fue considerado como una trampa por las organizaciones populares, mientras profundizaba la represión e involucraba a las Fuerzas Armadas en operativos para levantar los bloqueos. La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna exige según la Constitución boliviana que se decrete Estado de Excepción y que la Policía este desbordada, nada de esto ha sucedido.
Organizaciones populares han denunciado que Paz Pereira viola la Constitución y que Bolivia vive un Estado de Excepción de facto.
Ni con el despliegue militar, el uso de gas lacrimógeno y balas de goma, el gobierno ha logrado contener las protestas. Los militares enfrentan una fuerte resistencia popular, que mantiene los bloqueos, sobre todo en La Paz y en El Alto.
Las movilizaciones, por diferentes demandas y con diferentes protagonistas, carecen de una dirección única, pero las asambleas son diarias y allí se toman las decisiones, la COB, otros sectores y centrales sindicales, la CSUTCB, la Federación Tupaj Katari, los movimientos campesinos e indígenas han realizado pronunciamientos favorables a la unidad.
Evo respalda movilizaciones
En medio de esta situación el ex presidente Evo Morales denunció en sus redes sociales y en una entrevista concedida al diario argentino Página 12 que estaría en marcha un operativo para detenerlo y secuestrarlo, con participación de la DEA y EEUU.
Morales recibió una oferta del gobierno para negociar el levantamiento de los bloqueos. Morales explicó que los bloqueos no los convocó ni decidió él, que son decisiones de la COB, el movimiento indígena y campesino.
Varios medios se hacen eco de versiones de una inminente declaración de Estado de Sitio, lo que llevaría la represión a una nueva escalada. La Constitución boliviana prevé que en caso de renuncia del presidente asume el vicepresidente, quien debe convocar a elecciones en 90 días.
Las derechas se unen
La situación tiene un componente internacional, el gobierno ultraderechista de Javier Milei, envió aviones con ayuda alimentaria al gobierno de Paz Pereira, arguyendo que se trataba de un apoyo humanitario para enfrentar las consecuencias de los bloqueos.
Paralelamente, hubo un pronunciamiento de varios gobiernos de la región apoyando a Paz Pereira e insólitamente denunciando un supuesto intento de golpe de Estado. Firmaron la insólita declaración ocho países: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Quienes rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad”.
(Tomado de El Popular)
